Argentina, Uruguay y Chile: una invitación a recordar las dictaduras del Cono Sur

Este 2023 es de esos años en que el pasado llama a la puerta: mientras Chile y Uruguay recuerdan 50 años de sus respectivos golpes de Estado, Argentina cumple 40 desde la recuperación de su democracia. Estos países, junto a otros de la región, sufrieron rupturas democráticas en su pasado reciente en las que se produjeron graves violaciones de derechos humanos contra decenas de miles de personas.

Dicho de otro modo: con recursos estatales, las dictaduras de la época se dedicaron no solo a amilanar la disidencia, sino a erradicarla. Para ello ilegalizaron partidos y organizaciones, forzaron el exilio de miles de personas, censuraron medios de comunicación y se sirvieron de prácticas aberrantes como ejecuciones sumarias, tortura y desapariciones forzadas que, con niveles de sofisticación y crueldad aterradores, destruyeron las vidas de las víctimas, sus familias y comunidades enteras. Recuerdo cómo, durante mi juventud, los informes sobre estas terribles violaciones de derechos humanos en estos países me influyeron y fueron determinantes en mi decisión de dedicar mi vida a los derechos humanos.

No es antojadizo evocar estos hechos, pues su huella e impacto negativo han marcado las sociedades y persisten hasta nuestros tiempos. Como subrayé hace algunas semanas con ocasión de un evento organizado por mi Oficina para América del Sur, en Santiago de Chile, reconocer, aceptar y abordar un pasado de abusos requiere fortaleza, compromiso, y sociedades decididas a recorrer un camino que no siempre es fácil.

Es natural y loable que las víctimas, familias y organizaciones insistan, incansables, en su búsqueda de verdad y justicia. Porque seamos francos: a usted y a mí nos recorre un escalofrío solo de pensar que se nos pueda arrebatar un ser amado para no verlo nunca más, justamente a manos de quienes se supone tienen el deber de protegernos. No se trata de rencor, es tener que esperar durante más de 40 años esa llamada explicando qué pasó. También que el tiempo es inexorable, que tanto familiares como perpetradores están envejeciendo -llevándose consigo, impunes, información valiosa sobre la verdad de lo ocurrido-. Por eso, es esencial la labor activa y decidida de los Estados y las sociedades.

Todos estos son asuntos del presente. Por ejemplo, en junio se encontraron restos óseos de una mujer en el llamado Batallón 14 en Uruguay. Cada cierto tiempo, casos como este nos recuerdan la crueldad vivida por estas sociedades. Solo con la memoria de este pasado se puede dar paso hacia una sociedad más democrática, sólida y justa.

Este año, el pasado nos obliga a valorar las democracias de la región que, gracias al impulso de muchos actores, como la sociedad civil, han reconstruido sus instituciones y contribuido al desarrollo del derecho internacional en la materia. Sin embargo, la falta de respuestas suficientes de las autoridades sobre las violaciones de derechos humanos es una deuda con las víctimas, y también con toda la sociedad.

La historia muestra que los países del Cono Sur han logrado avances importantes en algunos aspectos de la justicia transicional en las primeras décadas post dictaduras. Estos logros han influido y marcado en gran medida el campo de la justicia transicional y han sido un ejemplo que otros países del mundo han seguido. Es importante que las autoridades, junto a las víctimas y otros sectores de la sociedad civil, intensifiquen el esfuerzo de hoy con el espíritu y la dedicación de aquellas décadas.

Para abordar este pasado, los Estados deben avanzar en todos los pilares de la justicia transicional.

La verdad, para entender lo que pasó. Se debe levantar el sigilo de los archivos -incluyendo de las fuerzas armadas- y revelar la información que dé cuenta sobre las violaciones ocurridas, especialmente a las víctimas y familiares. Pero también los relatos oficiales deben ser más explícitos en señalar y condenar las atrocidades de la época.

La justicia, para combatir a la impunidad. Algunas leyes de amnistía siguen vigentes o en algunos países falta que su legislación incorpore los crímenes de lesa humanidad. También existen retrasos no razonables en las investigaciones o procesos penales, lo que muchas veces conlleva una revictimización.

La reparación, para resarcir el daño. Las normas y políticas deben ajustarse para brindar reparación integral, y las víctimas no deben verse enfrentadas a escoger entre reparación o pensiones.

Y las garantías de no repetición, para reforzar el Estado de Derecho y la democracia. Sin libertades, participación, independencia judicial, control civil de las entidades encargadas de hacer cumplir la ley y una lucha decidida contra la corrupción, nos arriesgamos a que se socave la confianza en esas instituciones democráticas reconstruidas con mucho esfuerzo.

Hace mucho más tiempo, en 1948, la comunidad internacional adoptó la Declaración Universal de Derechos Humanos, instrumento civilizatorio sin parangón que, fundado en la dignidad y la igualdad de todas las personas, trajo esperanza a un mundo de posguerra que renacía de las cenizas.

Las sociedades de esta región merecen sanar y cimentar su futuro en la dignidad humana. Como Alto Comisionado, y a la luz de la Declaración Universal, este año he propuesto a los Estados Miembros de las Naciones Unidas revitalizar su compromiso con los derechos humanos mediante acciones concretas y significativas. Los Estados presentarán esos compromisos el próximo diciembre en Ginebra, Suiza.

Este año conmemorativo es una oportunidad para que los Estados del Cono Sur renueven su compromiso con la justicia transicional: ratificando tratados o ajustando leyes, lanzando nuevos o mejorados programas de búsqueda o de reparación, creando contenidos educativos sobre el pasado reciente, las opciones son múltiples. Incluso pueden comprometerse a construir mecanismos de cooperación transnacional, ya no para articular la barbarie sino para intercambiar las valiosas experiencias de cada país en derechos humanos.

A 75 años de su adopción, y en un mundo enfrentado a nuevos desafíos, les invito a revitalizar los principios que inspiraron la Declaración Universal y su promesa de libertad, igualdad y justicia para todas las personas, sin discriminación.