Estas son las medidas con las que Escrivá aspira a garantizar la sostenibilidad de las pensiones

La reforma de las pensiones encabezada por el Ministerio de Seguridad Social afronta un momento clave. La resolución de su segunda parte, que se negocia en estos momentos, tiene por objetivo establecer distintas medidas de ajuste que compensen el aumento del gasto que experimentará esta partida en las próximas décadas, cuando se jubile la generación del baby boom —los nacidos entre finales de los años cincuenta y finales de los setenta del siglo XX—, muy numerosa y con prestaciones más elevadas que las actuales. En sus proyecciones, según confirman varias fuentes gubernamentales, el departamento que dirige José Luis Escrivá estima que el 12% del PIB que supone actualmente el pago de estas prestaciones (unos 170.000 millones de euros), crecerá hasta situarse alrededor del 15,5% en 2050. Escrivá se enfrenta a este reto cuando el sistema de pensiones arrastraba un déficit de cerca del 1,8% del PIB en 2019. Para tapar ese primer agujero, el Gobierno decidió aliviar el gasto en un 2%, al detraer gastos impropios de la Seguridad Social, y que traslada al Estado. Así, la diferencia final entre el gasto en pensiones de 2022 y él proyectado para 2050 es de unos 3,5 puntos porcentuales del PIB.

Según confirman distintas fuentes gubernamentales, el ministro aprecia que este mayor gasto quedará neutralizado por un incremento de los ingresos de la Seguridad Social (especialmente por las cotizaciones sociales), que provendrá de las modificaciones que ya se acordaron en la primera parte de la reforma, y de las que se espera sumar ahora en la segunda. Los cálculos del ministro, sin embargo, se basan en unas estimaciones económicas que organismos como el Banco de España o la Autoridad Fiscal han puesto en cuestión, puesto que creen que el impacto de las pensiones sobre el PIB será mayor del 15,5%. Además, todas las medidas de ajuste diseñadas por Escrivá, y que reclama la Comisión Europea para garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones, están incluidas en el plan de recuperación remitido a Bruselas a cambio de los fondos europeos.

¿Por qué subirá el gasto en pensiones?

El hito principal que se acordó en la primera parte de la reforma de las pensiones fue su vinculación con el IPC. Esta medida, que entrará en vigor el próximo mes de enero, garantiza que las prestaciones se revaloricen de acuerdo con el encarecimiento del coste de la vida. Esto es, los más de nueve millones de pensionistas que existen en estos momentos no perderán nunca poder adquisitivo. Ni siquiera si los precios bajan, puesto que en este caso su pensión quedará intacta. ¿Cuál es el problema? Que cuando se aprobó esta medida, en julio de 2021, la inflación estaba en el 2,7% y no se preveía que llegase a las dos cifras, como ha sucedido un año después. Ahora el Gobierno calcula que en 2023 se revalorizarán un 8,5%, lo que incrementará el gasto en unos 15.000 millones adicionales.

Sin embargo, según fuentes del diálogo social, con la desaparición de la coloquialmente conocida como paguilla de enero, esto es, el ingreso extra que venían recibiendo los pensionistas cuando existía un desfase entre las subidas que determinaba el Gobierno de acuerdo con su pronóstico sobre la inflación, y el dato de final de año, Escrivá cree que el gasto se reducirá en tres décimas para 2050. Por lo que el total a compensar se rebaja hasta el 3,2%.

¿Cómo aumentarán los ingresos?

Aunque en público el ministro de Seguridad Social ha asegurado que el nuevo sistema de cotización por ingresos reales para los autónomos tendrá un efecto neutro en las cuentas del Estado, otras fuentes gubernamentales señalan que el consiguiente aumento de las cotizaciones que supone —en un sistema contributivo, para obtener una prestación más elevada es necesario aportar más—, generará, a la larga, una ganancia de 0,8 puntos de PIB. Lo que vuelve a recortar el porcentaje final hasta el 2,4%. Fuentes del diálogo social discrepan con este cálculo, ya que recuerdan que hasta el momento tan solo se ha aprobado una hoja de ruta para los próximos tres años, y que el despliegue total de este nuevo sistema está previsto que se lleve a cabo en 2032. Además, en el próximo trienio la mayoría de los trabajadores por cuenta propia pagarán cuotas más bajas que las actuales.

¿Qué se ha aprobado hasta ahora?

Uno de los elementos avalados en la primera parte de la reforma de las pensiones, junto a su revalorización, fue el establecimiento de distintos incentivos para aquellas personas que retrasen su jubilación, y penalizaciones para quienes la adelanten. Con esta fórmula —que en el caso de las bonificaciones puede llegar hasta los 12.000 euros por cada año demorado—, Escrivá calcula que muchos trabajadores, especialmente aquellos que se sitúan en los rangos salariales más elevados (y que son los que más contribuyen), permanecerán más tiempo aportando al sistema con sus cotizaciones (también las más onerosas). Así, aunque a la larga, las prestaciones que recibirán estos futuros jubilados serán más elevadas, hasta que eso ocurra, la Seguridad Social irá aumentando sus ingresos. Concretamente, lo hará en hasta 1,5% del PIB, según los cálculos obtenidos a partir de varias fuentes oficiales. El porcentaje a combatir pasa ahora al 0,9%.

Esta no será la única vía aprobada ya por la que se reforzarán los ingresos. El Mecanismo de Equidad Intergeneracional, que reemplazará el extinto Factor de Sostenibilidad aprobado por el Partido Popular (y que nunca entró en vigor), incrementará las cotizaciones en un 0,6% adicional —un 0,5% recaerá en la empresa, y el otro 0,1% en el trabajador—, esto es, las cotizaciones pasarán a ser del 24,1% y del 4,8%, respectivamente, para empleador y empleado; lo que permitirá crear una nueva hucha de las pensiones. Su contenido para 2050 está estimado por el ministerio en un 0,2% del PIB, recortando el gasto estimado hasta el 0,7%.

¿Qué queda pendiente?

Los aspectos centrales de la segunda parte de la reforma, y que resultan capitales para garantizar la sostenibilidad del sistema, tienen que ver con el destope de la pensión máxima, actualmente en los 2.819,20 euros al mes (39.468,80 euros al año), y que con la revalorización del 8,5%, en 2023 subirá a los 3.059,23 euros mensuales (42.829,29 al año). Para que este destope se produzca —de nuevo por el principio de contributividad que rige el sistema de pensiones—, es necesario que las cotizaciones máximas también se amplíen.

El Ministerio de Seguridad Social ha planteado en las conversaciones con los sindicatos y con Unidas Podemos que las cotizaciones máximas suban un 30% más la inflación a lo largo de un periodo de 30 años. Ahora, la contribución máxima por cotizaciones tiene un techo en los 49.672 euros anuales, lo que quiere decir que todo aquel trabajador que cobre por encima de esta cantidad, no cotizará por esa diferencia, por lo que no podrá tener una pensión más alta. Destopar estos dos apartados —como sucedía con los autónomos—, derivará en pensiones más altas en el largo plazo, por lo tanto, mayor gasto; pero permitirá ingresar más en el corto. De esta forma, según fuentes de la negociación, la Seguridad Social calcula que podría ingresar hasta un 0,7% del PIB. Con todas estas medidas, el Gobierno espera cubrir los tres puntos y medio de PIB de aumento del gasto esperado en 2050.