Cohesión social y SMI

Pese a la inestabilidad internacional y ciertos augurios exageradamente derrotistas, la economía española resiste mejor que algunas de las europeas. Aun así, los desequilibrios internos y la desigualdad siguen siendo la amenaza más grave que pesa sobre la sociedad española. Uno de los mecanismos de compensación que tiene a mano el Gobierno es el incremento del salario mínimo interprofesional (SMI) para 2023, que tiene que decidir en los próximos días, una vez que el comité de expertos complete su proceso de reflexión y fije la serie de horquillas que avanzan subidas de entre 46 y 83 euros mensuales. La propuesta queda por debajo de las reivindicaciones de los sindicatos, que proponían un aumento de 100 euros mensuales, mientras que la patronal no ha mostrado, en este particular, sus preferencias.

La subida se realizará en un contexto complejo debido a la pérdida de poder adquisitivo acumulada en los salarios a lo largo de 2022. Sus efectos han sido devastadores en la capacidad de compra de las personas con menores salarios, doblemente castigadas por su erosión y por el diferente peso de los costes de alimentación y energía en su cesta de la compra, donde las subidas de precios han sido más abultadas. El Gobierno ha tomado ya medidas de protección de las personas más vulnerables a través de las subidas del ingreso mínimo vital y de las pensiones no contributivas, además de la actualización del poder adquisitivo de las pensiones contributivas. Incrementar el SMI completaría, de esta manera, el marco de protección para las personas con menores ingresos y recursos para hacer frente a una situación sin visos de cambiar de forma inmediata.

La decisión se toma sabiendo ya que los beneficios empresariales han crecido de manera notable, como han certificado numerosos estudios publicados a lo largo de las últimas semanas, contribuyendo de esta manera a mantener los altos niveles de precios. Al mismo tiempo, las nóminas han crecido significativamente menos que la inflación, de manera que la pérdida de poder adquisitivo de los salarios a lo largo de todo 2022 se sitúa en torno al 6% de promedio, una cifra que no se veía desde los años de devaluación salarial que propició la reforma laboral de 2012. A la luz de estos datos, el riesgo de que se genere una espiral inflacionaria que retroalimente el crecimiento de precios y costes laborales parece cada vez menor.

Lejana la posibilidad de alcanzar un pacto de rentas entre los agentes sociales para repartir los costes de la crisis de precios, es ahora responsabilidad del Gobierno acometer una política de rentas coherente con el objetivo de preservar la cohesión social. La subida del salario mínimo interprofesional no tiene únicamente efectos sobre las personas que lo perciben, sino que, de manera adicional, puede incentivar una mejora en los convenios cuyos salarios se sitúan más cerca de sus cifras. Los informes de evaluación encargados por el Ministerio de Trabajo y Economía Social indican un impacto positivo de las subidas en materia de reducción de la desigualdad salarial y apuntan a un efecto prácticamente nulo en la creación de empleo para las personas menos cualificadas. El reto es, por lo tanto, calibrar adecuadamente la medida para que las subidas sigan contribuyendo a mejorar la cohesión social sin perjudicar gravemente al empleo. En un contexto donde la inflación ha erosionado el poder adquisitivo, plantear un aumento ambicioso de la cuantía del SMI es una medida equilibrada y justa.