Dana: panorama para después de la tragedia

Una dana tremenda y anormal: una ola arrasadora especialmente en el río Magro y en el barranco del Poyo que hace justo dos meses pasó de 264 a 2.282 metros cúbicos por segundo en muy pocas horas. El caudal del río Ebro encajonado en un barranco que normalmente va seco pasando por la localidad de Paiporta y llevándose todo lo que encontraba por delante. El Ministerio para la Transición Ecológica estimó que 107 sistemas de depuración (la mitad de los de la provincia de Valencia) quedaron inutilizados, arrasados por la dana, con lo que las aguas fecales acabaron en los ríos Júcar y Turia y en la Albufera de Valencia. Ha habido 230 muertos, la magnitud del sufrimiento es enorme y los daños económicos significativos. El Banco de España, en el Informe de Estabilidad Financiera de otoño, cifró en 20.584 millones de euros la exposición máximo al riesgo de la banca española. Del total, 13.542 millones de euros corresponden a hogares (10.047 millones en hipotecas) y 7.042 millones a empresas. Expertos de la Universidad de Valencia analizaron que la dana golpeó a más de 70 municipios especialmente importantes para la economía regional y nacional. Estos municipios suponen el 34,5% del PIB provincial y el 22% del de la Comunidad Valenciana. Por ello, el Banco de España cuantifica una contracción de 0,22 puntos porcentuales del PIB en el último trimestre de 2024.

Ante la magnitud de estas catástrofes, se buscan responsables directos e indirectos. Recurrir a la equidistancia suele ser una estrategia a implementar, pero no revela la evolución objetiva de los hechos ni es justa: las responsabilidades no son equidistantes. En el caso que nos ocupa, los sistemas de predicción meteorológica informaron una y otra vez a las autoridades de que el fenómeno que venía era extremo. Pero las autoridades autonómicas no avisaron a los ciudadanos a tiempo. Los sistemas de predicción y las alertas de riadas de la Confederación Hidrográfica del Júcar no sirvieron para que se produjera una respuesta sobre el terreno de las autoridades regionales o la mayoría de las municipales. Una parte importante de lo que llamamos Estado advirtió en tiempo y forma sobre lo que se avecinaba; otra parte desoyó o minimizó tales anuncios. En suma: en un Estado descentralizado, la comunicación y las alertas no fueron suficientes para que, sobre todo la Generalitat valenciana, pusiera en marcha los protocolos necesarios para avisar a la población. Probablemente, los daños materiales se hubiesen producido, pero no los humanos, tal y como se observó en la segunda dana acaecida pocos días después de la primera, en la que sí se atendió a lo que advertía la Aemet.

Pero, además, otros aspectos que corresponden a fases previas al desastre deben ser resaltados. Algunos ejemplos:

— El sistema financiero no ha sabido dar señales de mercado para que no se construyera en zonas inundables.

— Los sistemas de seguros, las hipotecas y los créditos no han tenido en cuenta los riesgos asociados a las modificaciones del clima, con más inundaciones y sequías más prolongadas.

— El urbanismo desorbitado y una ocupación del territorio abusiva han tomado las llanuras de inundación y han encajonado los cursos de agua, con la consecuencia de que el agua no encuentra sitio para expandirse, aumenta en velocidad y volumen y se lleva todo a su paso.

— Se ha construido al lado de los ríos y barrancos, porque se pensaba que los embalses nos daban seguridad y podían con todo.

En definitiva, no se ha entendido que la anticipación y la gestión del riesgo son y tienen que ser una parte fundamental de la adaptación al cambio climático. La sociedad ha reaccionado con cuerpos de voluntarios cuya actuación solidaria debe aplaudirse y enaltecerse. Pero todo esto, de importancia capital, no sería suficiente sin la actuación del Estado en todas sus manifestaciones: cuerpos de policía de todos los territorios de España, UME, ejército, bomberos, el Gobierno central poniendo los medios para responder a la crisis y para ayudar a estos pueblos a recuperarse frente a la devastación. Los datos son claros: el Gobierno ha habilitado presupuestos de gasto y ayudas para empresas, ciudadanos y ayuntamientos estimadas en 16.600 millones de euros. Son paquetes complejos de, entre otras, ayudas directas a los ciudadanos para sus viviendas y bienes; de carácter fiscal y crediticio para las empresas y los trabajadores, y destinadas a los ayuntamientos para las labores inmediatas de limpieza y reparación. Importante: sin pago de intereses y sin devoluciones posteriores. Hay que resaltar todo esto y arrinconar tergiversaciones intencionadas.

Organizaciones como la Fundación Nueva Cultura del Agua han publicado propuestas para prevenir y reducir los daños por inundaciones. Defienden actuar de manera urgente para adaptar nuestro estilo de vida a la nueva situación de cambio climático: respetar las zonas inundables y rediseñar los planes urbanos municipales en función de la realidad, lo que por ejemplo supone eliminar viviendas en zonas de alto riesgo de inundación. De hecho, se apuesta por devolver espacio a los ríos, regresarles a su espacio habitual de desbordamiento. Y, a la vez, recuperar la red de drenaje natural, eliminada o gravemente alterada por una agricultura intensiva que explota la máxima superficie posible, e implantar sistemas de drenaje urbano sostenibles para reducir la impermeabilización del suelo.

De acuerdo con la Asociación de Operadores Públicos de Agua (Aeopas), urge elaborar guías para desarrollar planes de emergencia municipales y para que los planes de urbanismo estén obligados a incluir catálogos de riesgos de los planes de emergencia. Existen ejemplos de éxito en que se ha fomentado la autoprotección de los ciudadanos en Navarra, así como en otros países. Se han recuperado las propuestas que hizo en 2007 la Confederación Hidrográfica para la gestión de los riesgos de inundación en la rambla del Poyo con reforestación y construcción de micropresas y corredores para desviar el agua al nuevo cauce del Turia. En definitiva, resulta esencial que no se financie la reconstrucción de viviendas en las llanuras de inundación; que los ayuntamientos hagan permutas de suelo para quedarse con las zonas edificadas en las llanuras de inundación y que den suelo público o licencias para relocalizar las viviendas y actividades que las ocupaban; que se revisen y se replanteen los planes urbanísticos de una vez por todas, y que las instituciones financieras habiliten protocolos que eviten construir en las zonas inundables. Hay que asegurar que la información sobre los riesgos climáticos se incorpora a las decisiones de las instituciones financieras.

Junto a ello, es necesario que se habilite un sistema para que las alertas no puedan ser desoídas, y protocolos para que la Aemet y las confederaciones informen directamente a los ayuntamientos, asegurándose de que avisan a los ciudadanos para que se protejan. El negacionismo climático no puede significar jugar con las vidas de los ciudadanos. Y, además, preparar a la población en los centros educativos a todos los niveles, desde la infancia a la universidad, para la gestión del riesgo, y trabajar con los medios de comunicación para mejorar la información.

En síntesis, una planificación estratégica que tenga en cuenta que los episodios derivados del cambio climático van a ser recurrentes, y que urge estar preparados para enfrentarnos a ellos. Hay que recordar la adaptación transformacional que propone el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés): una adaptación que va más allá de los cambios incrementales en los sistemas existentes; una adaptación que implica transformaciones fundamentales en la forma en que diseñamos, planificamos y gobernamos la resiliencia climática en sectores como el agua y el desarrollo urbano.