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S&P da un espaldarazo a la condonación de la deuda autonómica acordada entre PSOE y ERC

La agencia de calificación también alerta del riesgo moral que puede suponer la quita y de que supondría solo una mejora “temporal” de las cuentas autonómicas

Pere Aragonés estrecha la mano a Pedro Sánchez, en enero al comienzo de la cumbre hispanofrancesa en Barcelona.
Pere Aragonés estrecha la mano a Pedro Sánchez, en enero al comienzo de la cumbre hispanofrancesa en Barcelona.Quique García (EFE)

La agencia de calificación S&P respalda la condonación de parte de la deuda autonómica acordada entre PSOE y ERC. En un documento titulado Spanish Regions May Receive Debt Relief From State (Las comunidades españolas podrían recibir una quita de la deuda del Estado, en castellano), la entidad subraya que una disminución de las obligaciones pendientes rebajaría la carga del principal y de los intereses para los Gobiernos regionales y podría suponer una mejora de su rating. Sin embargo, para una de cal, otra de arena: alerta del efecto perverso que podría causar la quita, al desincentivar la asunción de medidas que rebajen los pasivos, y sostiene que solo sería un parche si no se lleva a cabo a la vez una reforma en profundidad del sistema de financiación autonómica.

“A falta de una reforma estructural del sistema de financiación autonómica, la absorción de la deuda puede solo mejorar temporalmente la situación de las comunidades, pero no evitaría nuevos déficits”, concreta la entidad. De hecho, no garantizaría de forma automática la vuelta al mercado de las comunidades más endeudadas. “También puede generar riesgo moral al disminuir los incentivos para que las autonomías mantengan a raya el crecimiento de la deuda, en previsión de posibles medidas similares en el futuro”, añade.

PSOE y ERC sellaron la semana pasada un pacto para que el partido independentista apoye la investidura de Pedro Sánchez. Una de las claves del acuerdo es la asunción por parte del Estado del 20% de la deuda que Cataluña ha contraído a través de los mecanismos extraordinarios de liquidez. Estas herramientas fueron diseñadas por el Gobierno del PP de Mariano Rajoy en plena tormenta financiera para que también las comunidades con más dificultades para acceder al mercado pudieran financiarse sin asumir costes desorbitantes: el Estado cubría sus necesidades a unos tipos más bajos del exigido por los inversores. En lugar de desaparecer tras lo más duro de la Gran Recesión y la entrada en la época de tipos ultrabajos, la mayoría de autonomías siguieron bebiendo de ellas —en concreto, del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) y el de Facilidad Financiera (FFF)—, algunas con muchas más intensidad que otras.

Cataluña ha sido la comunidad que más se ha beneficiado de estos mecanismos. Más del 80% de su deuda (73.110 millones de los 86.800 que acumula) está en manos del Estado. El 20% que se le perdonaría representa el pasivo generado por “el impacto negativo del ciclo económico” y sería equivalente a 15.000 millones de euros, además de generar un ahorro adicional de unos 1.300 millones en intereses. A falta de conocer cómo se ha llegado a estas cifras —no hay ningún detalle en el acuerdo—, el compromiso entre las dos formaciones abre la puerta a que todas las autonomías de régimen común —se excluyen las haciendas forales de País Vasco y Navarra— puedan ver perdonada aquella parte de su deuda que se puede achacar a la mala coyuntura. También se contemplan “transferencias” para cancelar compromisos asumidos “con terceros”, al haber territorios, como Madrid, que no deben nada o muy poco al Estado.

Sin conocer el cálculo para determinar la porción de la deuda causada por el ciclo, S&P señala que no puede “evaluar con precisión el impacto” que tendría en cada territorio. Pero añade: “Además de la evidente reducción de la carga de la deuda de las comunidades, la medida también reduciría los pagos de intereses, y generaría un impacto positivo en los balances operativos. Evaluaremos el impacto potencial de estas medidas en la solvencia de las autonomías a su debido tiempo, a medida que surjan más detalles del acuerdo, y suponiendo que se conviertan en jurídicamente vinculantes. Si se implementan, probablemente evaluaríamos su impacto en un rango que va desde neutral a positivo para la calificación de las comunidades regiones, dependiendo de su alcance”.

El Estado posee casi el 60% de la deuda autonómica: 191.750 millones de un total de 327.346. S&P subraya que el transvase del pasivo de las comunidades a la Administración central no empeoraría la calificación crediticia que tiene de España (A/Estable/A-1), ya que el volumen de compromisos se mantendría estable. Después de Cataluña, la Comunidad Valenciana es la autonomía que más ha empleado los mecanismos extraordinarios de liquidez. A finales de junio, acumulaba 48.344 millones en estos instrumentos, más del 80% de su pasivo. Las otras autonomías más endeudadas con el Estado en términos absolutos son Andalucía, Castilla-La Mancha y Murcia. En el extremo opuesto están País Vasco, Madrid y Navarra, que no deben nada a Hacienda.

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