Hacienda deberá buscar un encaje legal para condonar la deuda autonómica

Hacienda deberá buscar una fórmula legal para encajar la condonación de parte de la deuda autonómica acordada entre el PSOE y ERC: la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF) de 2012 impide, en su artículo 8, que una administración asuma las obligaciones financieras de otra. Sin embargo, hay juristas y expertos en financiación autonómica que interpretan que existen resquicios para saltarse la prohibición. Primero, la misma norma contempla una disposición transitoria que permitiría el perdón de las deudas contraídas con el Estado a través de los mecanismos extraordinarios de liquidez. Otro asunto son los compromisos suscritos con terceros, como bancos o fondos de inversión. En este caso, habría que modificar la normativa, aunque fuentes jurídicas aventuran que no sería necesario porque interpretan que estas deudas no desaparecen, sino que cambian de titularidad, de la Administración regional a la central.

“El Pacto de Estabilidad y Crecimiento Europeo prohíbe indirectamente a los Estados miembros asumir deudas de otras administraciones al trasladar la cláusula de no rescate a la normativa nacional, en nuestro caso la LOEPSF”, resume Diego Martínez López, profesor en la Universidad Pablo Olavide de Sevilla, investigador asociado del centro de análisis Fedea y ex secretario general de Financiación Autonómica y Local en el Ministerio de Hacienda, entre 2018 y 2020. “Pero siempre ha habido fórmulas para evitar esa prohibición, como el FLA [Fondo de Liquidez Autonómico]”.

El FLA es, hoy en día, el principal compartimento de los mecanismos extraordinarios de liquidez, un sistema que diseñó el Gobierno de Mariano Rajoy en 2012 para garantizar que las comunidades pudieran cubrir sus necesidades financieras porque los mercados les exigían unos intereses disparados. Entonces la Gran Recesión golpeaba con fuerza, los ingresos habían caído en picado y la prima de riesgo estaba en máximos, dificultando a muchos gobiernos regionales obtener la liquidez que precisaban. Con este sistema era el Estado quien se endeudaba para las autonomías, a unos intereses más favorables. A cambio, Hacienda exigía un mayor control sobre las cuentas regionales. Fue una suerte de rescate, al igual que Bruselas hizo con los países más castigados por la crisis financiera.

Aunque empezaron a funcionar con vocación temporal, estos préstamos extraordinarios del Estado a las autonomías han evolucionado a lo largo de los años y están ahora más que vigentes. Ni la época de tipos ultrabajos que duró hasta el verano pasado propició su desaparición: la mayoría de las comunidades sigue financiándose a través del FLA o del otro fondo denominado Facilidad Financiera (FFF) —con la diferencia de que este último es compatible con préstamos de terceros—. Al punto que la reestructuración de la deuda con el Estado es un asunto que lleva años en el debate político y ha sido analizada por distintos gobiernos. Los únicos territorios que no deben nada a la Administración central son Madrid, Navarra y País Vasco. En el extremo opuesto está Cataluña, la que más se ha beneficiado de la muleta del Tesoro: de sus 86.800 millones de deuda, el 80% (73.110 millones) está en manos del Estado. Sobre esa cifra los partidos catalanes exigen una quita.

Uno de los puntos acordados para que ERC apoye la investidura de Pedro Sánchez es la condonación de un 20% de la deuda que Cataluña tiene con el Estado: supone unos 15.000 millones de euros, más un ahorro de 1.300 en intereses. Este importe sería equivalente al pasivo acumulado por “el impacto negativo del ciclo económico”, según se lee en el documento. No está detallado, sin embargo, el cálculo empleado para llegar a él.

El pacto contempla que el alivio de la deuda se amplíe al resto de comunidades de régimen común —quedan excluidas Navarra y País Vasco—, en la medida que la mala coyuntura les haya generado un mayor endeudamiento. Comunidad Valenciana y Andalucía, ambas gobernadas por el PP, son el segundo y tercer territorio que más han empleado los mecanismos extraordinarios de liquidez —la Administración central posee el 60% de la deuda autonómica, más de 191.000 millones—. El acuerdo también abre la puerta a reducir los pasivos de aquellas autonomías, como Madrid, que no deben nada al Estado. “Se determinará qué parte del incremento de deuda obedece al impacto del ciclo, pudiendo también acudirse a transferencias para la cancelación de la deuda en el caso de endeudamiento con terceros distintos del Estado”, recoge el documento.

Cláusula de no rescate

El artículo ocho de la ley de estabilidad dispone que “el Estado no asumirá ni responderá de los compromisos” de comunidades autónomas, corporaciones locales y otros organismos pertenecientes a la Administración pública. Sin embargo, hay una disposición transitoria, la cuarta, que excluye de esta previsión los mecanismos extraordinarios de financiación, del que forma parte el FLA: “Los mecanismos adicionales de financiación que se hayan habilitado o se habiliten por el Estado (...) quedarán excluidos del ámbito de aplicación del apartado 2 del artículo 8 de esta Ley”.

Esta disposición apunta, de manera indirecta, a la posibilidad de condonar la deuda autonómica en poder del Estado. “Es como si se hubiera puesto la venda antes de la herida. Algo parecido también ocurrió a nivel europeo, cuando Bruselas tuvo que rescatar a Grecia, Portugal o asistir a España para salvar a su banca. El Pacto de Estabilidad y Crecimiento impide el rescate de otra administración, y, sin embargo, se hizo”, ejemplifica Martínez López.

Fuentes jurídicas añaden que la deuda de los mecanismos extraordinarios como el FLA ha sido captada en el mercado por el Estado en nombre de las comunidades, por lo que la aplicación del artículo 8 que impide condonar la deuda no se aplicaría a esos importes. Y citan un paralelismo para reforzar su interpretación: las liquidaciones del sistema de financiación autonómico de 2020 fueron negativas para las autonomías y Hacienda se las perdonó sin tener que modificar la ley. “El artículo 8 hace referencia a las deudas con terceros, no entre administraciones”, explican.

La porción de deuda autonómica en poder de terceros, como bancos y otras entidades, también podría ser perdonada sin necesidad de cambiar la ley, aventuran las mismas fuentes: aunque choca con el artículo 8, recuerdan que estos compromisos no se cancelarían, sino que pasarían a estar en manos del Estado. Martínez López, en cambio, enfría esta posición y alega que las transferencias de la Administración regional a la autonómica que menciona el acuerdo serían difícil de encajar en el artículo 8. “Quizás podrían ser unas transferencias de capital finalistas, incluidas en el marco de una futura reforma del sistema de financiación autonómica”, razona el economista, quien recuerda que, de todas formas, estas aportaciones serían insuficientes para que las autonomías más endeudadas vuelvan a salir a los mercados en el corto plazo. Algo parecido señalaba hace pocos días la agencia de calificación S&P: pese a respaldar la condonación de la deuda autonómica, alertó que la mejora de las finanzas regionales solo sería temporal si a la vez no se acomete una renovación profunda del sistema de financiación autonómico.

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