El Gobierno subirá la cotización y la pensión máximas un 30% en 30 años

La negociación de la segunda parte de la reforma de las pensiones entra en su recta final tras meses de tira y afloja. El Ministerio de Seguridad Social ha planteado en las conversaciones con los sindicatos y con Unidas Podemos que las cotizaciones máximas suban un 30% más la inflación a lo largo de un periodo de 30 años, según confirman fuentes gubernamentales. A cambio, las prestaciones máximas también se elevarán en un porcentaje similar pero con un desfase temporal. En el sistema de jubilación español, la pensión más alta que se puede cobrar está limitada este año en los 39.468 euros (2.819 euros brutos al mes). Y la contribución máxima por cotizaciones tiene un techo en los 49.672 euros. Es decir, la parte de los sueldos altos que excede de esos cerca de 50.000 euros no aporta a la Seguridad Social porque no recibe más pensión por ello. Está exenta del 36% que se paga de cotización entre la empresa y el trabajador.

El cambio planteado afectaría a alrededor de un millón de asalariados, uno de cada 20 trabajadores, y haría que la cotización máxima subiera, y por tanto se cotizara, desde los 49.600 hasta el entorno de los 65.000 euros en términos reales, es decir, descontando la inflación. Para conseguir que aumente en esa proporción, a partir de ahora tendrá que elevarse todos los años con el IPC, igual que las pensiones, más un porcentaje en torno a un 0,88% al año.

Este incremento se vería acompañado de otro igual en la pensión máxima, desde los 40.000 euros de la actualidad hasta los 52.000 euros en términos reales, una vez restada la inflación. Pero se llevaría a cabo con un desfase temporal. Esta mejora de la prestación máxima se completaría años más tarde. Con ese retardo temporal juega el Ministerio de Seguridad Social para recaudar más durante la jubilación del baby boom, contribuyendo a financiar el sistema cuando va a estar sometido a una mayor presión. El incremento de gasto por subir la pensión máxima se generará, en cambio, cuando ya se hayan acabado las tensiones financieras del sistema, alega el ministerio. Y esto en principio ocurriría a partir de 2050.

El debate está abierto sobre cuánto se puede recaudar con esta subida de cotización a los sueldos altos. Los sindicatos y Unidas Podemos presionan para que se haga un destope total y se cotice por el conjunto del salario al 36%. De esta forma, según cifras de los sindicatos, se podrían llegar a ingresar hasta 10.000 millones más, cerca del 0,7% del PIB, si se tiene en cuenta que hay una masa salarial superior a los 30.000 millones que no cotiza. Sin embargo, el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, no se muestra partidario de una subida tan fuerte. Otras fuentes consultadas, tanto gubernamentales como de la negociación, señalan que en cualquier caso será difícil alcanzar unos ingresos del 0,5% del PIB.

Esta iniciativa trata de atender las peticiones de la Comisión Europea para apuntalar la sostenibilidad del sistema. De todas formas, como siempre recuerda el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, faltaría un trecho para compensar todo el incremento de gasto sobre PIB que suponía la primera parte de la reforma de las pensiones aprobada a finales del año pasado. Volver a actualizar las prestaciones de jubilación con el IPC conlleva un aumento del gasto en 2050 de cerca de tres puntos de PIB, casi 40.000 millones de euros a fecha de hoy. Y eliminar el factor de sostenibilidad elevaría el coste en casi otro punto de PIB en 2050, unos 13.000 millones de hoy. Este factor lo aprobó el Gobierno del PP, nunca se llegó a aplicar y ajustaba el cálculo de la pensión inicial si había un aumento de la esperanza de vida.

En total, el Ejecutivo de Sánchez tendría que compensar casi cuatro puntos de PIB, el equivalente a subir la recaudación por IRPF un 50%. ¿Cuánto ha hecho hasta ahora? Con este aumento de cotizaciones lograría menos de 0,5 puntos de PIB. Además, el Ministerio de Seguridad Social ha sustituido el factor de sostenibilidad por el llamado Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), que es un 0,6% de cotización adicional entre 2023 y 2033 y que el Gobierno llevará ahora hasta 2050 para acallar las objeciones de la Comisión Europea, que reclamaba que este mecanismo se hiciera permanente. El MEI reportará unas dos décimas de PIB al año en ingresos que servirán para reponer la hucha del sistema, aunque el Gobierno insiste en que el mecanismo abre también la puerta a que dentro de una década los agentes sociales y el Ejecutivo pacten medidas adicionales de ingresos o ajustes si fuera necesario. Además, Escrivá calcula que las medidas tomadas para tratar de alargar la vida laboral pueden suponer un máximo de 1,6 puntos de PIB de ahorro en 2050. Sin embargo, según cálculos del grupo de pensiones de las universidades de Valencia y Extremadura, ese ahorro solo llegaría a unas décimas de PIB. La Comisión ya dijo sobre esto que, en todo caso, sería muy difícil conseguir el mínimo de ahorro proyectado por el Gobierno del 1,1% en 2050. En total, habría menos de dos puntos de PIB de los cerca de cuatro que haría falta compensar.

No obstante, el Ejecutivo puede esgrimir que ha traspasado casi dos puntos de PIB de gasto desde la Seguridad Social a Hacienda por las llamadas partidas impropias. Esto implicaría que más adelante, conforme sea necesario bajar el déficit público, haya que subir impuestos para compensar el incremento de los desembolsos. Los sindicatos y Unidas Podemos defienden que esa es la vía para mantener intacto el sistema de pensiones, cuyo gasto sobre PIB pasará del 12,9% en 2019 hasta el 16,6% en 2050, incluyendo las pensiones de funcionarios y las no contributivas, según las previsiones del Ejecutivo. Estas cuentas se han calculado con una inflación del 2% y, por tanto, cualquier desviación por encima implicará un mayor gasto. Si bien el Gobierno esgrime que tras la pandemia se ha registrado un mejor comportamiento de la recaudación y del mercado laboral. Sostiene que se ha producido un afloramiento de economía sumergida y que la nueva reforma laboral proporciona más estabilidad y, en consecuencia, brindará más ingresos. Y defiende que, aunque con la inflación haya que pagar más pensiones, también se está ingresando más por IVA.

La Comisión Europea ya hizo una valoración parcial de la primera parte de la reforma al pagar el segundo desembolso de fondos europeos. Entonces afirmó: “Las autoridades españolas han entregado cálculos que dicen que reemplazar el factor de sostenibilidad con el Mecanismo de Equidad Intergeneracional sería fiscalmente neutral, mientras que los servicios de la Comisión consideran que es probable que con el paso del tiempo conduzca a un aumento significativo del gasto público en porcentaje de PIB”. Y añadía que, “con el fin de respetar el objetivo general de la sostenibilidad fiscal”, “debería abordarse el riesgo de que emerja un déficit fiscal significativo por las medidas adoptadas [volver a ligar las prestaciones al IPC y eliminar el factor de sostenibilidad]”. Bruselas tendrá que valorar si las medidas tomadas en la segunda parte de la reforma de las pensiones son suficientes. Por su parte, el ministro José Luis Escrivá asegura que con la Comisión solo hay meras diferencias técnicas.

Según el memorando firmado con Bruselas para los fondos europeos, el Ejecutivo debería haber enviado al Congreso a mitad de año el proyecto de ley. Y la reforma debería estar aprobada a finales de año para cumplir con el hito comprometido con la UE a cambio del cuarto desembolso de fondos europeos. Sin embargo, las negociaciones se habían estancado. Ya no dará tiempo a tramitarla como proyecto de ley. La CEOE no puede dar el sí a nada hasta que el próximo miércoles concluyan las elecciones en las que se espera que Antonio Garamendi revalide su mandato. Y parece muy difícil que después pueda suscribirla en la medida en que conllevará un aumento de cotizaciones. Fuentes de la patronal critican que es un encarecimiento de costes que lastraría el empleo, restaría contributividad al sistema y podría provocar el traspaso de sueldos altos a contratos mercantiles. Así que, al margen de la CEOE, el ministro Escrivá está tratando de avanzar en la reforma, por un lado, con su socio de Ejecutivo, Unidas Podemos, y, por otro, con los sindicatos.

En cuanto al periodo usado para calcular la pensión, el ministro plantea que este se amplíe, permitiendo descartar los peores años para que la medida tenga un impacto fiscal neutro y no suponga un ajuste de la pensión, en línea con las cifras que arrojaba el estudio que hizo el Banco de España. Sin embargo, los sindicatos y Podemos se resisten también a esto porque incluso así perjudicaría a los trabajadores con carreras estables, como por ejemplo los funcionarios.