Los sindicatos exigen el contrato de relevo para aceptar cambios en el cómputo de la jubilación

La propuesta de elevar de 25 a 30 el número de años para calcular la pensión de jubilación, con posibilidad de descartar los dos con menores cotizaciones, lanzada el lunes por el Ministerio de Seguridad Social a sindicatos y empresarios, supone el primer movimiento de una partida complicada. El departamento que dirige José Luis Escrivá trata de buscar un acuerdo a tres bandas, pero los intereses de las partes implicadas se entrecruzan. Fuentes sindicales confirman que la única forma de que se abran a valorar un aumento (pequeño) del cómputo de años pasa por que se refuerce la figura del contrato de relevo en el sector industrial, donde esta fórmula ofrece garantías especiales, y que estas se prorroguen “tal y como están” más allá del 31 de diciembre, cuando expiran sus condiciones actuales. El objetivo a medio plazo sería extender estas particularidades al resto de los sectores para que beneficien a un mayor número de trabajadores.

El freno en la renovación del contrato de relevo, muy implementado en la industria manufacturera y cuyo diseño se agotará a finales de año, “es cosa de Escrivá”, sostiene una fuente sindical. Según confirma esta fuente, presente en la reunión del lunes, el ministro apeló al recelo europeo para esquivar la reclamación. Sin embargo, la insistencia de las centrales, que llegaron a plantear que se extendiera a otros sectores productivos, derivó en el planteamiento de esta contrapartida, que ahora está siendo valorada por los representantes de los trabajadores.

El contrato de relevo —de gran peso en el sector de la automoción— se ejecuta cuando un trabajador solicita la jubilación parcial y entra otro a cubrir su plaza (relevista). Esto es, aunque el primero no disponga de la edad legal para dejar de trabajar totalmente (66 años y 2 meses en 2022), puede acogerse a una reducción de jornada, siendo esa parte liberada la que será cubierta por otro empleado. Para que un trabajador pueda acogerse a esta modalidad de jubilación, es necesario que se encuentre en una de estas dos situaciones: tener 62 años y 2 meses, y haber cotizado 35 años y 6 meses o más; o bien, 63 años y 4 meses, y al menos 33 años cotizados. De cumplir con esta parte, su jornada podrá verse reducida entre un 25% y un 75% durante el tiempo que le quede hasta jubilarse totalmente. Ese será el periodo de duración del contrato del relevista.

La ampliación del cómputo de años es una cuestión espinosa para el Gobierno. Lo es, inicialmente, porque Unidas Podemos no lo ve con buenos ojos. Tampoco los empresarios, molestos por la falta de atención recibida para acordar una medida que debe estar lista antes de que acabe el año (en apenas un mes); y ante la que los sindicatos se colocan de perfil. A pesar de que públicamente han asegurado que elevar el periodo de cálculo conllevaría una rebaja de las pensiones futuras, lo que supone cruzar una línea roja, fuentes sindicales reconocen que no verían con malos ojos otra de las opciones que también baraja el ministro Escrivá: 28 años cotizados, con uno descartable. Esto es, aceptarían subir la cifra actual en solo dos años, hasta los 27.

Sin embargo, tanto públicamente como dentro de la mesa de negociación, su posición es frontalmente contraria a cualquier aumento. “No me interesa nada si son 28 años, 30 años, si se quitan dos o no. El ministro dice que esto es neutro. Si la Seguridad Social ni gana ni pierde con esta propuesta, que lo deje como está”, defendió el martes Pepe Álvarez, secretario general de UGT. Y recordó que el periodo de cálculo acaba de elevarse hasta los 25 años, por lo que se desconocen aún “sus efectos prácticos sobre el sistema”.

Estrategia negociadora

El silencio negociador de los últimos meses ha permitido que Escrivá haya ido lanzando diversos globos sonda para testar el impacto de las distintas horquillas de aumentos que maneja. El planteamiento expresado en un primer momento sugería una subida de 10 años, de 25 a 35, y generó un enorme rechazo. Hasta el punto de que el propio ministro lo descartó públicamente. Sin embargo, con este aviso logró lo que pretendía: definir un horizonte suficientemente alejado sobre el que ir aplicando recortes progresivamente para tratar de atraer al resto de los agentes sociales. La del lunes fue la segunda baza de la negociación, trasladada con el ánimo de mostrar un planteamiento menos agresivo y más conciliador. Pero a sabiendas de que no se convertiría en la opción ganadora.

“La ampliación del cálculo de la base reguladora a 30 años es un endurecimiento en el acceso a la jubilación que nosotros no podemos compartir, lo hemos dicho en muchísimas ocasiones”, le respondió el lunes la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. “Estamos haciendo cambios en el mercado de trabajo que avanzan en la recuperación de derechos. Esto no es recuperar derechos, es recortarlos”, añadió la vicepresidenta desde México, donde participa en la Feria Internacional del Libro.

El apoyo de los sindicatos a la ampliación del número de años para el cálculo de la pensión está igualmente condicionado al desarrollo de otras propuestas que se encuentran sobre la mesa, como eliminar los topes de las bases máximas de cotización. Actualmente, estas tienen un límite de 4.139,40 euros mensuales (49.672 al año), y en 2023 subirán hasta los 4.495 euros (54.000 anuales), después de que el Gobierno definiera en los Presupuestos una subida del 8,6%. Esto quiere decir que los salarios que se encuentran por encima de esta barrera no aportan al sistema. Los sindicatos plantean eliminar cualquier tope, lo que permitiría ampliar los ingresos, aunque a la larga generaría pensiones más elevadas. Esta medida es formalmente rechazada por los empresarios.

Escrivá, sin embargo, quiere vincular la evolución de la base máxima al IPC, como sucede con las pensiones, y, además, aplicar un incremento adicional anual. En el papel que trasladó el lunes indicaba que este sería de 1,154 puntos entre 2025 y 2050. Por lo que aunque el volumen se incrementaría, seguiría contando con límites. Gobierno, sindicatos y patronales (CEOE y Cepyme) volverán a reunirse el jueves con todos los frentes abiertos y con cada vez menos opciones de alcanzar un acuerdo a tres que trasladar a Bruselas antes de que acabe el año.