La detención de Augusto Pinochet: 20 años del caso que transformó la justicia internacional

Más información

El arresto de Pinochet

Garzón ordenó la prisión por genocidio y terrorismo

"¡Ustedes no tienen ni un derecho a hacer esto, no pueden arrestarme! ¡Yo estoy aquí en una misión secreta!", exclamó el dictador chileno Augusto Pinochet, de 82 años, cuando la noche del 16 de octubre de 1998 fue detenido en la London Clinic de la capital británica, según el libro Yo, Augusto, de Ernesto Ekaizer. Había viajado a Europa para someterse a una operación de columna y como en Chile era senador vitalicio pensaba que gozaba de inmunidad diplomática. Pero era un viaje privado y no se había informado al Reino Unido. La coyuntura fue aprovechada por el juez español Baltazar Garzón, que emitió en la víspera una orden internacional de detención y solicitó su extradición a España por una querella criminal en el marco de la Operación Cóndor, la coordinación de las dictaduras latinoamericanas para perseguir y eliminar opositores. Fueron 503 días de reclusión y aunque el Reino Unido finalmente no autorizó el traslado a España, el caso –que este martes cumple 20 años– marcó jurisprudencia global sobre los crímenes de lesa humanidad.

La detención de Pinochet mostró que los jueces pueden actuar contra violadores de los derechos humanos de terceros países y que es posible buscar la justicia de forma transnacional. Para Naomi Roht-Arriaza, profesora titular de Derecho de la Universidad de California Hastings College of Law, con el caso Pinochet "se empezó a revalidar la justicia universal como una forma complementaria de justicia internacional, al lado de la emergente Corte Penal Internacional –el Estatuto de Roma se firma el mismo año que la detención– y de los tribunales ad hoc". La académica explica que la causa ofreció esperanza a las víctimas de conflictos de larga duración y los abogados empezaron a llevar casos a tribunales extranjeros, como los de Bélgica o España.

"Los militares y ex jefes de Estado de varios países –Israel, Estados Unidos, Guatemala– cancelan viajes y limitan sus movimientos por temor a las órdenes de arresto. Esto, claro, crea una reacción de los poderosos, quienes abogan por restringir el uso de la jurisdicción universal y logran cambiar las leyes en Bélgica y España y promover interpretaciones restringidas en otros países, aunque ahora el nuevo Gobierno español está en proceso de replantear esas limitaciones con vistas a ampliarla de nuevo", señala Roht-Arriaza. "Los jueces, sin embargo, siguen encontrando las formas de avanzar con la justicia", señala la investigadora, que recuerda un ejemplo reciente: el excoronel salvadoreño Inocente Orlando Montano fue extraditado desde Estados Unidos a España, donde espera juicio por el crimen de seis jesuitas en 1989, un caso que se ha reabierto en El Salvador.

"Ciertamente, la solicitud de extradición a España del general Pinochet cuando se encontraba en el Reino Unido fue un hecho de especial trascendencia en la inteligencia de la persecución de los crímenes internacionales con base en el principio de jurisdicción universal", explica Antonio Remiro Brotons, catedrático emérito de Derecho Internacional en la Universidad Autónoma de Madrid. El autor de El caso Pinochet. Los límites de la impunidad dice que "el caso Pinochet no era el primero, desde luego, en que se planteaba la aplicación de la justicia internacional", pero aclara que en aquel entonces "nadie creía que el principio de jurisdicción universal pudiera alcanzar a esta clase de personajes". En términos operativos, señala Remiro Brotons, fue la primera vez que se estableció que un antiguo jefe de Estado no tenía inmunidad ante crímenes de lesa humanidad: "No hubo otro tan notorio".

Para el catedrático, el principio de jurisdicción universal encontró "viento de cola" con la orden de arresto y la solicitud de extradición hecha por el juez Garzón. "Ya se habían abierto numerosos juicios en muchos países, pero el caso Pinochet puso el tema en primera página y sensibilizó a la opinión pública". Brotons indica que el caso Pinochet "sirvió, cuando menos, al final del día, para reactivar los procedimientos iniciados en Chile (y otro tanto ocurrió en Argentina respecto de sus propias juntas militares)".

Coincide Carmen Hertz, abogada de derechos humanos chilena y actual diputada por el Partido Comunista: "Hasta la detención de Pinochet en Londres, en términos de justicia se había avanzado muy poco en Chile. La doctrina internacional de los derechos humanos y el derecho humanitario eran ignorados por los tribunales. Su arresto en 1998 marcó un punto de inflexión", relata Hertz, actual presidenta de la comisión de derechos humanos del Congreso, que critica "las intensas maniobras políticas y diplomáticas del Gobierno chileno [de Eduardo Frei Ruiz-Tagle] para lograr el envío a Chile del dictador".

En mayo de 2000, dos meses después del regreso de Pinochet a Chile, la Corte de Apelaciones de Santiago aprobó su desafuero como senador vitalicio y el militar pudo ser investigado y procesado por la Justicia local. "Aunque finalmente fue sobreseído por supuestas dolencias mentales, al ser enviado a Chile se produjo en el poder judicial una dinámica distinta", indica la parlamentaria. "De alguna manera, los jueces sintieron la obligación de ejercer sus facultades jurisdiccionales y reivindicar su papel en la sociedad, bastante deteriorado hasta entonces".

De acuerdo con el último informe anual del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales, desde julio de 2010 la Corte Suprema finalizó 214 causas de violaciones a los derechos humanos en la dictadura de Pinochet, con 532 agentes involucrados. Las condenas efectivas de cárcel fueron de 462 en el mismo periodo.

"El mejor y más grande legado del caso Pinochet es esa interrelación de la justicia nacional y la jurisdicción universal", opina Roht-Arriaza. "No se procedió contra él en España y regresó a Chile supuestamente por razones de salud. Sin embargo, enfrentó un panorama político, mediático y jurídico diferente, con víctimas envalentonadas, con jueces un poco avergonzados porque no habían logrado jugar su papel adecuadamente y con un compromiso del Gobierno de enjuiciarlo en casa".