Gravamen a la banca, impuesto energético y subida al diésel: los tres escollos fiscales más inmediatos del Gobierno

El tiempo aprieta. El fin de año está a la vuelta de la esquina y el Gobierno tiene varios asuntos pendientes en materia fiscal que pretende finiquitar cuanto antes, aunque asume que la brecha abierta en el bloque de investidura complicará sus planes. Ya tiene previsto aprobar el próximo lunes por decreto, en el último Consejo de Ministros de 2024, un nuevo impuesto energético tras encajar una sonora derrota política en el Congreso, que ha derogado el gravamen vigente gracias a una alianza entre Junts, PNV y el PP. Sabe, sin embargo, que el tributo ya está herido de muerte, pues los votos no suman para tramitarlo después en las Cortes. También deberá abordar la subida fiscal del diésel, un compromiso asumido con Bruselas para desbloquear una nueva entrega de fondos europeos, y corregir un fallo técnico en el impuesto a la banca. Todo ello, con las hojas del calendario que van cayendo y en un ambiente político de máxima incertidumbre: el Ejecutivo, sin mayoría, tiene que hacer constantes malabares en cada votación para contentar a sus socios tanto del ala derecha como izquierda.

El impuesto a las energéticas es la medida más peliaguda en perspectiva política. Aunque es muy improbable que siga adelante, protagoniza desde hace meses un pulso entre las formaciones —tan distintas— que avalaron la investidura de Pedro Sánchez. Podemos lo exige y ha arrancado al Gobierno el compromiso de que se apruebe. En caso contrario, ha amenazado que se lo cobrará de cara a la negociación de los Presupuestos de 2025, vitales para la supervivencia de la legislatura y que aún no se han presentado porque el Ejecutivo no tiene atados los votos suficientes para que prosperen en las Cortes. La izquierda soberanista de ERC, EH Bildu y BNG también presiona para que el gravamen se mantenga, mientras que PNV y Junts no dejan de exhibir su rechazo frontal al tributo, que recaudó unos 1.164 millones este año.

El tributo se creó en 2022 con una duración de dos años —es decir, hasta finales de 2024— para gravar los beneficios extraordinarios registrados por el sector tras la espectacular subida de los precios de la energía, una espiral exacerbada por la invasión rusa de Ucrania. Y desde el principio se convirtió en un culebrón. Ya antes de ver la luz causó revuelo en la arena parlamentaria y puso a las compañías en pie de guerra; después llegaron los recursos del sector empresarial, las presiones de las formaciones por ambas bandas, los plantones de los partidos a las comisiones negociadoras y, finalmente, el compromiso del Ejecutivo a mantener el gravamen más allá de 2024, aunque revisándolo.

Hace justo un año, la entonces ministra para la Transición Ecológica y ahora comisaria europea, Teresa Ribera, abrió la puerta a modificar la figura para adaptarla a la nueva coyuntura, pues los precios se han moderado, integrarla en el sistema fiscal como impuesto —se aprobó como prestación patrimonial no tributaria, una especie de compensación— e incluir bonificaciones para las inversiones en renovables.

El movimiento intentaba convencer a Junts y PNV, espoleados por las grandes empresas vinculadas a sus territorios —Cepsa en Cataluña, Iberdrola o Repsol en el País Vasco—, que amenazaron con trasladar sus proyectos al extranjero y recurrieron a los tribunales. Ante las dificultades para llegar a un acuerdo, el Gobierno sacrificó el tributo del paquete fiscal que el jueves recibió luz verde en el Congreso, que ya de por sí se ha quedado descafeinado: incluye medidas como el tipo mínimo del 15% a las multinacionales y endurece la tributación de las rentas del ahorro, entre otras cosas, pero deja fuera iniciativas como la subida fiscal a las sociedades de inversión inmobiliaria (socimis) o la supresión de la exención del IVA de los pisos turísticos, previstas inicialmente. A la vez, el Ejecutivo prometió al ala izquierda del bloque de investidura prorrogar el gravamen a las energéticas actualmente vigente y a la vez trabajar en la creación de un nuevo impuesto que lo sustituyera. Un esfuerzo que, de momento, ha caído en saco roto.

La última riña se produjo el pasado jueves en el Congreso: el PP había logrado introducir una enmienda en el Senado, donde tiene mayoría, que deroga el impuesto temporal a las energéticas ahora vigente. Gracias al apoyo de Junts y PNV, la iniciativa de los populares ha prosperado y ha quedado fuera de juego la posibilidad de extender el gravamen vigente. El Gobierno, sin embargo, ha anunciado que respetará los acuerdos con sus socios de izquierda y aprobará un decreto ley para que el impuesto siga en vigor el 1 de enero de 2025 —incorporará los cambios antes mencionados que ya estaban previstos para la prórroga—. Pero es consciente de que esta fórmula no garantiza su permanencia: a los 30 días, cuando el decreto caduque, no podrá convalidarlo en el Congreso sin los votos de PNV y Junts y se volverá a la casilla de salida.

La subida fiscal del diésel también protagoniza desde hace años un tira y afloja en campo parlamentario. El Gobierno, que prevé con ella recaudar unos 1.500 millones adicionales, ya había intentado incluirla en los Presupuestos de 2021, pero el PNV se opuso. Esta medida pretende eliminar la bonificación de la que el gasóleo se beneficia en comparación con la gasolina y es una de las medidas que exige Bruselas para desbloquear el quinto pago de los fondos europeos, solicitado este viernes. La Comisión Europea da plazo hasta marzo para aprobarla; en caso contrarió, minorará el importe del tramo. A diferencia del impuesto a las energéticas, sí se incluyó en el paquete fiscal recién aprobado, pero decayó en la primera votación en el Congreso celebrada en noviembre, pues Podemos no la apoyó alegando que iba vinculada a una enmienda que incluía otros cambios que consideraba negativos. El Ejecutivo aprobará la subida el lunes en el Consejo de Ministros, esta vez sí confiado en que tenga recorrido.

Corrección

El impuesto a la banca, también aprobado en 2022 junto al energético, con el mismo esquema —como prestación patrimonial y duración de dos años—, sí ha sobrevivido al examen de las Cortes. Se votó con el paquete fiscal, aunque con modificaciones con respecto al original negociadas con Junts y el PNV. El gravamen tendrá una duración de tres años y se aplicará sobre el margen de intereses y comisiones. Su tipo impositivo, antes el 4,8%, será ahora progresivo en función de la base liquidable de la entidad y, en el caso de País Vasco y Navarra, será cedido a las haciendas forales. También se incluye una deducción del 25% de la cuota del impuesto de sociedades, y otra extraordinaria si la entidad sufre una caída importante en su rentabilidad. Sin embargo, el Gobierno tiene pendiente subsanar un fallo técnico en su redacción.

El texto aprobado implica una doble imposición contable que ha puesto en alerta las entidades y el supervisor bursátil: los bancos deberían apuntarse en el mismo ejercicio, el de 2024, tanto el gravamen temporal como el nuevo tributo. Es decir: aunque en la práctica se abonen en dos ejercicios distintos, queda registrado un doble asiento contable. “Es un problema, porque lo que valen son las cuentas, que se auditan. Este fallo puede suponer un aprieto, porque obliga a las empresas a dar explicaciones al mercado, a los inversores y los accionistas”, resumen fuentes del sector bancario. Si la corrección no se aprueba el lunes —no está aún confirmado—, el Gobierno tendrá una tarea más para el año que viene, que también se prevé de alto voltaje.