La mayoría progresista del Parlament convalida el decreto ley para sancionar los incumplimientos en el tope del alquiler

En un debate marcado por la división entre bloques ideológicos, los grupos de PSC, Esquerra Republicana (ERC), Comuns y la CUP han votado este miércoles en el Parlament a favor de convalidar el decreto ley que regula un régimen sancionador para garantizar que se cumpla el tope del precio de los alquileres. Esto incluye sanciones que pueden elevarse hasta los 900.000 euros en los casos más graves, algo que las bancadas conservadoras del hemiciclo han catalogado como “multas desproporcionadas”. Este régimen sancionador era una de las exigencias de los Comunes para apoyar la investidura de Salvador Illa.

La consejera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha defendido en el pleno que el régimen sancionador es la medida eficiente para que la ley “sea respetada”, refiriéndose a normativa de vivienda catalana, que contempla un control del precio del alquiler. Además, ha apelado a todos los grupos parlamentarios a dar apoyo para que vivir en Cataluña por un precio razonable sea “un sentimiento compartido entre todos los grupos”. La votación se ha resuelto con 70 votos a favor y 62 en contra, con 0 abstenciones. Un resultado que se ha materializado en la sala con una clara división entre los bloques progresistas -a la mayoría de la investidura se ha sumado la CUP- y conservadores, que se han alineado de forma similar en cuanto a la defensa o el reproche hacia las medidas presentadas en el decreto ley.

Pese a su voto afirmativo, Esquerra ha querido llamar la atención a los socialistas argumentando que el régimen sancionador es “necesario pero insuficiente”. La portavoz del grupo, y exconsejera, Ester Capella, ha destacado que el articulado preparado por el Ejecutivo deja de lado la regulación del alquiler de temporada y del de habitaciones, y ha reprochado al PSC que en su día no colaborara para sacar adelante el decreto en esta materia presentado por el Govern de Esquerra en 2023. Los socialistas y Junts juntaron entonces sus votos para hundirlo.

En esta línea, los Comunes, que pactaron esta medida con el PSC como moneda de cambio para hacer President a Illa, han lanzado un dardo ante el bloque opositor respecto a las sanciones: “¿Por qué siempre defienden el cumplimiento de la ley menos en este caso? Refiriéndose al posicionamiento de Junts, PP, Vox y Aliança Catalana en contra del decreto ley. Y la diputada del grupo, Susana Segovia, ha defendido la intervención en el mercado como una medida necesaria para “el estado del bienestar” y ha querido recordar que las Comunidades Autónomas tienen competencias en “régimen sancionador”.

En este sentido, la diputada de los Comunes ha comparado la situación actual de “crisis de vivienda” con la crisis de la pandemia: “en ese entonces se reguló el precio de las mascarillas y las PCR para hacerlos más accesibles en una situación de urgencia médica, una medida así es necesaria de nuevo, ya que la emergencia de vivienda también afecta a la salud de las personas”. Por su parte, la CUP, pese a apoyar la resolución, ha pedido a Paneque “más protagonismo” de ahora en adelante, puesto que ellos “ya habían presentado este tipo de propuestas muchas veces”, ha asegurado su diputada Laure Vega.

Junts, PP y Vox, contra las zonas tensionadas

Tanto el Partido Popular (PP) como Junts se han alineado para defender al pequeño propietario, al que consideran que se le está persiguiendo con las medidas, y han reclamado “más incentivos y menos castigos” para aquellas personas que pongan su vivienda en alquiler. Los populares han ido más allá y han calificado el decreto como “inconstitucional”, ya que “va en contra del principio de proporcionalidad recogido en la Carta Magna”.

Ese mismo bloque ha coincido también en la petición de derogar las zonas tensionadas, la figura legal mediante la cual se establece la demanda de vivienda y se calcula el tope del alquiler. Un total de 271 municipios catalanes están en esas zonas y por ello han pedido que se deje de “castigar y criminalizar al propietario” para garantizar que pongan sus inmuebles en el mercado. En ese sentido, Paneque ha destacado que las sanciones a aquellos que se salten el tope del precio tendrán en cuenta la proporcionalidad y la reincidencia, así como el volumen de activos del propietario y el beneficio que extraiga de ello. Así se busca hacer una clara diferenciación entre los pequeños propietarios y los grandes fondos.

Las sanciones se aplicarán en aquellos casos en que el alquiler de viviendas por encima de la renta máxima definida por el sistema de referencia de los precios de arrendamiento, y se tipificarán según su gravedad. Se considera una infracción “grave” si la renta sobrepasa el importe máximo permitido en una cantidad igual o inferior al 30%, y “muy” grave en caso de que sea superior al 30%. Es por ello que el decreto contempla un incremento gradual de las sanciones, que podrían llegar a los 900.000 euros. Esta capacidad sancionadora ya se contemplaba en la Ley de Vivienda de Cataluña, vigente desde 2007.

Por otro lado, los Comunes han aprovechado la sesión de control al president para presentar otro pacto alcanzado con el Govern. La líder de ese grupo en la Cámara. Jéssica Albiach, ha asegurado que se construirán hasta 1.200 viviendas protegidas en catorce solares de propiedad de la Generalitat. “Es un primer paso importante para ampliar el parque público de Cataluña en una situación de emergencia habitacional como la que sufrimos”, ha reivindicado Albiach que, sin embargo, ha pedido al Govern de que busque fórmulas para evitar que las viviendas protegidas pierdan esa condición y no salgan del parque público.