Escrivá plantea subir a 30 años el periodo de cálculo de la pensión descartando los dos peores

La medida propuesta el lunes en la mesa de diálogo cuenta con el rechazo de Unidas Podemos, los sindicatos y los empresarios

Un grupo de jubilados, en una calle de Terrassa en noviembre de 2020.
Un grupo de jubilados, en una calle de Terrassa en noviembre de 2020.CRISTOBAL CASTRO

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones planteó el lunes a los agentes sociales, en el marco de la segunda parte de la reforma de las pensiones, su voluntad de extender el periodo de cálculo de los años trabajados para acceder a la jubilación de los 25 actuales hasta los 30, con posibilidad de descartar los dos peores. La propuesta requiere, así, que se acrediten más años para acceder a la prestación, pero se podrán retirar las 24 mensualidades en las que el trabajador haya cotizado menos, para que así su pensión no se vea resentida.

Este reacondicionamiento tendría un impacto neutro en las cuentas de la Seguridad Social, según los cálculos elaborados por el departamento de José Luis Escrivá. Sin embargo, sí que afectaría a los trabajadores, puesto que aquellos con una trayectoria laboral lineal, como los funcionarios, podrían verse perjudicados. Por el contrario, quienes arrastren malos años (por haber estado en el paro, por ejemplo), verían mejorada su prestación dentro de este nuevo esquema.

El planteamiento del ministerio no ha sido bien recibido ni por los sindicatos, ni por las patronales. Las centrales cuestionan que se trate de una medida “necesaria en este momento”, y no creen que cuente “con un apoyo suficiente para su tramitación parlamentaria”, indican fuentes de CC OO. Fuentes del ministerio que dirige Escrivá señalan que este planteamiento responde a “un punto de partida” y que está abierto a “nuevas aportaciones de la mesa de diálogo social”, que se volverá a reunir en los próximos días.

Junto a esta propuesta, el Ministerio de Seguridad Social ha planteado vincular la evolución de la base máxima al criterio de revalorización de las pensiones, el IPC. Esto es, quitar el tope a las cotizaciones máximas: lo que aportan el empresario y el trabajador de su sueldo a la Seguridad Social. Como ya adelantó EL PAÍS, la voluntad del Gobierno es que las cotizaciones máximas suban un 30% más la inflación a lo largo de un periodo de 30 años. Fuentes del departamento de Escrivá indican que ese incremento adicional anual será de 1,154 puntos entre 2025 y 2050; un aumento que irá acompañado de una subida de la pensión máxima. De esta forma se acabaría con las subidas a dedo decretadas por los Gobiernos en los Presupuestos.

La idea de alargar el número de años necesario para poder jubilarse viene rondando la cabeza de Escrivá desde que se aprobó la primera parte de la reforma, a finales del año pasado. De hecho, en todo momento el ministro ha alegado que se trata de una medida recogida en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia —concretamente en su componente 30— enviado a Bruselas, y que debe resolverse antes de que acabe el año. Fuentes del ministerio recuerdan que en el paquete de medidas acordado con Europa se contempla la “adecuación a las nuevas carreras profesionales del periodo de cómputo para el cálculo de la pensión de jubilación”, así como la “adecuación de la base máxima de cotización del sistema”.

Asunto espinoso

La ampliación del número de años para acceder a la jubilación es un punto espinoso. Entre otras cosas porque, a pesar de que versa sobre la nueva realidad laboral de muchos trabajadores, que no han tenido carreras estables y pueden acumular años sin haber cotizado, genera desacuerdo incluso entre los dos partidos del Gobierno. Unidas Podemos se han manifestado reiteradamente en contra de ampliar el cómputo, y fuentes del Ministerio de Trabajo confirman que, ni siquiera con la posibilidad de descartar dos años, contemplan dar su apoyo a esta readaptación. “No compartimos nada que pueda suponer un descenso en la protección de las pensiones”, indica una fuente cercana a la vicepresidenta Yolanda Díaz. “Siempre hemos mantenido que las soluciones no pasan por recortar y un incremento del periodo de cálculo constituye un recorte que dificulta acceder a la jubilación”, añade esta fuente.

La vicepresidenta Yolanda Díaz sonríe el lunes, durante un encuentro con la prensa en el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, en Jalisco (México).Foto: EFE/ Francisco Guasco

Lo mismo sucede con el impulso que Escrivá pretende dar al contrato de relevo —aquel que se suscribe en una empresa para sustituir a un trabajador que ha solicitado la jubilación parcial—, y que tampoco parece suficientemente encauzado.

“No es, en nuestra opinión, una medida necesaria en este momento, cuando acabamos de culminar el desarrollo de la extensión anterior, ni tenemos la certeza de que cuente con un apoyo suficiente para su tramitación parlamentaria, lo que constituye una condición necesaria para cualquier nuevo debate al respecto”, indican fuentes de CC OO. El argumento de las centrales se apoya en que en 2022 entró en vigor la necesidad de acreditar 25 años trabajados para determinar la cuantía de la pensión de jubilación, y que no ha pasado el tiempo suficiente para medir su efecto en las cuentas del Estado.

Sin tiempo

La puesta en marcha de este nuevo despliegue temporal se llevaría a cabo, según fuentes del Ministerio de Seguridad Social, de manera gradual, e incluiría distintos comodines para tratar de cubrir los posibles agujeros en las carreras de muchos trabajadores. “El cambio se realizaría de manera progresiva y también incluye la mejora del tratamiento de las lagunas de cotización para las mujeres y los varones, cuya carrera de cotización se haya visto minorada tras tener un hijo, en línea con el funcionamiento del complemento de brecha de género”, señalan.

La propuesta también contempla la creación de “un tratamiento especial para las lagunas de cotización del colectivo de autónomos”. Estas lagunas son el término con el que se denomina a los años en los que un trabajador no ha cotizado, y que, actualmente, el sistema cubre con distintas aportaciones en función del número de mensualidades pendientes. El ministerio ha venido detectando que en los últimos años las carreras laborales de los trabajadores no replican las trayectorias de generaciones anteriores, donde los peores años eran los primeros (por haberse introducido en el entorno laboral y cobrar salarios más bajos) y, por tanto, a la hora de recurrir a las últimas décadas, estas incorporaban las cotizaciones más elevadas y la pensión no se veía perjudicada. Sin embargo, si crece el número de años, es más probable que existan agujeros que supongan un recorte en la prestación final. “La única propuesta que se nos ha trasladado materia de integración de lagunas es claramente insuficiente”, señala CC OO.

Según los cálculos del ministerio, el aumento de las cotizaciones máximas (de 4.495 euros mensuales o 54.000 euros anuales en 2023), y que conllevará la eliminación del tope de la pensión máxima (3.059,23 euros mensuales o 42.829,29 euros anuales en 2023), también tendrá un efecto equilibrado en las cuentas durante en un horizonte cercano, aunque a la larga supondrá una mayor carga.

CC OO apuesta por que suban aún más las bases máximas: “Nuestra base se encuentra muy por debajo de la media de los países de nuestro entorno europeo, y actualmente 1,1 millones de trabajadores tienen salarios superiores a la misma”. Y añaden: “Si cotizasen en su totalidad, generarían ingresos por cotizaciones del entorno de los 8.000 millones de euros anuales”.

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Gorka R. Pérez

Es redactor de la sección de Economía y está especializado en temas laborales. Ha desarrollado la mayor parte de su carrera en EL PAÍS. Antes trabajó en Cadena Ser. Es licenciado en Periodismo por la Universidad del País Vasco y Máster en Información Económica de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo.

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