El legado de la herida del terrorismo en España

El 13 de septiembre de 1974, ETA colocó una bomba en la cafetería Rolando de la madrileña calle Correo, cercana a la Dirección General de Seguridad (DGS). Fueron asesinadas 12 personas y otras 73 sufrieron heridas. El objetivo era la policía, pero solo pertenecía a dicho cuerpo la decimotercera víctima mortal, el inspector Félix Ayuso Pinel, que falleció en enero de 1977 a consecuencia de las secuelas de la explosión. En vez de asumir la autoría, ETA culpó a “núcleos ultrafascistas”.

El 26 de mayo de 1979, un atentado de los GRAPO en la cafetería California 47 (Madrid) acabó con la vida de 9 camareros y clientes y causó lesiones a otros 56. El comando lo había tomado por un local frecuentado por militantes de la formación neofranquista Fuerza Nueva, pero no era verdad: simplemente solían poner un puesto fuera de California 47. Los únicos damnificados fueron quienes trabajaban o merendaban en el establecimiento. Asustados por la dimensión de la masacre, los GRAPO negaron su responsabilidad.

El 23 de noviembre de 1980, dos terroristas ametrallaron el bar Hendayais (Hendaya). Aquel ataque parapolicial dejó nueve heridos y dos fallecidos: el obrero José Camio, natural de Urnieta aunque nacionalizado francés, y el jubilado Jean Pierre Haramendi, de Hendaya. Los pistoleros sospechaban que en aquel momento el local estaba concurrido por etarras, pero se equivocaban. Ninguno de los damnificados tenía vinculación con ETA.

El 12 de abril de 1985, una bomba explotó en el restaurante El Descanso (Madrid). Hubo 18 víctimas mortales y 84 supervivientes con lesiones. El blanco de aquel atentado eran los soldados estadounidenses de la Base Aérea de Torrejón de Ardoz, pero no hubo ni uno entre los fallecidos, ya que cenaban a una hora más temprana. La matanza fue reivindicada por la palestina Waad y la libanesa Yihad Islámica, siendo esta última la opción más probable.

Aunque se escuden en justificaciones distintas, los terroristas, sus acciones y las consecuencias de las mismas se parecen mucho. El aire de familia es inconfundible. Al fin y al cabo, los perpetradores están guiados por el mismo principio inmoral: el fin justifica los medios sangrientos. Desde su perspectiva, las víctimas no importan. Son meros instrumentos para atemorizar a la población y presionar al Gobierno con el fin de conseguir sus objetivos, sean estos los que sean.

España ha sido uno de los Estados europeos más golpeados por la violencia política. Desde la bomba del Directorio Revolucionario Ibérico de Liberación (DRIL) que mató a la pequeña Begoña Urroz en 1960, fecha de inicio que marca la Ley de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo, 1.453 personas han sido asesinadas en atentados y 4.983 heridas. Habría que sumarles un número indeterminado de secuestrados, transterrados, extorsionados, damnificados económicamente, amenazados, etc.

Hoy estamos en condiciones de cuantificar los crímenes de las organizaciones terroristas que han operado en nuestro país. Para facilitar la comprensión del fenómeno las agruparemos en cuatro grandes conjuntos: nacionalista radical, extrema izquierda, ultraderechista/parapolicial e internacional/yihadista.

Euskadi Ta Askatasuna (1959-2018) ha sido la banda más longeva y letal, además de la única que ha contado con un entorno civil sólido. El balance de su actividad arroja un saldo de más de 3.500 atentados, 853 asesinatos, 2.632 heridos y 86 secuestrados. Como es manifiesto, ETA condicionó negativamente nuestro pasado reciente, especialmente la Transición democrática. Por añadidura, sus imitadores en Cataluña, Galicia y las Islas Canarias ocasionaron otras nueve víctimas mortales.

Las organizaciones terroristas de extrema izquierda mataron a 110 personas. La mayoría de sus acciones llevaban la firma de los Grupos de Resistencia Antifascista Primero de Octubre (GRAPO), responsables de 92 asesinatos, el último en 2006. Muy lejos en este macabro ranking quedaban el Frente Revolucionario Antifascista y Patriota (FRAP) y grupúsculos como los GAA, el Colectivo Hoz y Martillo, el FRAVA o Iraultza.

Los terroristas de índole neofascista o parapolicial causaron 91 víctimas mortales. Aunque durante la Transición se camuflaron con siglas como las de ATE, Triple A o Batallón Vasco Español, etc., una simple pantalla, las más conocidas fueron las de los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL), autores de 27 asesinatos entre 1983 y 1987.

El terrorismo transfronterizo de carácter nacionalista y laico, preyihadista, segó 13 vidas entre 1973 y 1985. Desde la masacre de El Descanso a los dos periodistas asesinados en Burkina Faso recientemente, el de corte yihadista ha dejado 290 víctimas mortales y 2.036 heridos. 192 de los fallecidos corresponden a los atentados del 11 de marzo de 2004, los más brutales de nuestra historia.

El terrorismo no solo provocó un inmenso daño, sino que desembocó en un fracaso sangriento. Los atentados no consiguieron dibujar nuevas fronteras en la península para crear Estados etnolingüisticamente homogéneos, ni imponer una dictadura estalinista, ni resucitar la dictadura franquista ni implantar la sharía en un neocalifato de Al Ándalus. La cada vez más evidente certeza de que sus ataques eran inútiles fue desmoralizando al terrorismo doméstico. La eficaz actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y el CNI lo neutralizó definitivamente.

Por desgracia, eso no significa que este tipo de violencia sea cosa del pasado. De acuerdo con la Global Terrorism Database, entre los años 2000 y 2018 los perpetradores asesinaron a 231.870 personas en todo el planeta. Aun reduciendo el foco, las cifras siguen siendo escalofriantes. El Libro blanco y negro del terrorismo en Europa, cuyos datos han sido actualizados por el Centro Memorial de Víctimas del Terrorismo, indica que desde 2000 a 2020 los atentados han costado la vida de 1.944 ciudadanos de la UE.

En su mayoría tales crímenes fueron cometidos por grupos o individuos yihadistas y, en menor medida, ultraderechistas. Son las principales amenazas terroristas a las que nos enfrentamos en la actualidad. Mas no debemos ignorar otras, tal vez menos visibles, pero peligrosas a largo plazo. En ciertos ámbitos se han perpetuado el blanqueamiento del terrorismo, el fanatismo y los discursos del odio. Precisamente ese fue el caldo de cultivo del que surgieron ETA, los GRAPO y las siglas neofranquistas, por lo que nadie nos garantiza que la violencia de uno u otro signo no pueda reactivarse en el futuro.

Mejor prevenir que curar. Por eso es útil la labor de instituciones como el Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo, que dirige Florencio Domínguez y ha sido inaugurado esta semana. Por un lado, sirve para homenajear y recordar a todos los damnificados. Por otro, elabora y difunde un relato veraz acerca de las páginas más oscuras de nuestra historia. Por último, impulsa proyectos que buscan concienciar a los más jóvenes e impedir los procesos de radicalización. El centro es una fundación pública al servicio de la sociedad, pero la tarea de prevención nos incumbe a todos. Como escribió el superviviente del Holocausto Primo Levi, “lo sucedido puede volver a suceder, las consciencias pueden ser seducidas y obnubiladas de nuevo: las nuestras también. Por ello, meditar sobre lo que pasó es deber de todos”.

Gaizka Fernández Soldevilla es historiador y responsable de Archivo, Investigación y Documentación del Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo. Acaba de publicar El terrorismo en España. De ETA al Dáesh (Cátedra).