Cero denuncias de inquilinos por irregularidades en el alquiler en el primer mes del decreto que prevé multas

Un mes después de entrar en vigor el decreto ley que fija multas para los propietarios que cometan irregularidades con el alquiler, la Generalitat no ha recibido ninguna denuncia por parte de inquilinos. Las multas que prevé el decreto, ratificado esta semana en el Parlament, fueron formaron parte de las condiciones de los comunes en el pacto de Investidura de Salvador Illa como president. Son sanciones a los caseros que no cumplan con la regulación de los precios del alquiler, la legislación del alquiler en materia de consumo, o hagan un uso fraudulento del alquiler de temporada (utilizando esta fórmula precisamente para esquivar el límite de precio) y pueden llegar a alcanzar los 900.000 euros en los casos más graves. Las denuncias pueden presentarse ante la Agencia de la Vivienda de Cataluña o la del Consumo, pero en ninguna de las dos entidades han entrado denuncias, informan fuentes oficiales. Vivienda, que ha habilitado un buzón específico con formulario para estas denuncias en su página web, sí ha atendido 50 consultas sobre el régimen sancionador. Consumo, ni preguntas ni denuncias.

El régimen sancionador fue una exigencia de los comunes en el Parlament y también del Sindicato de Inquilinas, que entienden que sin consecuencias para los propietarios de viviendas de alquiler es imposible evitar fraudes que cometan para esquivar las regulaciones. Cuestiones como aumentar el precio del alquiler o no ajustarse al índice de precios de referencia; anunciar viviendas sin mostrar el precio del alquiler del último contrato; ofrecer contratos de temporada en pisos que en realidad son residencias habituales, o cobrar a los inquilinos por los gastos de gestión inmobiliaria. En todos los casos solo pueden denunciarse irregularidades cometidas con posterioridad a la entrada en vigor del decreto, el pasado 30 de enero.

Por parte del Sindicato de Inquilinas, uno de sus portavoces, Enric Aragonès apunta como principal factor de la ausencia de denuncias “que la Generalitat no ha realizado una campaña informativa sobre ni sobre la entrada en vigor de la regulación de los alquileres, hace casi un año, ni sobre la posibilidad de denunciar irregularidades y de que los propietarios sean multados”. “La clave de todo es una campaña informativa institucional en la tele, prensa, en los medios de transporte, para que todo el mundo sepa que al alquilar un piso hay que mirar el precio del contrato anterior y el índice de referencia”, zanja y recuerda que la ciudad de Nueva York, en Estados Unidos, lo hizo; y que en Berlín (Alemania), ante un cambio normativo se obligó a los propietarios a informar a sus inquilinos.

En el buzón de denuncias que ha abierto la Agencia de la Vivienda sí hay un tablón explicativo de las novedades del decreto que regula las sanciones con alquileres irregulares. Recuerda que está vigente desde el 30 de enero, que aplica a los nuevos contratos de alquiler de vivienda en zonas de mercado residencial tenso, que tiene por objetivo evitar el incumplimiento el precio de la renta, la falta de información y evitar los alquileres de temporada, y que las sanciones pueden alcanzar los 900.000 euros. El gráfico apunta que los ciudadanos tienen derecho a recibir información en los anuncios o contratos de alquiler sobre seis cuestiones: el precio según el índice o el contrato anterior, si el propietario es un gran tenedor, la finalidad del contrato si fuera temporal, la cédula de habitabilidad, el certificado energético y a quién corresponden los gastos de gestión.

Fuentes del sector inmobiliario ven “normal” que todavía no haya denuncias. “Ya llegarán”, añaden. Y argumentan: porque mucha gente todavía no conoce la posibilidad de denunciar; porque afecta solo a los nuevos contratos; porque, antes de denunciar, los Sindicatos de Inquilinas recomendarán a los inquilinos dialogar con los caseros. Y porque, aunque estaba en vigor desde el 30 de enero, todavía no se había convalidado y la prudencia recomendaba esperar la confirmación definitiva.

Mientras, la Agencia Catalana de Consumo, informa que de acuerdo a las obligaciones que prevé el decreto ley, está llevando a cabo “controles tanto en establecimientos presenciales en todo el territorio catalán (con mayor incidencia en Barcelona y su entorno), como por internet”. Hasta el momento “la agencia ha abierto más de 30 actuaciones inspectoras, una cifra que irá en aumento con la convalidación del decreto por parte del Parlament. En el caso de consumo, las denuncias se pueden presentar en un formulario en su página de internet o presencialmente en sus oficinas.