La evolución del discurso federal del PSOE, de Rubalcaba a Sánchez

Detrás del preacuerdo entre el PSC y ERC para investir al socialista Salvador Illa, que prevé un concierto económico para Cataluña sacándola del régimen común, hay un viejísimo debate sobre el modelo territorial del Estado y su financiación en el que el PSOE ha ido cambiando su discurso y propuestas a medida que cambiaban su líder, el contexto político y sus socios. El debate es tan antiguo que también pueden encontrarse en la hemeroteca declaraciones del actual presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, en 2016, diciendo: “No es fácil de explicar que a Cataluña no se le dé un concierto cuando lo tienen los vascos y los navarros. Yo en eso estoy de acuerdo. (...) También es cierto que en la discusión constituyente se llegó al acuerdo de que Cataluña no tuviese concierto. Ahora bien, estas cosas se pueden cambiar, plantear y discutir. El problema es cómo nos ponemos de acuerdo en los contenidos del concierto”. Hoy, a juicio del PP, ese debate rompe España.

La palabra más destacada de la rueda de prensa en la que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, hizo este miércoles balance del curso, fue “federalización”. Tras una cascada de preguntas que evidenció, por la falta de concreción en las respuestas, el deseo del secretario general de los socialistas de no herir sensibilidades antes de la crucial votación de las bases de ERC este viernes para validar o no el pacto, Sánchez aclaró: “Es una negociación bilateral la que se abriría con la Generalitat, y también, lógicamente, corresponde a un espacio multilateral la negociación y el acuerdo del nuevo sistema de financiación autonómica. Pero que efectivamente estamos dando un paso en la federalización de nuestro Estado autonómico creo que es incuestionable y una muy buena noticia para el sistema político español”. El PSOE lleva años dándole vueltas a ese concepto, el de “federalización”, pero su último documento político consensuado al respecto no coincide con las ideas plasmadas en el preacuerdo con ERC, pendiente, en todo caso, de un largo recorrido hasta su ejecución.

Cuando, en noviembre de 2011, el PP ganó las elecciones generales con mayoría absoluta (186 diputados), el candidato socialista, Alfredo Pérez Rubalcaba, trazó un plan para relanzar el partido. Recuerda Ramón Jáuregui, ministro de la presidencia entre 2010 y 2011: “Era un momento crítico y Alfredo me encargó una especie de aggionamiento ideológico, la revisión de nuestras propuestas políticas ante una etapa en la oposición que se preveía larga. Estudiamos muchas materias, desde la laicidad del Estado hasta Internet, incluyendo, por supuesto, la propuesta autonómica, que siempre había sido relativamente contenciosa internamente porque no es fácil poner de acuerdo a Andalucía con Cataluña”.

Había, además, otro aliciente para todo aquel proceso, limar asperezas con el PSC, que defendía, al contrario que el PSOE, el “derecho a decidir” de los catalanes. La familia socialista catalana siempre ha tenido un estatus diferenciado dentro del partido, como explica Elena Valenciano, en aquellos años vicesecretaria de organización de los socialistas y una de las personas clave en aquel proceso: “Se llama PSC-PSOE. Siempre tuvo una constitución distinta porque nace de la adhesión de otro partido y siempre que hay un problema con el PSC, se tensionan los territorios, como se ve ahora. Se trataba de quitar tensión al ambiente general después de la candidatura de Rubalcaba [que ganó a Carme Chacón, la opción del PSC] y de la apuesta por el derecho a decidir, que para el PSOE era casi un sacrilegio”. Y se consiguió. En 2013, el PSOE publicó un documento, conocido como la declaración de Granada, en el que, tras consensuarlo en su Consejo Territorial, es decir, con el apoyo de todos, incluyendo a Cataluña, abogaban por una reforma constitucional para, entre otras cosas, avanzar “hacia una estructura federal del Estado”. “Éramos conscientes”, recuerda Valenciano, “de que teníamos que elaborar algo que conviniera a todos, no solo al PSC, que es el riesgo de ahora, incendiar al resto del partido. Trabajamos durante muchos meses con todos los secretarios generales. Palabra por palabra. Y no es fácil poner de acuerdo a Castilla-La Mancha y Cataluña, pero Alfredo en eso era un mago y a los tres meses de conversaciones, aquello empezó a tomar forma”.

El texto finalmente pactado anticipaba, ya en 2013, el procés —”El nacionalismo moderado de Cataluña se ha pasado al campo del secesionismo. Ya no busca la mejor forma de encajar a Cataluña como una realidad diferenciada dentro de España: busca directamente que Cataluña rompa con España”— y trata de ponerle un remedio preventivo. “Éramos plenamente conscientes”, recuerda Valenciano, “del tsunami que venía”. Para entonces, el Tribunal Constitucional ya había recortado la reforma del Estatut. Aquella propuesta del PSOE, apostaba, en el apartado de financiación autonómica, por “reformar la Constitución para establecer un nuevo sistema justo y equitativo”, al entender que la ley fundamental no había previsto “reglas ni técnicas propias del federalismo para articular las relaciones del Estado con las comunidades autónomas y de éstas entre sí” y tomaba como referencia “el modelo federalista alemán”. La Constitución, añadían, “debería precisar las competencias que tienen las comunidades sobre los impuestos, así como el modo de repartir su recaudación entre éstas y el Estado, e incluir para aquellas el doble listado de impuestos cedidos total y parcialmente”. Tanto Valenciano como Jáuregui aclaran que aquella concepción federal del Estado de las autonomías mantenía el régimen común, pero con “consorcios tributarios”, no Haciendas autonómicas. También explican que federal no significaba, en aquella propuesta, que cada territorio tuviera, como defiende ERC estos días tras su preacuerdo con el PSC, “la llave de la caja”.

“El federalismo”, afirma Jáuregui, “implica igualdad y solidaridad, sin perjuicio de los hechos diferenciales que pedíamos que se plasmaran en la Constitución”. Jáuregui formó parte del primer gobierno de coalición entre el PSOE y el PNV en Euskadi y recuerda que entonces (1987) la condición que pusieron los nacionalistas vascos —y que aceptó el presidente del Gobierno, Felipe González—, fue “consolidar el sistema de cálculo del cupo que ya había proporcionado claras ventajas financieras al País Vasco”. En aquel momento, prosigue, “había razones muy importantes para dárselo, fundamentalmente, la incorporación del nacionalismo vasco a la lucha contra el terrorismo. Siempre hay razones y yo entiendo las del Gobierno actual. Entiendo que se pretenda que el nacionalismo catalán pierda elementos de reivindicación, puesto que económicamente ya no tendrían razones para la queja. Pero el riesgo de que finalmente se ejecute lo pactado con ERC, que depende de unos trámites legislativos complejísimos y de un debate jurídico también complicado, es que la contribución de Cataluña al sistema [de solidaridad] sería una negociación permanente y en esos casos, el Estado siempre tiene las de perder porque la sartén por el mango la tiene siempre el que da, el que tiene ‘la llave de la caja”. En este caso, de triunfar el acuerdo, el primer dueño de esa llave sería un socialista.

Aquel documento en el que el PSOE abogaba por una reforma constitucional para avanzar hacia un Estado federal implicaba y apelaba “al conjunto de fuerzas políticas”. “Enviamos el texto a Mariano Rajoy”, recuerda Valenciano, “y Alfredo [Pérez Rubalcaba] quiso hablarlo con él, pero Rajoy no veía la posibilidad de que Cataluña se incendiara como luego se incendió y lo metió en un cajón. Nuestro propósito, en todo caso, era que aquella propuesta contara con un nivel de apoyo parecido al que tuvo la propia Constitución”. Tanto Jáuregui como Valenciano coinciden en que el ambiente de crispación actual, “por desgracia”, hace ese debate sosegado y ese consenso imposibles. “En este caso [el del preacuerdo con ERC]”, lamenta la exvicesecretaria general del PSOE, “ha cambiado la metodología: de algo muy participativo, dándole vueltas durante días a un párrafo entre todos, a negociar con ERC lo que ERC necesite. Este es un documento ad hoc para la investidura de Illa; lo otro era una propuesta de reforma constitucional a pactar con todos”.