Bruselas apremia a España a reformar las pensiones y el mercado laboral

La economía española tiene un problema potencial con la sostenibilidad de las pensiones. El empleo es su talón de Aquiles desde hace décadas, con las tasas de paro y temporalidad más altas del Atlántico Norte. Y la pandemia ha hecho visibles las costuras del Estado de las autonomías. Bruselas quiere aprovechar la inyección de ayudas europeas para atar las reformas estructurales que España lleva años sin terminar de resolver: quiere reformas en esos tres ámbitos, pensiones, laboral y unidad de mercado. Y las quiere ya: reclama un plan creíble y coherente al Gobierno, según las fuentes consultadas, a cambio del estímulo europeo.

Reforma es una palabra maldita, porque en los últimos años ha sido un simple eufemismo para evitar decir recortes y porque fue la troika (Comisión, BCE y FMI) quien obligó a imponer esa austeridad. Bruselas ha cambiado esa aproximación: ya no quiere imponer, sino invitar a los países que más las necesitan a aprobar medidas estructurales a cambio de un aluvión de fondos —750.000 millones en total; la mitad, a fondo perdido— que permitan tragar esa píldora con menos dolor. La Comisión quiere aprovechar la inyección masiva de ayudas para atar las reformas que España lleva años haciendo, a su juicio, solo a medias. Bruselas quiere que el Gobierno se comprometa en tres grandes pilares: garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones, nuevas reglas para reducir la tasa de temporalidad laboral y una ley de unidad de mercado que evite la fragmentación de la regulación autonómica. El Ejecutivo comunitario querría, además, vincular parte de los fondos a la ejecución de las reformas —condicionalidad por la puerta de atrás—, aunque Bruselas y el FMI sostienen que eso puede suponer un incentivo si se usan las ayudas para compensar los costes a la corta que provoca cualquier reforma de calado. Pagar por reformar es el nuevo mantra.

Las fuentes consultadas en varios ministerios apuntan que ese es también el camino elegido en La Moncloa. España está negociando en Bruselas un paquete de medidas, que pretende presentar ya en enero, en el mismo momento en que se anuncien los proyectos a los que se destinarán los fondos europeos.

Habrá retoques de la ley de unidad de mercado —impulsada por el PP— que permitan resolver la fragmentación de la regulación autonómica, en línea con lo que pide Bruselas pero sin incomodar a los partidos nacionalistas, que han ganado peso en el equilibrio inestable de apoyos al Ejecutivo. El ministro José Luis Escrivá tiene lista una reforma de pensiones —que ha recibido el espaldarazo del Pacto de Toledo—, aunque la Comisión no termina de fiarse de los números. Y la vicepresidenta Nadia Calviño y la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, pelean por imponer una reforma laboral que dejaría en lo esencial las cosas más o menos como están, si triunfan las tesis de Calviño, y que derogaría parcialmente la reforma del PP si prevalecen las ideas de Díaz y otros ministros, incluso del PSOE. El Ejecutivo trabaja ya en la letra pequeña en esos tres ámbitos, maneja papeles —que apenas han visto la luz— y se esmera en reuniones internas, con los agentes sociales y Bruselas. Pero a la espera de los Presupuestos, apenas ha dado pistas de esos detalles en aspectos esenciales, que podrían provocar encontronazos dentro del Gobierno, con la oposición y con los agentes sociales en función del resultado final.

Bruselas quiere aprobar en abril los planes de recuperación nacionales para lanzar una gran emisión de bonos comunitarios antes del verano. Y para entonces quiere amarrar las reformas que se incluirán en el documento que reemplazará las recomendaciones del Semestre Europeo, uno de esos constructos bruselenses que guían la política económica del club europeo. Ya no serán consejos, sino medidas a las que España debe comprometerse antes de la primera gran emisión de deuda. Ahora es el momento del intercambio de papeles, de las discrepancias en las tablas de Excel de unos y otros, de los tachones en rojo y el toma y daca entre Madrid y Bruselas, que subraya la implicación del Ejecutivo español. Las negociaciones se repiten con cada uno de los 27 socios de la UE y serán también complicadas con Irlanda, a la que se pide una reforma de su sistema impositivo para que deje de ser un pseudoparaíso fiscal dentro del euro.

Fuentes comunitarias apuntan que España es uno de los países a los que deben prestar mayor atención. Las previsiones de la UE apuntan a un desplome económico: una caída del 12,4% en 2020, con la deuda al alza. En plena segunda ola de contagios, los ajustes fiscales parecen aparcados al menos hasta que Berlín decida poner fin a su programa de estímulos. Bruselas teme el momento en el que se retiren las medidas de protección de empleos y empresas. Una alta fuente comunitaria considera que, más allá de la crisis derivada por la pandemia, el país afronta un cambio estructural que impone reformas, tal y como han venido reclamando también el BCE y el FMI.

La vicepresidenta Calviño lidera las conversaciones en el lado de la mesa español. En el otro están el vicepresidente Valdis Dombrovskis y el comisario Paolo Gentiloni. Ambos han optado por la prudencia en sus declaraciones, pero los técnicos tienen la lupa puesta en medidas como la reciente subida de pensiones. La vicepresidenta Calviño admitió que Bruselas está “analizando” los efectos de las medidas adoptadas en un “ambiente tremendamente positivo”. Fuentes comunitarias sostienen que su posición es nítida: no gustó que el Gobierno del PP vinculara las pensiones al IPC y quieren medidas que garanticen que se podrá cubrir ese gasto sin que la deuda siga creciendo.

Piden concreción

Bruselas espera también medidas sobre el mercado laboral. La Comisión rechaza la derogación total o parcial de la reforma del Gobierno del PP, y espera medidas sobre todo en dos ámbitos: los servicios de empleo y la reducción de la temporalidad, que sigue siendo una de las más elevadas de Europa. Otras fuentes consultadas también ansían una suerte de plan de reciclaje para los trabajadores que perderán su empleo el año que viene con la retirada de los ERTE, muchos de ellos en el sector servicios. Calviño ha trasladado a Bruselas que ese paquete lo abordará con los agentes sociales. “España tiene un problema de sostenibilidad de las pensiones y del mercado laboral. No estamos en 2012: ni pedimos ajustes fiscales que puedan tener un efecto negativo a corto plazo ni imponemos una solución, pero España debe concretar medidas”, afirman fuentes europeas.