Sumar calcula que el impuesto a las grandes herencias y el alza fiscal a la inversión recaudará 2.500 millones

El Gobierno tiene que presentar en apenas dos semanas su proyecto de Presupuestos para el año 2025 y Sumar ha echado toda la carne en el asador para intentar incluir en él su ambiciosa batería de propuestas tributarias. “Es imprescindible avanzar en la justicia fiscal para financiar las políticas públicas. El conjunto del país hace un esfuerzo cotidiano enorme para salir adelante y ese esfuerzo no se puede repartir de forma desigual entre quien tiene más y quien tiene menos”, explica el socio minoritario de la coalición en un documento —publicado este lunes— con el que pretende influir en la recta final de las negociaciones. Por eso, gran parte de las medidas expuestas se centra en los grandes patrimonios y en las rentas más elevadas del país. En concreto, Sumar sugiere la creación de un impuesto a las grandes herencias que, sumado a un incremento del IRPF en los tramos más elevados de la base general y la base del ahorro, daría una recaudación anual adicional de 2.500 millones de euros a Hacienda, según avanzan fuentes de la formación. Es un pellizco parecido a los ingresos que se obtienen a través de los gravámenes temporales a energéticas y banca.

En el mismo saco se incluiría la “eliminación” de la exención del IVA en la educación y seguros sanitarios privados, con otros 2.695 millones, y un “gravamen de solidaridad ambiental a aviones privados, yates, coches de lujo y otros bienes suntuarios”, que elevaría los ingresos en 250 millones más. El paquete también incluye cambios de calado en el impuesto sobre sociedades, ampliar el alcance del impuesto de grandes fortunas y diseñar un tributo especial sobre el queroseno, entre otras medidas. En total, prosiguen estas fuentes, sumaría 26.803 millones a las arcas públicas cada ejercicio.

El impuesto de sucesiones y donaciones (ISD), la figura que en España grava las herencias, es de vital importancia para el PSOE y Sumar en la guerra política e ideológica que disputan con el PP y Vox en varios frentes, incluido el fiscal. La razón es que este tributo, como sucede con el de patrimonio, está cedido a las comunidades autónomas de forma íntegra, por lo que los gobiernos territoriales pueden bonificarlo para acabar con él en la práctica. Por regla general, las herencias más comunes entre padres e hijos disfrutan de importantes deducciones que llevan a que el pago sea meramente simbólico. Sin embargo, en los últimos meses, sobre todo tras las últimas elecciones autonómicas, se ha producido una carrera a la baja que ha derivado en importantes descuentos adicionales, tanto en las cantidades más elevadas que se heredan como en el resto de grados de consanguineidad. Por eso, según ha reconocido en varias ocasiones la vicepresidenta primera y titular de Hacienda, María Jesús Montero, el Gobierno estudia una “armonización” que acabe con el “vaciamiento fiscal” de esta figura.

Sumar ha hecho de este asunto uno de sus caballos de batalla y propone un impuesto a las grandes herencias y donaciones —a partir del millón de euros— que funcione con el mismo esquema que el impuesto de grandes fortunas, diseñado para anular las rebajas autonómicas en el impuesto de patrimonio. Así, el nuevo tributo entraría en juego en aquellas comunidades con bonificaciones en el ISD, obligando a los contribuyentes más acaudalados a pagar la cuota al Estado en lugar de a las comunidades. La propuesta, añaden las mismas fuentes, mantiene la escala y la tarifa estatal, con todas las reducciones que están en la normativa vigente. Es decir, los sucesores tendrían que pagar en todos los casos y los territorios, en caso de proseguir con la bonificación, perderían la recaudación potencial en beneficio de Hacienda.

Con este diseño, según cálculos llevados a cabo por el Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF), una sucesión de un millón de euros —una vivienda de 200.000 euros y 800.000 euros en otros activos— estaría sujeta al pago de 221.000 euros en las autonomías que actualmente tienen una bonificación total. Otra de cinco millones llevaría aparejada el pago de más de 1,5 millones y otra de 10 millones tendría una factura de casi 3,3 millones de euros. Gracias a esta medida, el ISD, que actualmente recauda unos 3.000 millones de euros a nivel autonómico, sumaría otros 2.000 millones en ingresos.

Grandes rentas y lujo

Sumar también proyecta en su plan un aumento fiscal en el IRPF a las rentas del capital y el ahorro para gravar con más ímpetu los rendimientos obtenidos a través de los dividendos y las acciones empresariales. El objetivo es acercar paulatinamente su tributación a los niveles que soporta la base general, donde acaban los ingresos del trabajo. Actualmente, las rentas de la inversión se dividen en cuatro tramos y tributan a un máximo del 28%, a partir de los 300.000 euros anuales. La propuesta de Sumar pasa por crear dos tramos más y que las rentas de más de 200.000 euros soporten un tipo del 33%. Con este cambio se sumarían 400 millones en ingresos al año. Adicionalmente, la formación sugiere crear un nuevo tramo para la base general a partir de 150.000 euros y así obtener más recursos de los sueldos más elevados. Esta medida elevaría la recaudación en otros 100 millones.

Los bienes de lujo, puestos recientemente en la diana tanto por el presidente, Pedro Sánchez, como por la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, estarían sujetos a un gravamen de solidaridad ambiental que funcionaría con el mismo esquema que el impuesto de circulación municipal. Es decir, tendría un recargo adicional vinculado a las emisiones de dióxido de carbono, explican las mismas fuentes.

Otro de los frentes que quiere abrir Sumar es el de la fiscalidad empresarial, poniendo el foco en las grandes compañías. Así, el documento plantea elevar la recaudación del impuesto de sociedades procedente de las grandes corporaciones mediante la revisión y reducción las deducciones; la limitación a cuatro años la compensación de pérdidas o deducciones no aplicadas; la eliminación del régimen de consolidación de grupos empresariales; y la supresión de la doble imposición a los dividendos repatriados desde fuera de la Unión Europea. Con todas estas propuestas, la formación del Gobierno calcula que Hacienda podría recaudar 13.000 millones más.