Sumar propone condicionar las ayudas para vivienda a que las comunidades apliquen la ley que limita los alquileres

Sumar ha arrancado este lunes la fase de negociación de Presupuestos con el PSOE con un gran acto en el que la vicepresidenta Yolanda Díaz ha situado la vivienda, los derechos sociales y la fiscalidad como ejes principales. El documento de 36 páginas elaborado por expertos de los cinco ministerios del grupo político recoge algunas propuestas novedosas, como condicionar las ayudas públicas a la vivienda destinadas a las comunidades autónomas a la aplicación de la ley para limitar los precios de alquiler, aprobada en la pasada legislatura y que los territorios gobernados por el PP han rechazado poner en marcha. Sumar propone, además, la prohibición temporal de la compra de pisos para especular en las llamadas zonas tensionadas, es decir, que estos inmuebles solo puedan destinarse a residencia habitual o alquiler asequible; establecer el contrato indefinido como contrato por defecto para las viviendas en alquiler y acabar con los alquileres turísticos ilegales. También plantean un paquete fiscal que estiman que aportaría 27.000 millones de euros a las arcas públicas.

Durante su discurso, Díaz ha marcado como grandes “tareas pendientes” del país la “reducción de la desigualdad” y su “modernización”. “España necesita caminar y eso pasa por tomar medidas que mejoren la vida de las familias trabajadoras de nuestro país”, ha defendido la titular de Trabajo en un discurso en el que ha empujado a los socialistas a no tirar la toalla, pese a la dificultad que encontrarán las Cuentas en el trámite parlamentario. “España no puede ni debe estar a la defensiva. El pueblo de la coalición nos quiere transformando, caminando. España quiere más”, ha incidido.

El socio minoritario del Gobierno se ha esforzado por trasladar este mediodía una imagen de unidad. La titular de Trabajo se ha rodeado en la presentación en el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid de sus cuatro ministros (Ernest Urtasun, Mónica García, Sira Rego y Pablo Bustinduy) y los partidos del grupo parlamentario para exhibir fuerza antes de encarar las conversaciones con los socialistas. Por parte de Sumar, son el ministro Urtasun y el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, los encargados de reunirse con la delegación del PSOE.

Los otros dos pilares del documento presentado se refieren a la conciliación y la fiscalidad. En el primer caso, la coalición izquierdista aboga por una prestación universal por crianza de 200 euros hasta los 18 años, la universalización de la educación de 0 a 3 años, ampliar el permiso por nacimiento a las 20 semanas, la implantación “inmediata” del permiso parental de cuidados retribuido (al menos cuatro de las ocho semanas), extender las ventajas de las familias numerosas a las familias monomarentales y la ampliación de las prestaciones sanitarias en salud bucodental, así como de un programa específico de ayudas directas para la compra de gafas y lentillas. “Decidir tener una familia no puede ser un privilegio. Tenemos que dar las herramientas para que esto no sea así”, ha apuntado Díaz durante su intervención. En pleno debate sobre la reforma de la ley de extranjería, el texto también recoge la necesidad de “reforzar” el presupuesto para la acogida y protección de menores migrantes, con especial atención a los territorios donde la presión es mayor (Canarias y Ceuta), aunque no establece cuantía.

Impuestos

Para sufragar todas estas medidas e incrementar los recursos públicos que financian los servicios del Estado del bienestar, el socio minoritario propone una serie de modificaciones en el IRPF y en sociedades, dos de los impuestos más importantes del sistema fiscal español.

En el gravamen sobre las empresas, Sumar plantea eliminar las exenciones que “distorsionan” el tipo efectivo y que benefician a las grandes compañías, a la par que sugiere cambios de calado como limitar a cuatro años la compensación de pérdidas o deducciones no aplicadas (los conocidos como créditos fiscales); eliminar el régimen de consolidación fiscal, que beneficia a los grandes grupos; y suprimir la deducción por doble imposición de dividendos repatriados desde fuera de la Unión Europea. También anima a conservar íntegramente el diseño del impuesto extraordinario a banca y energéticas.

En Renta, Sumar reclama incrementar los tipos de los rendimientos del capital mobiliario —que gravan la inversión— para equipararlos poco a poco a los del trabajo e incidir en los contribuyentes que más dinero ganan a través de las acciones y dividendos empresariales. Actualmente, estas ganancias se dividen en cuatro tramos y tributan a un máximo del 28%, a partir de los 300.000 euros anuales. El socio de la coalición quiere crear dos tramos más y que las rentas de más de 200.000 euros soporten un tipo del 33%.

El documento también plantea modificar el impuesto a las grandes fortunas (puesto en marcha para neutralizar las bonificaciones autonómicas en el de patrimonio) para gravar las riquezas valoradas en más de 1,7 millones de euros, ya que actualmente el tributo empieza a funcionar a partir de los 3,7 millones de patrimonio neto. En esta línea, también llama a crear una figura similar que actúe sobre las bonificaciones regionales en el impuesto de sucesiones y donaciones, con el objetivo de cortar de raíz las rebajas fiscales a las herencias que superan el millón de euros.

Además, se pone sobre la mesa un reequilibrio del IVA para incluirlo en la educación y seguros sanitarios privados, así como reducirlo en productos y servicios básicos; eliminar los privilegios fiscales de la Iglesia Católica, incluyendo la obligación de pagar el IBI; y una vuelta de tuerca a la fiscalidad verde y especial: entre otros detalles, plantea “un gravamen de solidaridad ambiental a aviones privados, yates, coches de lujo y otros bienes suntuarios”.

Financiación autonómica

En su documento, la formación recoge que los PGE de 2025 han de servir también para “profundizar en el impulso del reequilibrio territorial”. En línea con los compromisos adquiridos ya en el acuerdo de Gobierno sellado con el PSOE hace un año, el texto defiende el impulso “inmediato” de la reforma y actualización del sistema de financiación autonómica y que, mientras este no llegue, se garantice a los territorios infrafinanciados, como la Comunidad Valenciana o Andalucía, o aquellas con mayor dispersión poblacional como por ejemplo Aragón, “la prestación de los servicios públicos al mismo nivel que el resto del Estado”. En este apartado, a la hora de abordar la reestructuración de la deuda de las comunidades, Sumar propone que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) calcule, en el plazo máximo de seis meses, los déficits de financiación que han soportado las autonomías.

Estas Cuentas son fundamentales para Sumar: representan una oportunidad para desarrollar su “agenda política” después de meses de una legislatura casi en parálisis y con la crisis en su liderazgo tras los malos resultados electorales y el paso a un lado de Díaz como coordinadora del partido. La formación lleva meses diluida en la coalición con el PSOE, sin apenas protagonismo y con poco margen de maniobra, al estar el Ejecutivo atado por una mayoría parlamentaria muy compleja, y que depende de la posición voluble de Junts para obtener el visto bueno a sus leyes. Precisamente, su postura es la que complica aún más la aprobación de los Presupuestos.

Aunque el Gobierno se ha comprometido a llevar el borrador al Congreso en las próximas semanas para negociar con los grupos, distintas voces del Ejecutivo no ocultan su preocupación y nadie descarta la opción de prorrogar una vez más las Cuentas para el próximo año.