La pensión máxima subirá un 3% hasta 2050 y la cotización más alta, un 35%

El Ministerio de Seguridad Social ya tiene negro sobre blanco su propuesta para la segunda parte de la reforma de las pensiones. En ella prevé que la pensión máxima repunte un 3,03% entre 2025 y 2050, mientras que la base máxima de cotización crecería en esos 26 años un 34,76%. Es decir, la cotización subirá 10 veces más que la pensión. Se pone sobre la mesa un incremento anual del 0,115% en las prestaciones máximas frente a otro del 1,154% al año en las contribuciones más altas. Así figura en la documentación, a la que ha tenido acceso EL PAÍS, que ha entregado el Gobierno a patronal y sindicatos y que servirá de base para la negociación.

Estas cifras son en términos reales, esto es, una vez restada la inflación. En consecuencia, estas subidas se sumarán a las actualizaciones con el IPC que se harán por ley todos los años en estos conceptos. Hasta ahora, este incremento se hacía de forma discrecional en los Presupuestos. Aunque era habitual subirlo con los precios, había años en los que no se tocaba o se empleaban otros criterios.

El ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, siempre ha defendido que la subida de la pensión máxima sería igual a la de la cotización. Pero que se haría con un desfase temporal para poder afrontar la jubilación del baby boom. Al final, este lapso durará en realidad 25 años. Según se recogerá en una disposición añadida a la ley de Seguridad Social, a partir de 2050, el Gobierno y los agentes sociales tendrán que negociar cuánto elevan la pensión máxima “hasta alcanzar un incremento real acumulado del 30%”, dice el documento. De modo que la decisión de abordar esta importante alza de costes se deja a futuros gobiernos y agentes sociales.

En euros de 2023, una vez descontada la inflación, la cotización máxima pasaría del entorno de los 54.000 euros hasta los 75.000 en 2050. Y la pensión máxima, desde unos 42.000 a unos 45.000 euros. O dicho de otro modo: el que contribuya con 75.000 solo recibirá en proporción a 45.000.

Como consecuencia de esta reforma, la pensión máxima en 2050 solo supondría el 59,7% de la contribución máxima a la Seguridad Social. Habría un desfase del 40% que reduciría la contributividad del sistema. En la actualidad, la prestación máxima representa el 78,1% de la contribución más alta a la Seguridad Social. Se calcula que hay en torno a un millón de trabajadores en estos tramos salariales, uno de cada 10.

“La propuesta implicaría una fuerte subida de impuestos para los trabajadores en un determinado tramo de renta, que verán sensiblemente aumentadas sus cotizaciones sin que esto se traduzca en una mayor pensión. La medida ayudaría a garantizar la viabilidad del sistema, pero no sería ni mucho menos suficiente y concentraría el esfuerzo sobre un grupo determinado de trabajadores, lo que no parece muy equitativo por más que se trate de un colectivo con salarios relativamente elevados. Habría que ver, también, los posibles efectos sobre el empleo”, afirma Ángel de la Fuente, director de Fedea.

Por su parte, los sindicatos y Podemos consideran que esta es la manera de hacer más sostenible el sistema. Es más, creen necesario que haya un destope total y cotice toda la masa salarial. De esta forma, en vez de recaudar un 0,3% del PIB, unos 4.000 millones de euros a fecha de hoy, los ingresos ascenderían hasta el 0,7% del PIB, unos 10.000 millones.

Subida de cotización por el MEI

A esta subida se suma que se elevará el tipo de cotización, ahora situado en el 36% y del cual 28,3 puntos se destinan a financiar el sistema de pensiones. Este tipo subirá en 0,6 puntos porcentuales en 2023 y se mantendrá así hasta 2050 por el llamado Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI). La subida por este instrumento, que servirá para reponer la hucha de las pensiones, afectará a todos los trabajadores. 0,5 puntos los financiará la empresa y 0,1, el empleado.

En cuanto a la ampliación del periodo utilizado para calcular la pensión, este pasará de los últimos 25 años que se usan en la actualidad hasta los 30 años. Pero con la posibilidad que se descarten los dos peores. Esto haría que el ahorro que se pueda conseguir por esta medida sea nulo, si bien el impacto será muy distinto según sea el caso individual. En carreras estables podría suponer una pequeña merma. En cambio, beneficiaría a aquellos que hayan perdido un par de años de cotización. El nuevo periodo para calcular la pensión empezará a aplicarse en 2027, aunque de forma muy gradual: se aumentará en tres meses por año hasta 2038, cuando estarán en vigor de forma plena los 30 años.

Este es el papel que da el pistoletazo de salida a la negociación que el ministro Escrivá quiere concluir antes de que acabe el año. Tiene muy difícil que la patronal pueda aceptarlo en estos términos por el incremento de los costes laborales. Tendrá que atarlo con Unidas Podemos, los sindicatos y el bloque parlamentario de la investidura. Los sindicatos ya le reclaman que, a cambio de la extensión del periodo de cómputo, se incluya el contrato de relevo, del que se beneficia mucho la industria, pero cuyo coste asciende para la Seguridad Social a los 100.000 euros por persona beneficiada.

El profesor de la Universidad Rey Juan Carlos Miguel Ángel García explica que con las medidas adoptadas se mantendrá un abultado déficit. El Gobierno calcula que, tras volver a indexar las prestaciones con el IPC, el gasto subirá hasta el 16,6% del PIB en 2050, incluyendo clases pasivas y no contributivas. En la actualidad se recauda un 11,2% del PIB con las cuotas sociales. Un 0,2% del PIB adicional se ingresará con el MEI. Hay 1,4 puntos de PIB que se transfieren desde Hacienda por gastos impropios y 0,3 de complementos por mínimos. Aunque se llegase al 0,7 del PIB haciendo cotizar por toda la masa salarial, los ingresos solo llegarían a los 13,8 puntos de PIB. La diferencia asciende a cerca de 3 puntos de PIB, unos 40.000 millones, el equivalente a aumentar la recaudación del IRPF casi un 40%. Tanto Podemos como los sindicatos ven factible que, con el paso del tiempo, se pueda ir engordando gradualmente la recaudación para costear este aumento de los desembolsos en pensiones.