El Estado asumiría de 50.000 a 72.000 millones de deuda para extender la quita prometida a Cataluña a otras comunidades

La promesa de condonar 15.000 millones de deuda a Cataluña supone que el Estado tendría que asumir en total un pasivo extra de entre 49.720 millones y 71.730 millones. Ese es el cálculo que la agencia de calificación S&P Global Ratings (históricamente conocida como Standard & Poor’s) ha realizado a partir de cuatro escenarios distintos. Todos ellos satisfacen las principales premisas del acuerdo de investidura que firmaron el pasado noviembre el PSOE y ERC: además de la cantidad pactada, la quita sería extensible al resto de territorios del régimen común (País Vasco y Navarra quedan fuera por tener haciendas propias) y se basaría en el impacto que tuvo la crisis financiera de 2008 sobre las cuentas públicas entre ese año y 2014.

Pero en función de la fórmula escogida, el análisis deja claro que la situación final sería muy diferente. Y no solo por la cantidad de deuda que el Estado asumiría —en realidad, no son nuevas obligaciones, sino un cambio de titularidad—, también por las comunidades que saldrían más o menos beneficiadas. Para Cataluña la decisión sería neutra porque se parte de la base de que siempre obtiene una quita de 15.000 millones (la cantidad pactada entre PSOE y ERC). Pero no es lo mismo para el resto que esta se calcule puramente como un porcentaje de la deuda acumulada (escenario uno) que como un porcentaje del déficit autorizado sobre el PIB regional (escenario cuatro).

La primera hipótesis es que a todas las comunidades se les condonase un 30% de la deuda que acumularon entre 2008 y 2014. Extrapolar ese mismo porcentaje al resto de territorios, tanto si la deuda se obtuvo a través del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) como si se recurrió a la emisión de bonos a terceros, sería lo más barato para el Estado en términos de nuevo pasivo a asumir: 49.720 millones. El grueso de esa cantidad provendría de la Comunidad Valenciana (que se quitaría 7.770 millones), Andalucía (6.450 millones) y Madrid (5.520 millones). Pero, en general, no es el escenario más favorable de los cuatro para ningún territorio.

El segundo, en cambio, sí sería el más beneficioso de todos para la Comunidad Valenciana, Murcia y Castilla-La Mancha. Es decir, las que tienen más desequilibrio entre los ingresos que reciben y su deuda. Eso es así porque en este caso los 15.000 millones de quita a Cataluña se calculan como un porcentaje de su deuda en relación con sus ingresos. Esto arroja un 19% que se aplica a todas las demás. Con ese criterio, a la Comunidad Valenciana se le restarían 12.090 millones de deuda puesto que es la segunda con mayor pasivo. Una diferencia considerable con Andalucía (7.500 millones) y Madrid (7.190 millones) que serían la segunda y tercera con mayor volumen de deuda condonada, aunque saldrían más beneficiadas con otros criterios. Para las arcas estatales, esta fórmula implicaría asumir 60.130 millones de pasivo autonómico.

El escenario tres es el más favorable para la comunidad más poblada de España. Andalucía vería una quita de 12.200 millones si lo que se mira es la pérdida de PIB de cada año entre 2009 y 2014 respecto a 2008 y se aplica la proporción que eso representa para Cataluña al resto de territorios. Con esta fórmula, a la Comunidad Valenciana se le perdonarían 11.110 millones y ambas comunidades (las tres si se suma a Cataluña con sus 15.000 millones) quedarían lejos de Madrid, que se restaría 6.230 millones porque su pérdida de PIB fue menor. Esta hipótesis es la que más beneficia a Andalucía, pero también a Aragón, Asturias y Cantabria, que fueron las que más padecieron la crisis económica. En conjunto, supone una reasignación de deuda para el Estado de 69.420 millones.

Por último, el análisis calcula la quita catalana como una proporción sobre el déficit autorizado en los años de la crisis con relación a su PIB. Eso, señalan los expertos de S&P, “es beneficioso para las regiones mejor financiadas y más conservadoras fiscalmente”. Es el caso de Madrid, que se aplicaría una quita de 14.080 millones, casi el doble que la Comunidad Valenciana (7.490 millones). Entre medias, quedaría Andalucía con 10.740 millones. La opción también es la más generosa con Galicia, Castilla y León, Canarias, Baleares, Extremadura y La Rioja. Y a efectos de las arcas estatales es la más cuantiosa porque implicaría transferir a la Administración central casi 72.000 millones de pasivo.

En términos generales, la agencia de calificación financiera considera que la quita “tendría un efecto neutral o positivo” en sus valoraciones para todas las comunidades. Pero también advierte de que “podría no ser suficiente para mejorar de manera significativa las finanzas en los próximos años”. “En ausencia de una reforma estructural del sistema de financiación autonómica, la absorción de deuda [por el Estado] podría mejorar el comportamiento de las comunidades solo de manera temporal”, señalan los autores del análisis, que parte de las oficinas españolas de la multinacional estadounidense. También previenen sobre el “riesgo moral” de la quita “por disminuir los incentivos a las regiones para el control del crecimiento de su deuda”.

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