Proteger las pensiones

Con el plazo del 31 de diciembre como máximo, y en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la economía española, el Gobierno apura las últimas semanas para presentar un nuevo paquete de reformas de las pensiones contributivas. Superado ya el factor de sostenibilidad y garantizada la actualización de las pensiones al IPC, ha llegado el momento de presentar el sistema por el que España planea superar los déficits estructurales del modelo contributivo, algo que, dadas las circunstancias, no se puede hacer sin asumir algunos costes. La propuesta que baraja el ministro José Luis Escrivá apunta a una ampliación del periodo de cómputo para calcular la pensión definitiva, al tiempo que se propone un incremento de las bases máximas de cotización de hasta un 30%. Cabe recordar que las bases máximas de cotización están topadas en los 4.139 euros al mes, de manera que los salarios percibidos por encima de esa cantidad no aportan más al sistema. En contrapartida, el sistema ofrecería pensiones más altas a partir de un determinado año, previsiblemente cuando el gasto en pensiones supere su máximo y las tensiones del sistema remitan, más allá de 2050. La combinación de ambas estrategias dibuja un escenario de mejora de los ingresos —por las mayores cotizaciones de los salarios más altos— y una ligera reducción de los gastos a través de la ampliación del periodo de cómputo. Ambas medidas resultan adecuadas y permitirían un alivio parcial sobre unas cifras que, sin llegar a los niveles de alarma que señalan algunos analistas, deben ser tenidas en consideración en el medio y largo plazo.

El gasto asociado al sistema de pensiones puede llegar, en 2050, al 15% del PIB, desde el actual 12%. Esa diferencia supone un notable incremento que, de no ser adecuadamente abordado, limitaría la capacidad del Estado para dotar económicamente a las demás políticas sociales. La situación merece un tratamiento específico, pero se debe evitar el catastrofismo —al que a menudo juegan algunos agentes económicos directamente interesados en ese asunto, e incluso algunos partidos y determinados agentes sociales— ante un sistema que cuenta con la garantía del Estado y cuya base es la confianza de la ciudadanía en su viabilidad. Si esta confianza se quiebra será muy difícil mantenerlo en el largo plazo, con notables consecuencias en términos de igualdad y de cohesión social. Hoy el 52% de los pensionistas no llegan al salario mínimo interprofesional. Una merma en su exiguo poder adquisitivo tendría como efecto inmediato un aumento de la pobreza y la desigualdad.

Hoy las pensiones afrontan un momento clave: hay que negociar diversas medidas de ajuste que compensen el aumento del gasto que experimentará esta partida cuando se jubile la generación del baby boom —los nacidos entre finales de los años cincuenta y finales de los setenta del siglo XX—, muy numerosa y con prestaciones más elevadas que las actuales. Y hay que hacerlo sin falta porque España se ha comprometido a ello en Bruselas para obtener a cambio los casi 150.000 millones en fondos europeos destinados a modernizar la economía española. El papel de las pensiones en el modelo social español es esencial y se debería hacer un esfuerzo por retomar los acuerdos básicos que han hecho que, con todas sus reformas y contrarreformas, el sistema haya superado innumerables vicisitudes. Fuera cual fuera la situación económica, las personas mayores han podido disfrutar de sus prestaciones sin sobresalto. Asegurar su viabilidad y ganar a la vez la confianza ciudadana son en realidad un único objetivo.