Cataluña supera la pantalla del concierto económico: “Se ha roto un tabú”

“Preveo que las bases de Esquerra voten que no, pero pese a su oposición se habrá roto un tabú. Si España quiere ser autonómica, debe haber autonomía financiera, y ese es el cambio mental que supone el acuerdo entre el PSC y ERC”. Miquel Puig erró el jueves en su pronóstico ante la votación que tenía que afrontar al día siguiente la militancia de ERC para validar la propuesta que previsiblemente dará la presidencia de la Generalitat al socialista Salvador Illa. Pero, pese a su pesimismo sobre el resultado de la consulta a las bases republicanas, este economista que desde su alto cargo en el Govern de la Generalitat ha trabajado en la elaboración de la propuesta de “concierto económico solidario” —como la tildaron en ERC— estaba casi eufórico. Porque esa idea de financiación singular, un concierto vasco a la catalana, es totalmente reconocible en el documento dado a conocer el pasado lunes. Es decir, el PSOE ha acabado aceptando, abriendo una nueva pantalla política a la que hasta hace nada se le negaba la mayor.

A falta de un despliegue que se presupone largo, farragoso y repleto de obstáculos, el paso dado por los socialistas supone el reconocimiento de que la Generalitat pueda recaudar y controlar todos los impuestos que se pagan en Cataluña. Luego el Gobierno catalán pagará al Estado por servicios comunes o prestados directamente en Cataluña, además de una cuota destinada al reparto entre las comunidades autónomas con menos renta per cápita. El acuerdo supone el diálogo directo Gobierno-Generalitat en materia fiscal que ha ansiado el nacionalismo catalán desde hace años y la salida de Cataluña del régimen común de financiación, excepción solo dispensada ahora a País Vasco y Navarra. La Agencia Tributaria de Cataluña se convertirá en un tótem autonómico que, para empezar, se encargará del impuesto de la renta, el que mayor recaudación ofrece a la caja del Estado.

En 2005, los partidos nacionalistas intentaron introducir esa fórmula en el Estatut y generó gran controversia en el resto de España. Siete años después, Artur Mas le planteó a Mariano Rajoy una fórmula similar y se dio de bruces con su negativa, lo que sirvió de prólogo del procés. Desde entonces, no pocos políticos y analistas han considerado que la mejora de la financiación era la mejor vía para acallar las reivindicaciones soberanistas, pese a la oposición que genera también entre algunos constitucionalistas, fiscalistas y técnicos de la Administración. Ni el PSOE ni el PP han querido asumir esa demanda, que como ha quedado de manifiesto en las últimas semanas —cuando desde el Gobierno se limitaba a hablar de adaptar la financiación a las “singularidades” de Cataluña— es suscita profundas reservas e incluso abierto rechazo entre sus barones territoriales.

No es nada muy nuevo. Cuando en 1996 el PP y CiU acordaron los mimbres del actual modelo de financiación, el PSOE acusó a ambas formaciones de poner en riesgo la paz territorial. Sucedió lo mismo, pero con posiciones inversas, cuando los socialistas mejoraron todavía más ese modelo a instancias del Tripartito catalán. Y en los últimos dos años el ruido político ha vuelto a envolver las decisiones sobre indultos, la derogación del delito de sedición y la amnistía. “La bronca genera atención y vivimos en la economía de la atención, así que la tienes que decir muy gorda, porque si no no existes”, apunta Oriol Bartomeus, investigador del Instituto de Ciencias Políticas y Sociales de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Desde su perspectiva, el acuerdo PSC-ERC “es un paso más en la definición de una estructura federal de España y, como siempre, con Cataluña abriendo camino y recibiendo golpes”. Para Bartomeus, el problema está en que el paso adelante no figure dentro de una “idea general” sobre el país y que no se haya explicado. “Si se sabe explicar de manera convincente, la gente entiende las cosas, pero falta coraje para hacerlo”, dice.

“Es la dirección que ha tomado el PSOE de Pedro Sánchez desde 2014, que ha hablado de federalismo asimétrico y plurinacional, no sé por qué sorprende tanto”, afirma Antón Losada, profesor de Ciencia Política de la Universidade de Santiago de Compostela, quien no considera solo que se trate de una cesión por necesidad. Su visión es clara sobre el asunto: España no se puede gobernar hoy en día sin los nacionalismos y “ningún partido nacionalista puede renunciar a un avance en el autogobierno”. Y advierte que tal y como está configurado hoy el tablero político español, al PP no le quedará otra opción que seguir la misma senda abierta por el PSOE si se acaban logrando todas las modificaciones legales necesarias. Por ello, Javier Lorenzo, profesor de la Universidad Carlos III, también duda de que, una vez aprobado el nuevo modelo para Cataluña y la modificación del sistema de financiación de régimen común, el PP la vaya a revertir. “La puede revisar, pero para dejarla muy parecida”, defiende. Y concluye: “Se ha abierto el melón que un día u otro se iba a abrir, y ahora la cuestión es encontrar el rol que el Estado deberá jugar en ese modelo federal”.

El papel del PP y de Feijóo

Una de las grandes paradojas españolas es que desde la Transición los grandes partidos se han enfocado en la batalla política y han sido incapaces de llegar a grandes consensos sobre buena parte de los temas básicos, que es justamente la teórica virtud del bipartidismo. Los grandes cambios, coinciden diversos de los expertos consultados, han llegado de la mano de las minorías y de la necesidad puntual de lograr mayorías. “Una vez abierto el melón, todo el mundo asume que no hay marcha atrás. Y Alberto Núñez Feijóo ha de decir si rechaza entrar a discutir el modelo o si quiere influir en el diseño de un nuevo modelo que tendrá más dinero y puede interesar a las comunidades en las que gobierna. La derecha está en una situación muy complicada”, sostiene Juan Rodríguez Teruel, profesor de Ciencia Política de la Universidad de Valencia.

Andreu Mas-Colell, que vivió desde la primera línea como consejero de Economía de Mas el rechazo de Rajoy de 2012, coincide con Miquel Puig en el fin de ese tabú. “Es el fin de un sistema centralizado para entrar en la vía federalizante”, dice Mas-Colell, renuente a utilizar la palabra concierto —“no nos conviene asociarnos a ese término, porque en España se entiende como que no incluye solidaridad”, dice—, pero que llama a aprovechar el nuevo paso. “Se abre una puerta que ha costado mucho abrir y ahora se ha de empujar hasta el fondo”. El camino será largo, pero el escenario, en su opinión, es ahora muy distinto. “Los tabús son tabús hasta que dejan de serlo, como que la Generalitat tuviera su propia policía o la amnistía [a las personas juzgadas su participación en el proceso independentista]. Parece que el mundo se derrumbe, y no”.

Coincide Rodríguez Teruel: “La política española, pese a su polarización, tiene la virtud de superar pantallas que estaban encalladas”. Y pone como ejemplo la amnistía. “Estamos digiriendo las consecuencias de la amnistía y ya casi nadie habla de ella. Y ahora pasa lo mismo con la financiación, con un cambio: y es el posicionamiento de los líderes territoriales ante la futura negociación del sistema que se va a producir. Porque el resultado no va a ser el punto de partida, va a haber un debate que va a llevar a un nuevo modelo y no simplemente una evolución incremental. Esa puede ser la principal contribución positiva de esta idea de concierto”.

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