Las investigaciones sobre los autores del atentado de California 47 se dirigen hacia los GRAPO

y SOLEDAD GALLEGO DIAZEl ministro del Interior ha descartado, de acuerdo con las investigaciones policiales realizadas, que el atentado contra la cafetería California 47, de Madrid, que costó la vida a ocho personas, fuera perpetrado por un grupo de ultraderecha. La policía dirige preferentemente su atención hacia los GRAPO como responsables del atentado, aunque se mantienen, por otra parte, las investigaciones sobre la extrema derecha.

El Gobierno prevé que coincidiendo con el inicio del debate de los estatutos de autonomía se incremente la ola de violencia y su consiguiente aprovechamiento por grupos ultraderechistas, y estima que los atentados serán cada vez más indiscriminados. Según las últimas informaciones policiales, ETA ha formado últimamente un número no determinado de nuevos comandos, debido a las fuertes caídas que les han ocasionado las Fuerzas de Orden Público (FOP).Desde julio de 1978 se han desarticulado veinte comandos y se han detenido 113 presuntos etarras. Tras el asesinato del teniente general Gómez Hortigüela y de sus acompañantes, se han desarticulado otros cuatro comandos y se han realizado 33 nuevas detenciones.

Fuentes gubernamentales señalan que aunque los comandos etarras desarticulados estaban integrados en su mayor parte por personas muy jóvenes y con poca experiencia, los máximos responsables de ETA están muy preocupados por estas caídas, porque suponen la progresiva desaparición de elementos de apoyo fundamentales para la acción de los comandos más avezados, formados por miembros importantes de la organización separatista vasca.

Según los datos que obran en poder del Gobierno, entre el 30 de junio de 1977 y el 30 de junio de 1978 se han detenido 231 personas por presuntas conexiones terroristas. Sólo en el segundo trimestre de 1978 se realizaron 173 detenciones.

El Gobierno está convencido de la progresiva eficacia de estas acciones operativas, pero considera que existen todavía serios baches informativos provocados por la falta de coordinación entre los servicios de información de los órganos de Seguridad del Estado. Considera también que es necesaria una redistribución de efectivos de las FOP en el territorio nacional y un cambio en la dotación y organización de las comisarías, así como una modificación del actual sistema de trabajo de la Guardia Civil.

El Ministerio del Interior tiene puestas grandes esperanzas en el funcionamiento de los Grupos Especiales Operativos (GEO), de la Policía Nacional, y en las Unidades Antiterroristas Rurales (UAR), de la Guardia Civil, que ya han iniciado sus trabajos. Para facilitar la labor de las FOP se encuentra muy adelantado el proyecto de un prototipo de vehículo blindado con el que serán dotadas.

Otra de las preocupaciones gubernamentales reside en el gran número de armas sin licencia que circulan en la población española. Por este motivo, se prevé incrementar fuertemente las penas por tenencia ¡lícita de armas.

En relación con los «grupos itinerantes de formación policial» (véase EL PAIS 6-VI- 1979), medios policiales informaron que entre sus tareas figurará también la de aleccionar a sus compañeros en las respuestas adecuadas a las acciones terroristas. Se estima que algunas de las víctimas registradas en los atentados terroristas podrían haber salvado la vida si hubieran actuado «con menos ingenuidad».

En términos generales, el Gobierno considera que en estos momentos posee instrumentos legales para luchar contra el terrorismo y descarta por completo la posibilidad de decretar un estado de excepción con motivo de cualquier atentado. Al amparo de la ley de Medidas sobre Grupos Armados se han realizado oficialmente en todo el país 323 observaciones telefónicas, diecisiete observaciones postales, 188 registros domiciliarios y 435 prórrogas de detención.

Para la lucha específica contra las bandas fascistas, fuentes policiales manifiestan que se ha creado un grupo especial de investigación.

Por último, fuentes del Ministerio del Interior informaron que el proyecto de ley sobre policías de entidades autónomas podría ser remitido al próximo Consejo de Ministros. Al parecer, el proyecto de ley no concede prácticamente ninguna competencia a dichas policías autónomas en materia de orden público.