Escrivá plantea pagar hasta 12.000 euros por cada año que se retrase la jubilación

La Seguridad Social ya ha calculado la cantidad a tanto alzado que puede percibir quien decida retirarse voluntariamente más tarde de su edad legal de jubilación. El pago máximo puede llegar hasta los 12.060,12 euros por cada año que demore su retiro, según ha explicado este lunes el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, ante la comisión de seguimiento del Pacto de Toledo del Congreso de los Diputados al dar cuenta de cómo marchan las negociaciones para pactar la reforma con los agentes sociales. El cheque para estimular la permanencia voluntaria del trabajador en el mercado laboral al cumplir 66 años o más es, probablemente, la medida estrella con la que el Ejecutivo pretende lograr que los españoles se retiren cada vez más tarde de forma voluntaria.

Los grandes objetivos de la primera parte de la reforma de pensiones que quiere desplegar el Gobierno son dos: volver a la revalorización de las pensiones con el IPC y retrasar la edad real de jubilación, ahora en unos 64,6 años, para acercarla a la legal, que en 2021 se sitúa entre los 65 y 66 años, según el tiempo cotizado, y llegará a una horquilla entre 65 y 67 años en 2027. Para alcanzar este último objetivo, el departamento que dirige Escrivá lleva varios meses dialogando con los sindicatos mayoritarios, UGT y CC OO, y con las patronales, CEOE y Cepyme, para hacer ajustes que, por un lado, estimulen voluntariamente la permanencia de los trabajadores en el mercado laboral y, por otro, aumentar la penalización a quien decide jubilarse antes por su propia voluntad. La reforma de pensiones busca asegurar la sostenibilidad financiera del sistema y el retraso agregado de la edad real de jubilación es una de las palancas más potentes para conseguirlo: el sistema paga una prestación más tarde y el trabajador contribuye durante más tiempo.

En el capítulo de estímulos habría que incluir esa cantidad a tanto alzado que Escrivá ha detallado en el Congreso. El cheque oscilaría entre los 12.060,12 euros por año de demora que percibiría quien tenga derecho a una pensión máxima (37.567 euros al año) y haya cotizado al menos 44,5 años; y los 4.786,27 euros que cobrarían los beneficiarios de una pensión mínima (9.569 euros por año y hayan cotizado menos de 44,5 años).

El pago de una cantidad a tanto alzado es una de las opciones que baraja la Seguridad Social para estimular ese retraso en el retiro, pero no es la única. Sobre la mesa de negociación hay otra opción que supone elevar la pensión un 4% en todos los casos por cada año de demora; ahora ese premio se sitúa entre el 2% y el 4%. En el planteamiento hecho a los agentes sociales y detallado en el Congreso podría incluso darse una combinación de ambas opciones.

Junto a la cantidad a tanto alzado para impulsar una modalidad de jubilación que ahora casi no se utiliza –en parte por desconocimiento, según ha explicado el propio ministro—, hay otras medidas que persiguen ese fin de ir retrasando la edad efectiva de jubilación sin llegar a tocar la edad legal. Una de ellas sería cambiar el sistema de penalizaciones que ahora se utiliza en la jubilación anticipada voluntaria, la que permite retirarse dos años antes de lo que corresponde legalmente a un trabajador. Ahora ese mecanismo aplica reducción creciente con cada trimestre que se anticipa el retiro; la propuesta es hacerlo mensual, aplicando los mayores castigos en los 24 y 23 meses previos.

Según ha expuesto Escrivá, esta nueva fórmula empeora la situación respecto de lo que sucede actualmente en esos dos primeros meses en los que es posible jubilarse antes del límite legal. También lo haría en los últimos, según las escalas de reducción expuestas. No obstante, esta norma general tiene la excepción de quienes cobran pensiones más altas. Para ellos, la situación cambia bastante y a peor. Ahora la penalización se aplica sobre la base reguladora —un indicador que se usa para calcular la prestación y que puede exceder bastante la pensión máxima— por lo que muchas veces la reducción final es mucho menor de lo que contempla la norma: por ejemplo, ahora quien se jubila voluntariamente dos años antes de su edad legal de jubilación tras cotizar menos de 38,5 años tiene una penalización sobre la pensión del 16%, pero si su base reguladora excede la pensión máxima ve cómo ese porcentaje es menor. Eso convierte el sistema en “regresivo”, ha señalado reiteradamente José Luis Escrivá, quien para revertir la situación plantea también aplicar los coeficientes de reducción sobre la pensión y no sobre la base utilizada para su cálculo. Pero como suele ser habitual en las reformas de pensiones, el escenario no cambiaría de golpe para quienes se fueran a jubilar más tarde. La Seguridad Social plantea un periodo transitorio de seis años para que su situación se homologue a la del resto.

Junto a estas dos modificaciones, el Gobierno también plantearía otras tantas que persiguen el mismo objetivo. La primera sería restringir las cláusulas de jubilación forzosa, las que permiten a las empresas despedir a los trabajadores que cumplen la edad legal de retiro si tienen derecho a percibir el 100% de la pensión que les corresponde por su carrera de cotización y está pactado en un convenio colectivo. “Es necesario para que funcionen los otros elementos que proponemos”, ha justificado Escrivá, consciente de que este es uno de los elementos que menos gusta a los empresarios en la negociación. La oferta inicial sobre la mesa sería la prohibición de esta cláusula. En cambio, durante la negociación, la Seguridad Social ha cambiado su postura para acercarse a las contrapartes, retrasando su aplicación hasta que los trabajadores cumplan 68 años.

La cuarta a tocar sería la llamada jubilación parcial, la modalidad que permite a alguien retirarse parcialmente hasta cuatro años antes del límite legal si cumple una serie de requisitos. La norma actual permite al trabajador concentrar todo el tiempo que tiene que trabajar en un año y luego no volver a hacerlo. Para desincentivar el uso perverso de esta forma de retiro, la Seguridad Social quiere poner un tope a esta concentración de jornada en el 60%.

Todas estas propuestas forman parte del primer paquete de la reforma de pensiones que el Gobierno está negociando con los agentes sociales y que el Ejecutivo quiere tener pactado cuanto antes para que pueda iniciar después su trámite parlamentario. Las prisas llegan porque la intención de la Seguridad Social es que entre en vigor en la última parte de 2021.

Esta primera parte de la reforma de pensiones se contempla con el nuevo mecanismo de actualización de las pensiones tomando como referencia el IPC. La nueva fórmula se basaría en la inflación pasada y no en la prevista, como ha sido tradicional. Para evitar que si hay una caída de precios bajen también las pensiones de forma nominal, la propuesta oficial contempla un periodo de tres años para absorber el poder adquisitivo ganado. Esto último no afectaría a quienes cobran una pensión máxima.

La segunda parte de la reforma podría empezar a negociarse con los agentes sociales ya en la segunda mitad de este año. En ella se incluyen los cambios en el periodo de cómputo de la pensión; también estaría la derogación del factor de sostenibilidad y su sustitución por otro mecanismo. Otros elementos que pretende incluir Escrivá serían la adecuación de la cotización de los autónomos a sus ingresos reales y la elevación de la cotización de los sueldos más altos.