Reforma de las pensiones

El ministro José Luis Escrivá sigue desgranando los elementos básicos de su propuesta de reforma del sistema de pensiones, ya anticipada por este diario. Uno de los elementos básicos es la ampliación de su base de cálculo desde los actuales 25 años hasta los últimos 30 de vida laboral, pudiendo descartar, si es preciso, los dos años con peores datos. Se pretende de esta manera adecuar el futuro cobro de la pensión a la mayoría de la vida laboral de las personas cotizantes, pues suponiendo una jubilación a los 67 años, el nuevo periodo supondría un 58% del tiempo en el que contamos como población activa, entre los 16 y los 67. No es algo estrambótico, ni merece carpetazos displicentes, y tampoco es la primera ampliación que se produce en la historia del sistema de pensiones: en 1997 el cómputo pasó de 8 a 15 años y en 2011 de 15 a 25 años. Cada una de esas ampliaciones supuso una resistencia que fue finalmente vencida y, aunque las ampliaciones sirvieron para aliviar las cuentas del sistema, no solucionaron, por sí mismas, los problemas existentes, como tampoco lo hará esta última propuesta.

Las anteriores ampliaciones supusieron una reducción de la cuantía promedio a percibir, pues los trabajadores tienden a tener mayores salarios en los últimos años de vida laboral y menores en los primeros, como muestran las estadísticas de salarios publicadas anualmente. Así lo revelan los modelos desarrollados por el Banco de España. Sin embargo, el modelo laboral está cambiando y los efectos más significativos de la nueva ampliación, si se permite elegir los 28 mejores años, serían menores, impactando asimétricamente en función de la situación de cada persona: afectarán más negativamente en las rentas más altas, y mejorarían la situación de las personas que han sufrido el desempleo en sus últimos años de vida laboral o han podido acceder solo a empleos peor remunerados. En España hay 298.000 mayores de 55 años que son parados de larga duración, según la encuesta de población activa del tercer trimestre de 2022, y serían directos beneficiados de la medida. También se tendrían en cuenta las etapas sin cotización debidas a la crianza de los hijos y tareas de cuidados, algo que sin duda redundaría en mejores pensiones para las mujeres, que son quienes más frecuentemente, todavía hoy, se dedican a estas tareas. Pese a estos efectos asimétricos, algunos beneficiosos, los agentes sociales han mostrado ya su rechazo a cualquier medida que implique un descenso del gasto en pensiones. Sin embargo, esta medida no está pensada para reducir el coste de las pensiones, sino, en el mejor de los casos, para moderar su crecimiento y garantizar su sostenibilidad.

Si se complementa con otras medidas ya puestas en la mesa de negociación, la ampliación puede servir para modernizar el sistema de pensiones, contribuir a su viabilidad y, de esta manera, mejorar la confianza en el mismo. El derecho a una pensión digna no puede depender, como suele hacerse equivocadamente, de la cantidad total destinada al sistema, sino de su capacidad para contribuir a la igualdad y la equidad entre generaciones, y dentro de cada una de ellas. Por eso mismo, es necesario afinar las reformas planteadas, evaluar sus impactos y sus alternativas posibles. La negociación es el método, sabiendo de antemano que la ecuación tiene una difícil solución y que no encontrará, ni este, ni ningún otro Gobierno, la reforma que satisfaga plenamente a todo el mundo.