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Editorial:

Pinochet, detenido

EL CERCO internacional en torno a Augusto Pinochet se cerró ayer de repente en Londres con el anuncio de la detención del ex dictador chileno. Scotland Yard, por orden de la justicia británica y a instancias del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, localizó y detuvo al general, que se encontraba en la capital británica para someterse a una operación de hernia. Pinochet, otrora todopoderoso dictador militar en Chile, traidor al orden constitucional que había jurado como militar, pero ante todo responsable último de miles de muertes, ha sido detenido por su presunta implicación en delitos de genocidio, terrorismo internacional, torturas y desaparición de personas. El Gobierno chileno ha protestado por la decisión de las autoridades británicas, como lo viene haciendo por la insistencia de dos magistrados españoles en perseguir judicialmente al ex dictador por sus crímenes contra víctimas españolas. Es lógico que el Gobierno democrático chileno proteste contra la detención de un senador vitalicio con inmunidad diplomática, aunque tal condición sólo pueda explicarse por las peculiaridades de la transición chilena y el papel de fiscalizador amenazante de la misma que se reservó el Ejército. Parece también claro que existen conflictos de competencias entre las instituciones implicadas en este caso, así como ciertos problemas derivados de la práctica habitual del derecho internacional. Todo ello puede discutirse y tratarse con tranquilidad y espíritu de cooperación, pero ahora, con el presunto criminal ya despojado de una impunidad que no ha dejado de utilizar para insultar a sus víctimas.

En la lucha por los derechos humanos y de persecución de los crimenes contra la humanidad, la comunidad internacional está pisando terreno nuevo, conquistando continuamente nuevos espacios que se arrebatan a la impunidad de la que han gozado tradicionalmente estos criminales. Esa impunidad no sólo es una afrenta a las víctimas, sino una instigación a que se repitan tales crímenes. Casi todos los meses, aunque todavía con cuentagotas, criminales de guerra de la ex Yugoslavia son puestos a disposición del Tribunal Internacional de Crímenes de Guerra en la ciudad holandesa de La Haya. Desde hace años, terroristas de ETA son entregados por Francia a la justicia española. Y algunos de los máximos responsables de las matanzas en Burundi son sometidos a un juicio internacional en Tanzania. Por los mismos motivos, es de justicia que un personaje como Pinochet, que sigue dando pruebas diarias de su absoluta falta de arrepentimiento, tenga que responder ante un tribunal, con plenas garantías, de todas las acusaciones que pesan contra él.

La detención de Pinochet llega cuando acaban de cumplirse 25 años de su golpe de Estado, que abrió las puertas a una oleada de crímenes de los que ahora se le acusa. Algunos dirán que es tarde. No es así. Primero, porque él mismo se ha encargado una y mil veces de dejar claro que sigue siendo el mismo y que volvería a hacer lo que hizo. Segundo, porque la comunidad internacional está ya plenamente de acuerdo en que hay crímenes que no prescriben, y Pinochet está acusado de varios de ellos.

La detención y el eventual juicio, en caso de que se produzca, demostrará a todos los criminales habidos y por venir, a los que hoy mismo siguen actuando desde una sensación de impunidad en Kosovo y tantas otras zonas del mundo, que nunca podrán vivir tranquilos, que por mucho tiempo que pase siempre se verán perseguidos por un mundo que está decidido a penalizar esta clase de crímenes. La detención de Pinochet es todo un aviso para quienes creen que las fronteras de su propio país les ponen a salvo de cualquier juez.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 18 de octubre de 1998