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Hacienda enfría la posibilidad de crear un fondo para las comunidades infrafinanciadas

María Jesús Montero pide “dejar a un lado las posiciones maximalistas de cada territorio” ante la reforma de la financiación autonómica y anuncia que a partir de febrero abordará con las comunidades la quita de deuda

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en la Comisión de Hacienda del Congreso este miércoles.
La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en la Comisión de Hacienda del Congreso este miércoles.FERNANDO ALVARADO (EFE)
Laura Delle Femmine

María Jesús Montero tiene por delante una agenda muy densa. El primer reto es alumbrar unos Presupuestos “a la mayor brevedad posible”, ha asegurado este jueves la ministra de Hacienda y vicepresidenta del Gobierno. Lo ha hecho durante su comparecencia en la Comisión de Hacienda del Congreso de los Diputados, en la que ha explicado la hoja de ruta de su departamento para la legislatura. Otro gran desafío es la reforma del sistema de financiación autonómico. En este sentido, ha subrayado la necesidad de “dejar de un lado las posiciones maximalistas de cada territorio”, y a la vez ha enfriado la posibilidad de crear un fondo temporal que compense a las regiones infrafinanciadas. Este asunto volvió ayer a la primera línea del debate político tras una reunión informal entre los líderes de Murcia, Comunidad Valenciana, Andalucía y Castilla-La Mancha.

Estos territorios tienen una financiación por habitante inferior a la media, y sus líderes se reunieron el miércoles justo para abordar el asunto. La sorpresa fue que a los barones del PP, que exigen un fondo que compense la insuficiencia de recursos, se sumó el presidente de Castilla-La Mancha, el socialista Emiliano García-Page, quien dijo que le da “lo mismo” coincidir en esta demanda con presidentes que sean de otro partido ya que él trabaja para su tierra.

“En el Consejo de Política Fiscal y Financiera que se celebró hace unos meses, ante la petición de algunas comunidades autónomas, yo planteé esta cuestión, y el conjunto de comunidades autónomas dijo que no. Y, por tanto, es fácil ponerse de acuerdo con el que piensa igual. Lo que es difícil es ponerse de acuerdo con el que piensa distinto”, ha zanjado Montero antes de la comparecencia, preguntada sobre si los Presupuestos podrían incorporar un fondo de nivelación. Manifestó, por otro lado, que le “gustaría conocer” la posición del PP sobre la reforma del modelo de financiación, una cuestión que retomó después en la comparecencia, en la que tuvo un tono bronco tanto con el portavoz de Vox, Pablo Sáez, como con el del PP, Pedro Puy.

“Hay que recordar que el modelo de financiación es una ley orgánica que requiere del consenso parlamentario en esta cámara”, ha dicho en alusión a un acuerdo con el PP al margen de las comunidades. “¿Cuál es la posición del PP? Yo escucho 17 posiciones distintas sobre cómo tiene que pivotar la financiación”, ha contestado al diputado popular. “Pero el PP tiene que votar en la cámara la reforma del modelo. El señor Sánchez, que sabe la complejidad que tiene esto, le propone un grupo de trabajo entre el PSOE y el PP porque queremos con ustedes reformar el sistema, porque gobiernan ustedes y nosotros de forma alternante en la mayoría de las comunidades. Es decir, los dos partidos más interpelados por la reforma. Y sin embargo ustedes no han querido”.

La reforma del sistema de financiación es un asunto que lleva una década pendiente y uno de los más endiablados. El Gobierno se ha comprometido a abordarlo en esta legislatura, aun sabiendo que la aritmética parlamentaria no le da mucho margen. Depende de los votos de los partidos catalanes, que están sacando las garras para obtener ventajas a cambio de su apoyo. La mayoría de las comunidades, además, están gobernadas por el PP, y nunca se ha logrado renovar el modelo con el Gobierno central de un color y las autonomías de otro. Tampoco se puede dar por sentado que los barones del PSOE apoyen la propuesta de reforma que pueda avanzar Sánchez.

Montero también ha anunciado que han empezado las rondas de contactos con los grupos parlamentarios para negociar los Presupuestos, y que a partir de febrero se reunirá con las comunidades para abordar la quita de parte de la deuda autonómica acordada con ERC y extendida al resto de territorios, otro asunto que crea fricciones. “No es una condonación, es una asunción de la deuda por parte del Estado”, ha remarcado la ministra, quien ha subrayado que el objetivo último es que las comunidades suelten lastre para volver a financiarse en los mercados.

Medidas fiscales

El anterior Gobierno de Pedro Sánchez también se dejó en el tintero la reforma del sistema tributario, comprometida con Bruselas y por la cual se constituyó un comité de expertos que confeccionó una amplia lista de recomendaciones reunidas en el libro blanco presentado en marzo de 2022. El documento sigue en un cajón y el Ejecutivo solo ha aprobado medidas puntuales, alegando que el deterioro del panorama económico por la covid y la crisis energética obligaban a aplazar la revolución fiscal que pretendía acometer.

Montero ha asegurado que el Ejecutivo seguirá vigilando la evolución de la inflación por si fuera necesario aprobar más ayudas —”el Gobierno adoptará las medidas necesarias”—, y ha sacado pecho de la reducción del déficit y la deuda desde los máximos alcanzados en pandemia, asegurando su compromiso con la consolidación fiscal. En cuanto a los objetivos presupuestarios, ha vuelto a recordar que si el PP bloquea la senda en el Senado —un trámite necesario para aprobar los Presupuestos— entrarán en vigor unas metas más duras para las comunidades: “Se echan ustedes piedras en el tejado porque tienen menos capacidad de gasto”.

También ha anunciado que España recibirá 1.383 millones de euros de la prefinanciación de la adenda del Plan de Recuperación y que hay conversaciones con las autoridades europeas sobre el cuarto desembolso, puesto en peligro después de que el Congreso tumbara el decreto que reforma el subsidio de paro. Montero ha añadido que los Presupuestos incorporarán la adecuación del IRPF al salario mínimo, que se mejorará la fiscalidad de autónomos y pymes para fomentar la transición digital, se propondrá un acuerdo de Estado contra fraude fiscal, y se convertirán en permanentes los gravámenes a banca y energéticas. Hacienda también pondrá en marcha una herramienta para que se sepa a qué se destinan los impuestos, reforzará la atención telefónica de la administración tributaria y simplificará su comunicación, un proceso ya en marcha.

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Sobre la firma

Laura Delle Femmine
Es redactora en la sección de Economía de EL PAÍS y está especializada en Hacienda. Es licenciada en Ciencias Internacionales y Diplomáticas por la Universidad de Trieste (Italia), Máster de Periodismo de EL PAÍS y Especialista en Información Económica por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo.

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