Las alertas tempranas salvan vidas

Milton, el último huracán de la temporada que cruzó la península de Florida sobre la ciudad de Tampa, con vientos superiores a los 200 kilómetros por hora, causó 16 fallecidos. La gota fría en el Levante español (ahora llamada dana) ha causado hasta la fecha más de 200 muertos. Ambos desastres tienen en común una sola cosa: los sistemas de alerta temprana y monitoreo predijeron con una semana de anticipación los dos fenómenos.

No hay un desastre igual a otro, y la gestión de este tipo de fenómenos súbitos y extremos es compleja porque desborda cualquier previsión. Tampoco hay ninguna inundación que se parezca a la anterior, pero en el Levante español llueve sobre mojado. La experiencia debería haber sido un activo para reducir el impacto y aprender del pasado en una zona que sufre inundaciones de manera recurrente.

Las imágenes, testimonios e informaciones durante los primeros días de la catástrofe transmiten un estado de caos impropio de la cuarta economía de la eurozona, y un ruido insoportable sobre el reparto de responsabilidades entre el Gobierno central y el autonómico. El debate sobre competencias centro-periferia en medio del barrizal y sobre la desidia institucional de unos y otros no responde a las necesidades, y debería haber sido sustituido por la búsqueda de la eficiencia, priorizando el uso urgente de todos los recursos del Estado, en un evento climático que ha sobrepasado la capacidad municipal y autonómica. Un simple sobrevuelo en helicóptero de las autoridades con un equipo de expertos en evaluación de daños en las primeras horas de la mañana hubiera bastado para determinar la gravedad y magnitud de la situación y activar los mecanismos legales adecuados. Mientras, decenas de personas siguen desaparecidas (sin una lista oficial publicada a estas alturas) y quienes han sobrevivido han carecido de agua, alimentos, medicinas y servicios básicos durante días. Todo ello a escasos kilómetros de la tercera ciudad de España, Valencia, con experiencia en organizar elegantes competiciones internacionales de vela o grandes premios de fórmula 1.

En 2022, el secretario general de Naciones Unidas lanzó una iniciativa específica llamada Early Warnings for All (Alertas Tempranas para Todos) con el objetivo de concienciar a los gobiernos y a las comunidades sobre la importancia de desarrollar sistemas de alerta temprana integrales, que permitan al personal humanitario, a los cuerpos de respuesta y rescate y a las comunidades en riesgo actuar de forma anticipada con apoyo, recursos y decisiones informadas antes del impacto. El objetivo es claro: salvar vidas, proteger los medios de subsistencia y preservar la dignidad. Nada de esto ha ocurrido en España.

Las alertas basadas en pronósticos salvan vidas solo cuando son usadas para poner en marcha acciones tempranas. De nada sirven las alertas si no son asumidas como un llamamiento a la acción. La integralidad reside en conectar cuatro elementos: pronósticos, alertas, recursos (financieros y humanos) y planes de contingencia. Evacuaciones preventivas, mensajes claros vía SMS u otros medios, despliegue de equipos de evaluación, asistencia y rescate preimpacto (como, por ejemplo, la Unidad Militar de Emergencias o los cuerpos de bomberos), refuerzo de infraestructuras críticas (carreteras, vías de tren, sistemas de alcantarillado), posicionamiento de bienes humanitarios, preparación de albergues y protección de medios de vida (en este caso, locales comerciales y negocios familiares que podrían haber sido protegidos para mitigar el impacto) son acciones básicas que deben involucrar a todas las administraciones. Ha quedado claro que en uno de los países más descentralizados de la OCDE siguen siendo las Fuerzas Armadas la única institución con músculo y capacidad logística para responder a esta crisis en los primeros momentos.

En la crisis del Levante español, la Aemet (la Agencia Estatal de Meteorología) anunció con días de antelación la llegada de un fenómeno extremo, y fue especialmente enfática en la mañana previa al impacto, alertando del amplio potencial destructivo de las lluvias e inundaciones. Se desconoce por qué esas alertas e informaciones no fueron canalizadas hacia las alcaldías y cuerpos de seguridad en tiempo y forma, activando acciones anticipatorias por las autoridades autonómicas. También se desconoce por qué Protección Civil y otras administraciones del Estado a nivel central permanecieron expectantes sin actuar frente a la alerta roja. Miles de personas esperaban la mayor tromba de agua en décadas, desarrollando sus actividades cotidianas, sin ser conscientes que sus vidas estaban en alto riesgo. La coordinación entre administraciones brilló por su ausencia.

Las alertas tempranas actúan como disparadores del marco normativo para la gestión de los desastres, ordenando el ciclo de la preparación y la respuesta. El fortalecimiento de la gobernanza para gestionar el riesgo de desastres fue una de las cuatro prioridades de acción plasmadas en el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030, instrumento suscrito por los países miembros de la ONU, incluida España. Este acuerdo global enfatiza la necesidad de contar con una visión clara, planes, leyes, reglamentos y procedimientos que den pie a una toma de decisiones coordinada entre las administraciones para reducir el riesgo y gestionar los desastres de manera efectiva. En el caso que nos ocupa, la descoordinación y el desconcierto operativo están íntimamente conectados con el equilibrio político que unos y otros hacen del marco legal para eludir responsabilidades frente a la opinión pública.

La mayor emergencia de la historia reciente de Valencia y de España no alcanza, sorprendentemente, para ser considerada de nivel tres (máximo nivel) por la Administración autonómica, lo que permitiría no solo el control de la emergencia por el nivel central, sino el desembolso de más recursos y medios. Contradictoriamente, el nivel central ha movilizado a casi 15.000 miembros de las Fuerzas Armadas y de seguridad, en el mayor despliegue en tiempos de paz en España, sin declarar, sorprendentemente, una emergencia nacional. Este proceder de las autoridades nacionales y autonómicas resulta cuando menos confuso y pone en evidencia la alta politización de la respuesta, mientras muchos damnificados autogestionan sus necesidades.

Esta crisis pone de manifiesto que los aspectos estructurales de la gestión del riesgo en España merecen mayor atención. España ha sido activa en los foros internacionales en relación con la agenda del cambio climático, pero parece haberse olvidado de hacer las tareas dentro de casa. El ordenamiento territorial y un análisis prospectivo del riesgo deben ser la base de toda política pública. La construcción desmedida, la modificación de los cauces de los ríos, la degradación ambiental, el abandono del mundo rural y un uso irresponsable del territorio están entre los principales factores que exponen a las comunidades a la muerte. Es necesario que el proceso de recuperación y reconstrucción de este devastador desastre sea planificado de manera sensible al riesgo, considerando los cambios en el clima. Solamente así se logrará reducir el riesgo futuro y fortalecer la resiliencia de las comunidades expuestas. Los desastres no son naturales.