Desaceleración y Presupuestos

Los datos adelantados por el Instituto Nacional de Estadística respecto del tercer trimestre de 2022 apuntan claramente a una desaceleración de la economía española, en consonancia con la pronosticada para toda la eurozona y que resitúa las expectativas de crecimiento económico para el año 2023. La persistencia de los altos precios, pese a la moderación de la tasa interanual de inflación en octubre, afecta de manera clara a la capacidad adquisitiva de los salarios y lastra el consumo. Son múltiples los factores que confluyen para explicar la desaceleración económica y los ambivalentes datos de empleo. España no ha entrado, de momento, en crecimientos negativos, pero el fantasma de una recesión leve, aunque probable, navega ya por las expectativas de los operadores económicos.

Con este escenario, el Congreso ha validado el proyecto de Presupuestos Generales del Estado de 2023, rechazando holgadamente las enmiendas a la totalidad y abriendo así el debate sobre las enmiendas parciales. Lo hace en un contexto enrarecido por la divergente opinión de las tres instituciones que tienen la autoridad para opinar sobre el mismo: el propio Gobierno, a través de sus previsiones de crecimiento, ingresos y gastos, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), que avaló el escenario macroeconómico del Gobierno, pero luego ha expresado sus dudas sobre la fiabilidad del proyecto presupuestario, y el Banco de España, cuya opinión ha contribuido a sembrar dudas adicionales, en particular en lo relativo al escenario de crecimiento económico del año que viene y al rebajar notablemente las cifras ofrecidas por el Ejecutivo. Es una cuestión altamente relevante, pues la previsión de crecimiento condiciona la previsión de ingresos públicos y afecta a la solidez fiscal de los Presupuestos. Es cierto que los pronósticos de crecimiento para el año 2023 se basan en diferentes valoraciones de aspectos tan volátiles como el futuro precio del gas o la duración del conflicto en Ucrania, pero, aun así, esta divergencia ha servido para amplificar las críticas de la oposición, a falta de otras ideas de política económica que confrontar con las del Gobierno y desarbolada su defensa de las bajadas de impuestos tras la experiencia británica.

Pese a estar suspendidas las reglas fiscales europeas, la Comisión Europea emitirá en las próximas semanas sus observaciones y recomendaciones sobre el proyecto presupuestario de España. El informe permitirá tener una visión más completa sobre la fiabilidad del cuadro fiscal presentado ante Bruselas, permitiéndonos así salir de dudas ante este inesperado desencuentro. Mientras esta reacción se hace pública, tienen las tres instituciones —Gobierno, Banco de España y Airef— la responsabilidad de clarificar sus divergencias de una manera comprensible para la opinión pública, pues nada es más pernicioso, en estos momentos de alta incertidumbre sobre la futura evolución de nuestra economía, que permitir que la duda se asiente sobre los Presupuestos como principal instrumento de gestión económica de la que dispone el Gobierno de la nación.