El Gobierno saca adelante en el Congreso la reforma fiscal con los socios de izquierda y derecha

Apenas unos segundos después de que la líder de Podemos, Ione Belarra, culminara su intervención crítica con el Gobierno en el pleno del Congreso sobre cómo se había llevado la negociación para la reforma fiscal se anunció el acuerdo entre esa formación y el Ejecutivo que desbloqueaba la votación y despeja de nuevo otro reto de esta compleja legislatura. El resultado final de la votación se resolvió poco después de las cinco de la tarde, con 178 votos a favor y 171 en contra, pero la posición contraria hasta esta misma jornada de Podemos y sus cuatro diputados era la que situaba esa ley en el aire y dejaba en una posición precaria al Gobierno de cara a los Presupuestos del Estado para 2025. Podemos exigió y logró un compromiso del Ejecutivo de que impulsará antes de que acabe este año una ley que contenga un impuesto para las grandes compañías eléctricas, como reclaman otros socios de izquierdas, pero que miran con recelo en Junts y PNV, y rechazan PP y Vox. La nota del pacto especifica que este tributo debe ser compatible con no gravar las inversiones que se comprometan con la descarbonización, tal y como se acordó con el partido de Carles Puigdemont. Al final de una sesión con muchos momentos de tensión y graves cruces de acusaciones de corrupción, tras las denuncias formuladas por el empresario cabecilla del caso Koldo en la Audiencia Nacional contra el PSOE, el presidente Pedro Sánchez compareció brevemente para agradecer el resultado del acuerdo fiscal en beneficio de los servicios públicos en general y en concreto para las actuaciones de reparación por la dana.

El acuerdo alcanzado sobre la campana del PSOE y Podemos supone un compromiso para el Gobierno de “impulsar una nueva proposición de ley que contenga un impuesto a las empresas energéticas” y especifica que “con ese objetivo, en los próximos días se constituirá una comisión negociadora con participación de todos los partidos políticos necesarios para aprobar esta reforma para conseguir el consenso necesario para aprobar este impuesto”. El pacto precisa que “si no se consiguiera ese consenso antes del 31 de diciembre, el Gobierno aprobará un Real Decreto Ley con la prórroga del gravamen a las empresas energéticas para el año 2025″. Esa salida no es bien vista por Junts pero al menos desbroza algo el calendario de sufrimientos parlamentarios del Ejecutivo, que debería retomar las negociaciones pendientes para los Presupuestos de 2025 precisamente en enero.

El presidente Sánchez se agarró a esos aspectos positivos tras una nueva larga y dura jornada política para el PSOE, al conocerse las acusaciones del empresario Víctor de Aldama y la demora estratégica de Podemos en su táctica de copiar cada vez de manera más evidente “el método Junts” de acogotar al Ejecutivo con negociaciones bilaterales ley a ley, proyecto a proyecto y día a día. El jefe de Gobierno se paró unos minutos ante un enjambre de cámaras y micrófonos y destacó como lo más importante del día que había salido adelante “una fundamental reforma fiscal para financiar y fortalecer los servicios públicos” y más, ahora, “después de lo que ha sucedido en Valencia con esa dana” porque entiende que servirá para prestar más protección al estado del bienestar. El líder socialista agradeció el esfuerzo de la coalición y sus socios progresistas. Y luego apuntó a que ese paquete fiscal se fijará más en las grandes empresas, corporaciones y entidades financieras para “exigirles por parte de la administración algo más de esfuerzo para financiar esos servicios públicos”. Sánchez destacó ahí que con este “hito” España seguirá siendo el primer país en ejecutar los asignados fondos europeos, lo que le permite disponer de cifras de crecimiento que organismos como la OCDE acaba de marcar en el 3,4% del PIB, “es decir el doble de la media de los principales países desarrollados”.

Ahora queda por averiguar hasta dónde llega realmente este acuerdo. En el Gobierno y el PSOE son optimistas incluso de cara al aplazado diseño de los Presupuestos, pero en el camino para impulsar este paquete fiscal ha sembrado mucha desconfianza en su bloque de investidura. Y a Podemos cada vez más lejos. La dirección de la formación morada especificó tras comunicar este particular consenso que “esta estrategia habrá de ser compatible con no gravar las inversiones que se comprometan con la descarbonización, en línea con el comunicado publicado por el Ministerio de Hacienda el lunes 18 de noviembre”. Y añadieron: “La complejidad técnica de este impuesto y la necesidad de hacer un análisis riguroso de esta figura tributaria hace necesario seguir trabajando con los grupos para la justa contribución de este sector”.

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, también quiso resaltar en los pasillos de la Cámara la relevancia del acuerdo cuando se le preguntó si ahora podría provocarse un desmarque por parte de Junts, que ya ha adelantado que si se recupera en un futuro decreto ese tributo a las eléctricas no lo refrendará cuando se lleve su convalidación a la Cámara baja. “Quiero decirles que afortunadamente para el país tenemos acuerdo para la reforma fiscal, lo que permitirá que nuestro sistema fiscal sea más justo, más redistributivo y también tenga recursos que permitan blindar el Estado del Bienestar, la seguridad de los ciudadanos con circunstancias como las que hemos conocido durante estos días tan gravísimas para este país como ha sido la dana”, fue su argumentario.

Montero ratificó que ahora se creará esa comisión en la que estarán el Partido Nacionalista Vasco, Junts, Esquerra Republicana de Cataluña, Bildu, el BNG, Coalición Canaria, el PSOE y Sumar. También vaticinó que se van a fijar todos los esfuerzos en cerrar ese nuevo decreto antes del 31 de diciembre. La titular de Hacienda aprovechó para destacar que el camino abierto para refrendar este pacto fiscal supondrá unos mayores ingresos, que se estiman por encima de los 5.000 millones, y también para cumplir con las obligaciones europeas, lo que facilitará la recepción del quinto desembolso de los fondos europeos, que están cifrados en más de 7.000 millones.

La portavoz de Junts, Míriam Nogueras, saltó también de inmediato para especificar que el único acuerdo bueno y completo que saldría adelante este jueves de todos los que se han propagado en estos días era el suyo y no quiso adelantar si participarán en la comisión que el Ejecutivo quiere crear ahora para ver cómo encarar en el futuro la recuperación del impuesto a las eléctricas. Mientras hablaba a las cámaras Nogueras salía del hemiciclo Rufián, que observó el panorama y volvió a entrar en el salón de plenos. Al rato compareció también Rufián para proferir una de las quejas más recurrentes en estos días de distintos socios progresistas del Gobierno sobre la forma en la que lleva in extremis este tipo de negociaciones: “Algún día lo van a pagar”.

En el PNV tampoco sentó nada bien el procedimiento final para llegar al acuerdo de este jueves. Fuentes de ese grupo parlamentario vasco indicaron así que nadie había hablado con ellos de lo suscrito entre el PSOE y Podemos y añadieron: “El PNV verá cuando se cree esa comisión negociadora que al parecer han pactado PSOE y Podemos cuál es la posición que fija en base a la propuesta impositiva que se haga y a la posterior negociación”.

Fuentes de Podemos han relatado que después de días de intensa negociación, el acuerdo político con Bolaños se ha alcanzado este jueves a las diez de la mañana, un par de horas antes de que se iniciara el debate en el Congreso. Las mismas fuentes insisten en que tienen el compromiso por escrito del Gobierno de que Junts ha aceptado a sentarse a negociar y que haya un impuesto. Belarra también cuestionó los modos y maneras de estos días del Ejecutivo como “esperpénticos” al “querer colar por puerta de atrás” reformas fiscales que deberían ser más ambiciosas. Podemos lamentó así que el Gobierno hubiera intentado y cerrado acuerdos primero con partidos de la derecha parlamentaria, como Junts y PNV, en vez de con sus aliados de izquierdas.

Desde EH Bildu sí anticiparon su disposición a seguir negociando y trabajando, “como hemos hecho desde el primer momento, para lograr que las empresas energéticas sigan pagando lo que les corresponde. Nos alegramos de que finalmente todas las fuerzas de izquierdas se hayan sumado al acuerdo que alcanzamos el lunes con el Gobierno español”.