La Generalitat pedirá en 2024 un 27% menos de crédito al Estado

Para el año 2024, la Generalitat prevé pedir un 27% menos de fondos a los mecanismos de liquidez del Estado, pasando de los 11.829 millones de este año a los 8.642 millones que estima que necesitará el próximo. Desde 2012, Cataluña acude al Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), el mecanismo que se creó durante la crisis para financiar a las comunidades autónomas que tenían un déficit elevado y no podían acudir a los mercados de deuda. Se acordó que las amortizaciones de la deuda contraída con el FLA se pagarían a 10 años vista, pero en 2023 se juntaron dos amortizaciones: la correspondiente al pago de 2012, cuya devolución se retrasó un año, y la correspondiente a 2013. En comparación, el año que viene habrá menos amortizaciones (solo la correspondiente a 2014) y por eso la Generalitat prevé pedir menos dinero al fondo.

El FLA está a la práctica congelado en la actualidad, y actualmente más del 80% del dinero que recibe el Govern mediante este mecanismo se destina a amortizar la deuda contraída con el propio FLA, señalan fuentes del Departamento de Economía. “Es un círculo”, apuntan. Esta situación cambiará en parte cuando se haga efectivo el acuerdo entre PSOE y ERC para la legislatura de Pedro Sánchez, que prevé condonar el 20% de la deuda que las comunidades autónomas tienen con el FLA —asumiéndola la Administración central— para que estas puedan volver a acudir a los mercados a financiarse. En el caso de Cataluña, esta medida implicará condonar en torno a 15.000 millones de euros, y permitirá ahorrar 1.300 millones en intereses en la próxima década. Esa última partida es la que permitirá aflorar recursos para gasto corriente.

La previsión de los fondos que necesitará la Generalitat está incluida en la presentación que el Govern hace anualmente a los inversores internacionales. El FLA es el mecanismo al que la administración autonómica acudía si no es capaz de cumplir con los objetivos de estabilidad presupuestaria que fija el Ministerio de Hacienda (déficit, deuda y gasto) y suponía una mayor fiscalización por parte del Estado. El Fondo de Facilidad Financiera, en el que la Generalitat está ahora supone un menor nivel de control. A ese mecanismo el Govern pedirá 8.642 millones de euros, aunque apunta que “cualquier desembolso de los préstamos firmados con el Banco Europeo de Inversiones implicará una reducción equivalente del monto garantizado por el fondo de facilidad para 2024″. Por ejemplo, la consellera de Economia, Natàlia Mas, firmó en noviembre un crédito con esa institución por un importe de 180 millones de euros. Ese contrato, con mejores condiciones que el FLA, supone reducir la petición de recursos al Estado.

El Gobierno catalán participó ayer en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, si bien no acudió la consejera, quien denunció que no hacía falta por dos motivos: porque en la reunión las comunidades no pueden tomar ningún tipo de decisión y porque la Generalitat confía en una comisión bilateral con el Gobierno central para negociar un sistema de financiación singular para Cataluña, tal y como pactó con el PSOE durante las negociaciones para la investidura de Pedro Sánchez.

En la presentación a inversores, el Govern detalla que la deuda pública de Cataluña ascendía, en junio, a 86.800 millones de euros. De este monto, 81.502 millones los debe directamente la Generalitat, mientras que otros 5.298 millones es la deuda de las entidades y empresas públicas que conforman el perímetro de la Administración autonómica conforme a la contabilidad europea SEC.

Sobre el total de la deuda, lo que se debe a los mecanismos de liquidez, el FLA principalmente, es un 84,2%. Si solo se toma en consideración la deuda con la administración general del Estado, lo que se debe mediante los mecanismos de liquidez asciende al 89,7%, mientras que el resto son bonos o préstamos bancarios. La práctica totalidad de la deuda está a tipo fijo, es a largo plazo y en euros. En la presentación, la Generalitat destaca que entre 2011 y 2022 se ha reducido la deuda variable y a corto plazo, y que la carga de los intereses es ahora mucho menor. La calificación de los bonos de la Generalitat continúa estable después de que en 2021 la agencia Fitch sacase a la administración catalana del grado especulativo, coloquialmente denominado bono basura y la situase en grado de inversión, con la calificación BBB- con perspectiva de estable.

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