El Govern activa el registro de grandes tenedores para detectar los pisos vacíos que hay en Cataluña

El Govern del president Salvador Illa ha aprobado este martes en su reunión semanal un amplio Decreto Ley con cambios de calado en relación con la vivienda. Hay novedades en materia de obras públicas, trámites administrativos, pisos protegidos y urbanismo, aunque los detalles no se conocerán hasta que este miércoles se publique en el Diario Oficial de la Generalitat. Por un lado, son modificaciones que buscan fomentar y agilizar la construcción de vivienda de protección (VPO), cuando el ejecutivo del PSC ha prometido 50.000 nuevos pisos de alquiler asequible en 2030; construyéndolos o por otras vías como la compra. Y por otro, responden a compromisos del pacto de investidura adquiridos con ERC o los comunes (los más posibles socios a la hora de convalidarlo en la Cámara), como la creación de un registro de grandes tenedores en el que deberán inscribirse los propietarios de 10 o más viviendas. Un fichero al que será obligatorio inscribirse (si no, los caseros se enfrentan a multas de acuerdo a “infracciones graves”). Sus objetivos son dos. Uno, detectar vivienda vacía para poderla incorporar al parque público. Y dos, facilitar el cumplimiento de la regulación del precio del alquiler. Esa norma dice que los grandes tenedores deben ajustar el precio al índice oficial y hasta ahora los inquilinos solo lo podían saber consultando el registro y pagando por notas simples.

El decreto deberá ser convalidado dentro de un mes en el Parlament y el PSC, que gobierna en minoría con solo 42 de 135 diputados no tiene el sí asegurado de republicanos y comunes. Porque aunque hay aspectos que recogen compromisos del pacto de investidura, no es un texto redactado a tres bandas, de forma que puede haber discrepancias. Los comunes, de hecho, ya han expresado dudas sobre detalles que no se conocerán hasta este miércoles cuando se publique el decreto en el DOGC. Esos desacuerdos, por ejemplo, son que no haya distinción en las condiciones del tanteo y retracto (compra preferente) entre personas físicas o jurídicas, apuntan fuentes de la bancada que lidera Jéssica Albiach.

El reglamento del registro, que se preveía en la ley de 2022, fue otra de las víctimas del atropellado fin de la legislatura pasada, que comandó Pere Aragonès. Cuando aún gobernaban republicanos y Junts, la competencia de vivienda recayó en el departamento de Derechos Sociales, que lideraba Violant Cervera. En julio de 2022 se iniciaron los trabajos de redacción e incluso se hizo la consulta pública del contenido. En octubre de ese año se rompió la coalición, y vivienda volvió al abrigo de Territorio y Sostenibilidad. El departamento liderado por Ester Capella hizo retoques y quedó listo para su aprobación. Pero llegó el adelanto electoral derivado del desacuerdo con los comunes por el Hard Rock y la iniciativa volvió al congelador

Las novedades del decreto ley aprobado este martes también habilitan al Instituto Catalán del Suelo (Incasol) a destinar más fondos a construir vivienda protegida. Si hasta ahora esta empresa pública debía mantener un 10% del total de fianzas de contratos de alquiler que depositan los propietarios, el porcentaje se reducirá al 5%. Con ello, se dispondrá de unos 80 millones de euros más para sumar vivienda al parque público.

En materia de obras públicas, para las que son competencia de la Generalitat, se reducen los plazos de exposición pública. Y para la construcción masiva de vivienda pública que se espera, los promotores podrán comenzar a mover tierras y construir estructuras con una licencia básica previa y un proyecto básico. La idea es reducir los calendarios al mínimo: “Una vez iniciadas las obras, habrá que presentar el proyecto ejecutivo, un documento mucho más complejo que el básico y que recoge el detalle de la construcción”, ha informado el Govern. Además, si el promotor es una entidad sin ánimo de lucro, se le rebaja la exigencia en la cesión de aprovechamiento urbanístico a la mitad.

En la carpeta de urbanismo, el decreto ley derivará en cambios importantes. Por ejemplo, se amplían los ámbitos donde la administración podrá ejercer el derecho de tanteo y retracto y comprar pisos a grandes tenedores en zonas de mercado residencial declarado tenso. Si se compran viviendas por esta fórmula, se declararán protegidas de forma permanente. Y para animar a los promotores a invertir en construir alquiler público, se aprueba un módulo único en todo el territorio catalán (hasta ahora había cuatro precios, el más caro en Barcelona y se abarataba cuanto más periférico). “El constructor tendrá la seguridad de que el precio de alquiler será de 10,65 euros por metro cuadrado” en toda Cataluña “y podrá explotar la promoción durante 75 años”. “Transcurrido este tiempo, tanto el suelo como el mismo edificio pasarán a ser públicos”, señala la Generalitat. Otra novedad es que las personas inscritas en el registro de solicitantes de VPO tendrán que hacer menos trámites y se podrán registrar para optar a promociones concretas (ahora la inscripción es genérica).