España se planta ante Bruselas en las reformas fiscal, laboral y de pensiones

España retrasa el envío del Plan de Recuperación a Bruselas y ha pactado ya el grueso de ese esquema (reformas a cambio de 140.000 millones) con las instituciones europeas. La Moncloa ha incluido muchas de las sugerencias de la Comisión Europea, pero se planta en tres asuntos medulares, las reformas laboral, de pensiones y fiscal, con el argumento de que esos cambios tienen una enorme carga políticoeconómica y hay que consensuarlos con los agentes sociales, el Pacto de Toledo y la recientemente creada comisión de expertos para la reforma impositiva. El Gobierno presentará esta semana con la fanfarria de las grandes ocasiones el documento central del plan, y mandará todos los papeles a la UE entre el 20 y el 27 de abril, un mes más tarde de lo previsto.

EE UU acaba de poner dos billones de dólares sobre la mesa para reactivar su economía, y promete dos billones adicionales en infraestructuras y medidas de medio plazo. Europa reaccionó bien hace ya casi un año, en la fase más aguda de la pandemia, con una combinación de política monetaria y fiscal muy distinta de la austeridad patrocinada por Alemania en la Gran Recesión.

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Pero la UE se ha dormido en los laureles con las vacunas y se ha quedado rezagada en el plano económico: los 750.000 millones del plan europeo pueden quedarse cortos y acumulan retrasos preocupantes. La sensación de urgencia, en fin, se ha esfumado. Así está el partido ante una de las grandes operaciones de la historia económica reciente: a España, uno de los países más golpeados —con una caída del PIB cercana al 11% en 2020— tienen que llegar más de 140.000 millones a cambio de un plan de recuperación del que aún se sabe poco, que se ha negociado entre bambalinas y que va con cierto retraso respecto al calendario anunciado en su día.

70 reuniones con la Comisión

El presidente Pedro Sánchez presentará mañana martes el documento central del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España; el miércoles comparecerá ante el Congreso para dar cuenta de las medidas fundamentales, y ese paquete se aprobará en el Consejo de Ministros de la semana próxima.

El Ejecutivo envió un esbozo a Bruselas entre finales de diciembre y finales de enero, y desde entonces ha mantenido alrededor de 70 reuniones con la Comisión para afinar ese esquema, clave para el esperado rebote del PIB a corto plazo, pero pensado, sobre todo, para el mil y una veces prometido cambio de modelo de la economía española, según media docena de fuentes gubernamentales consultadas.

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El Ejecutivo ha aceptado decenas de sugerencias de Bruselas en la gran mayoría de las 30 fichas que recogen los proyectos y las reformas. La Comisión, por ejemplo, presionó para elevar los 5.000 millones previstos por España para planes de rehabilitación de viviendas, y exigió reducir la tasa de temporalidad de la Administración y mejorar los asuntos relativos a evaluación de políticas públicas. La vicepresidenta económica, Nadia Calviño, aceptó muchas de esas propuestas. Pero a cambio se ha plantado en tres asuntos medulares: la reforma laboral, la de pensiones y la fiscal.

Bruselas pretendía introducir modificaciones también en esas tres reformas. Quería planes detallados de los cambios del sistema impositivo (incluyendo su eterna propuesta de subir el IVA, por ejemplo); sugería introducir la denominada mochila austríaca (un sistema de indemnización del despido con el que las empresas aportan obligatoriamente cada mes una cierta cantidad a cuentas de ahorro individuales de cada trabajador, y que estos pueden rescatar cuando están en paro) en la legislación laboral, y veía poco ambiciosos los planes en pensiones; pretendía que no se elimine el índice de revalorización.

Bruselas acepta el parón negociador

Nada de eso aparecerá en los planes españoles. La Moncloa contraatacó agarrándose a que no puede ir más lejos en esas medidas para dejar margen de negociación a los agentes sociales (en la reforma laboral y de pensiones), al Pacto de Toledo (en pensiones) y a la recientemente creada comisión de expertos para la reforma integral de la fiscalidad, que persigue acercar la presión fiscal a la media europea.

Bruselas acabó transigiendo, consciente de que varios países difícilmente entregarán sus planes antes del 30 de abril y de que las reformas españolas “son más ambiciosas que las de otros socios”, coinciden las fuentes consultadas.

El plan llega muy cocinado con el equipo económico de la Comisión. Con un cepillado notable respecto a las ideas iniciales, que incluye agrupar las 170 reformas previstas inicialmente en una cifra muy inferior. Y con un mes de retraso, el 20 o el 27 de abril, en parte porque España sigue trabajando para cumplir los requisitos de Bruselas, y en parte porque el reloj de la propia Comisión empezará a correr el día que España presente toda la documentación: el examen europeo debe estar listo en un máximo de dos meses.

“Bruselas quiere un paquete equilibrado en todos los ámbitos, y secuenciar las reformas”, apuntan las fuentes consultadas. Una vez reciba luz verde en Bruselas, se fijarán una serie de hitos para que la UE vaya desembolsando los fondos. Y ahí empezará el baile: España deberá apretar el acelerador con las reformas laboral y de pensiones; pasar de las musas al teatro, traducir las promesas sobre el papel en reformas —eufemismo, a menudo, de recortes— para recibir el dinero europeo, indispensable para la recuperación junto con las vacunas.

La negociación con los agentes sociales ya está abierta

El Gobierno ya tiene abiertas las diferentes negociaciones con los agentes sociales que ha esgrimido como argumentos en Bruselas para plantarse en las reformas laborales y de pensiones.

En esta última, las conversaciones se iniciaron hace meses, aunque sin una gran regularidad en los encuentros. El plan de la Seguridad Social es acabar pronto la primera fase de la reforma volviendo a la actualización de las pensiones con el IPC e impulsando el retraso de la edad real de jubilación para acercarla a la edad legal.

El ministro José Luis Escrivá defiende que esta parte está casi lista. Pero los sindicatos no lo ven así. Exigen más ambición en esta fase y quieren que se derogue también el factor de sostenibilidad [que tiene en cuenta también la esperanza de vida en el cálculo de la pensión inicial de un jubilado], algo que el Ejecutivo prefiere dejar para la segunda mitad del año.

En cuanto a la reforma laboral, al menos lo más directamente vinculado a ella, el diálogo con los agentes sociales empezó en marzo. Comenzó por la negociación colectiva y la subcontratación, algo que a Bruselas, a la ministra de Economía, Nadia Calviño, y a la CEOE no les gusta. La Comisión Europea querría que se hablara ya de cómo reducir la temporalidad, pero Trabajo tiene este asunto en su agenda para la siguiente fase. Ampliar ahora el abanico de temas podría retrasar las negociaciones. Además de esto, la ministra Yolanda Díaz también tiene muy avanzada la negociación con agentes sociales y comunidades autónomas en las políticas activas de empleo y lo vinculado a ellas, una vieja demanda de Bruselas.