Escrivá reabre el debate sobre la ampliación del cálculo de las pensiones

El Gobierno ha comenzado de forma oficial las negociaciones para aprobar la segunda parte de la reforma de las pensiones. Este lunes, el Ministerio de Seguridad Social se reunió con patronal y sindicatos y les comunicó que los ejes serían, por un lado, eliminar el tope a las cotizaciones y, por otro, la ampliación del periodo utilizado para calcular la pensión.

En la actualidad, la cotización tiene su techo en casi 50.000 euros anuales. A partir de esa cifra el sueldo no contribuye y, por tanto, la pensión que se recibe en el futuro también está limitada. La idea del Gobierno es que se cotice por una mayor parte del salario y recaudar así más ahora. En el futuro supondrá un mayor gasto al reconocer prestaciones más altas, pero el Ejecutivo juega con que se incurra en este desembolso una vez se haya pasado el problema de la jubilación del baby boom —aquella generación nacida entre finales de los años cincuenta y finales de los setenta del siglo XX— más allá de 2050. Cuando la medida se haya desplegado al completo, se podría ingresar en torno a medio punto de PIB, esto es más de 5.000 millones de euros a fecha de hoy. Esta iniciativa puede tener una acogida difícil en la patronal en la medida en que supondría un aumento del coste empresarial.

El otro eje de la reforma será la ampliación del periodo de cálculo. Ahora se utilizan los últimos 25 años para determinar la pensión inicial. Una ampliación de los años usados implica en principio un recorte de la prestación inicial al computarse los primeros años de la carrera laboral en los que se ganaba menos. De elevarse a los 35, de media el ajuste para la pensión inicial asciende al entorno del 8%, según cálculos del grupo pensiones de las universidades de Valencia y de Extremadura.

Sin embargo, el ministro José Luis Escrivá asegura que esto se suavizará hasta el punto de que el impacto sea neutro. De lo contrario, los sindicatos y Podemos se mostrarían en contra de la reforma. De hecho, en el papel que se envió a Bruselas explicándola se leía: “Esta medida aumenta el carácter contributivo del sistema, pero puede tener efectos negativos, por eso es importante complementarla con medidas que modulan sus efectos, como la posibilidad de elección de años o la mejora del sistema de integración de lagunas de cotización”.

Es decir, se permitirá desechar entonces algunos de los peores años. Si se pudiesen restar más de seis años sobre los 35, entonces el ahorro sería inexistente. Si solo se desechan menos de seis años sí que habría ahorro. En una entrevista en RNE, José Luis Escrivá negó que su departamento contemple la posibilidad de ampliar en una década ese plazo de años. “En ningún caso estamos hablando de 35 años; estamos hablando de pequeños ajustes”, indicó el ministro de Seguridad Social. Independientemente de cuál sea el aumento, aparejado a él vendría una revisión de las lagunas de cotización, esto es, de aquellos años en los que un trabajador podría haber estado desempleado y, en consecuencia, no alcance el cómputo total necesario. Ahora cuando se produce esta situación es el Estado el que cubre esos agujeros contables aportando la base mínima necesaria.

El ministerio hace además mucho hincapié en la adecuación de las nuevas carreras profesionales: el departamento de Escrivá viene observando un cambio en la trayectoria laboral de muchos trabajadores que empeora en los últimos años de cotización, una circunstancia que no se había producido en anteriores generaciones.

Cubrir lagunas

Frente a esta nueva realidad, la Seguridad Social contempla que el trabajador, en aras de obtener una mejor pensión, pueda descartar los peores años de su trayectoria, que no necesariamente tienen que ser los primeros, y que no puede darse tal y como está formulado el sistema en la actualidad. “Dado que los últimos años no son mejores, puede tener sentido ampliar ese periodo y al mismo tiempo permitir que se excluyan los peores años de cotización, algo que ahora mismo no se puede hacer en España. Y al mismo tiempo podemos valorar mejor el tratamiento de las lagunas. Son esos tres elementos los que tenemos que discutir con los agentes sociales”, explicó Escrivá. Y añadió: “Con amplitud de miras se ha ido pactando, y sigo pensando que va a ser así y que estos últimos elementos tendrán el máximo consenso, porque responden a recomendaciones del Pacto de Toledo y tienen mucho sentido”.

El problema es que al mismo tiempo Bruselas está presionando para que se consigan más ahorros que compensen el hecho de haber ligado de nuevo las pensiones al IPC. Según reconoce el propio Gobierno, el gasto en pensiones subirá en 2,7 puntos de PIB en 2050 debido a las subidas con la inflación, unos 32.000 millones con el PIB actual. Así que la Comisión señaló en su informe sobre las reformas adoptadas que existía “el riesgo de que emerja un déficit fiscal significativo por las medidas adoptadas”. Y pedía que este se abordase en la segunda parte de la reforma. Ese será el reto que tendrá que lograr el Gobierno: conseguir ahorros y que los agentes sociales y su socio de Ejecutivo lo validen. El desembolso de los fondos europeos está condicionado a ello.