La brecha de financiación por habitante toca máximos: los riojanos reciben 900 euros más que los murcianos

El sistema de financiación autonómica que rige en España se diseñó con el objetivo de que las 15 comunidades de régimen común (todas salvo País Vasco y Navarra) tengan recursos para prestar en las mismas condiciones los servicios públicos en los que tienen competencias. Para ello, dado que hay territorios más ricos que otros, se prevén transferencias desde el Estado hacia las regiones y entre las propias autonomías. En este esquema, las tres zonas con más capacidad fiscal (Madrid, Cataluña y Baleares) contribuyen más de lo que reciben, mientras que las otras 12 obtienen más de lo que aportan. En la práctica, sin embargo, el modelo origina varias divergencias una vez que se produce el reparto. La más flagrante es la brecha entre los territorios que históricamente han estado mejor tratados —Cantabria, Baleares y La Rioja— y los más castigados —Murcia, Comunidad Valenciana y Andalucía—. En euros, la diferencia de recursos per capita entre la primera y la última ascendió a los 900 euros en 2022, récord histórico teniendo en cuenta que normalmente oscila entre los 600 y los 700 euros.

Los datos se extraen del informe La liquidación de 2022 del sistema de financiación de las comunidades autónomas de régimen común, publicado la semana pasada por Fedea y elaborado con las últimas cifras del Ministerio de Hacienda. En ese año, explica Ángel de la Fuente, autor del documento y director ejecutivo del centro de análisis económico, el volumen total de recursos experimentó un incremento de unos 18.200 millones con respecto a 2021 debido fundamentalmente a la buena marcha de los ingresos tributarios estatales y autonómicos. Eso hizo que, de media, el volumen de dinero por habitante que llega a cada territorio superase por primera vez la barrera de los 3.000 euros.

Sin embargo, dado el funcionamiento del modelo y los criterios de reparto, este balón de oxígeno no corrigió las deficiencias que arrastra el esquema, sino que las hizo más abultadas. Así, la distancia entre el territorio mejor financiado —en este caso La Rioja, con 3.954 euros por persona— y el peor —Murcia, con 3.056 euros— se hizo más palpable todavía. En 2021, la brecha entre el primero (Cantabria) y el último (de nuevo Murcia) fue de 726 euros.

Los ingresos de las regiones bajo el actual esquema provienen de la recaudación de los tributos cedidos total o parcialmente por el Estado y de sus participaciones en una serie de fondos que canalizan transferencias estatales hacia los gobiernos regionales y redistribuyen recursos entre ellos. El sistema engorda una cesta común donde acaba el 50% de lo que se recauda en IRPF, el 50% del IVA y el 58% de impuestos especiales —los tributos que Estado y comunidades comparten—, además de los impuestos cedidos totalmente y aportaciones estatales. Por eso, desde Fedea alertan de las consecuencias que tendría la salida de Cataluña del modelo, dado que la Generalitat es uno de los aportadores netos.

Este dinero se reparte mediante una fórmula de necesidades de gasto que cuantifica los recursos que se consideran necesarios en cada región para financiar un nivel uniforme de servicios públicos, como sanidad o educación. Para determinar las cuantías se utiliza la variable de población ajustada, un modelo que sustituye a la población real de cada territorio y que tiene en cuenta características como el número de habitantes en edad escolar o mayor de 65 años o la dispersión demográfica e insularidad. El modelo actual y sus criterios, que datan de 2009, no se han adaptado a los cambios demográficos y económicos a lo largo del tiempo, por lo que las disparidades iniciales se han acrecentado.

Pese a estas cifras, sin embargo, las comunidades peor tratadas son receptoras netas del modelo de financiación, es decir, todas ellas reciben tradicionalmente más de lo que aportan. El sistema está pensado para que solo sean aportadores netos los territorios de mayor capacidad fiscal, es decir, Madrid, Cataluña y Baleares. En 2022, contribuyeron respectivamente con unos 7.000 millones, 2.000 millones y 300 millones de euros, respectivamente. El resto de autonomías osciló entre los 377 millones de saldo positivo de La Rioja y los 6.100 millones de Andalucía.

Una reforma endiablada

La reforma del sistema de financiación lleva debatiéndose desde hace años en los círculos de expertos y ha saltado al debate público en los últimos meses. A las exigencias de las comunidades históricamente infrafinanciadas, que reclaman un rediseño urgente, se le han unido las demandas de los partidos soberanistas catalanes, que denuncian lo que a su juicio es una infrafinanciación histórica. La semana pasada, con el fin de desbloquear la investidura de Salvador Illa, el PSC y ERC acordaron un modelo de financiación singular que sacaría a Cataluña del régimen común a cambio de una aportación a la solidaridad de la que se desconoce su cuantía, algo parecido a lo que ocurre con País Vasco y Navarra.

Más allá de este cambio, el cual supondría un desbarajuste de calado para el modelo al fragmentarse la caja única, la reforma del sistema es endiablada por otra serie de cuestiones. De entrada, la práctica totalidad de territorios —incluyendo a los que más financiación reciben— denuncian que el sistema carece actualmente de los recursos suficientes, por lo que no quedaría más remedio que aumentarlos. Esto podría hacerse a través de más transferencias del Estado o a costa de que los Gobiernos regionales se queden con una parte mayor de los impuestos compartidos, en detrimento de la Administración central.

Otra complicación está vinculada con el principio del statu quo, que garantiza que ninguna comunidad reciba con la modificación menos dinero del que hubiera obtenido con el modelo anterior, es decir, el ahora vigente. Esta regla, en la práctica, desvirtúa cualquier negociación porque sitúa en una posición privilegiada a las comunidades que actualmente tienen más financiación media por habitante.

En este punto entra en juego otro de los aspectos más polémicos, que es la posibilidad de adoptar el principio de ordinalidad, algo que también reclaman los soberanistas catalanes. Esta teoría defiende que los mecanismos de solidaridad y nivelación deben corregir la desigualdad, pero no revertir el ranking de recursos per cápita. Es decir, el modelo debe reducir las diferencias entre las zonas más ricas y las más pobres, pero no intercambiar sus posiciones, que es lo que ahora sucede. Actualmente, Madrid es la comunidad con más capacidad fiscal, pero cae al puesto duodécimo en recursos por habitante una vez aplicados los ajustes. Algo similar pasa con Cataluña, la segunda más rica y la décima tras el reparto. Al otro lado se encuentran regiones como Canarias o Galicia.

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