Pere Aragonès sufre para visualizar en la calle su obra de gobierno tras un año del Ejecutivo monocolor de ERC

La apuesta de Pere Aragonès por un Govern monocolor de ERC tras el divorcio con Junts deja, tras un año de andadura, un balance paradójico. Los indicadores de ejecución del plan de Gobierno (el cumplimiento roza el 60%) y el sentir de la sala de máquinas del gabinete de Presidencia apuntan a que la ruptura de la coalición no ha trastocado la velocidad prevista. La meta es agotar el año y poco que queda de legislatura y esperar a que medidas de impacto como la gratuidad del último curso de las guarderías o el aumento de efectivos en escuelas, centros sanitarios y de agentes de los Mossos estimulen a los votantes y se reedite el Ejecutivo. Sin embargo, las encuestas del CEO siguen sin mostrar un especial entusiasmo por la labor Govern y los datos del barómetro del pasado enero, vuelven a suspender al Ejecutivo con una nota de 4,4 sobre 10, una situación invariable desde hace cinco años. Otra cosa es la vida en el Parlament, donde la minoría de los republicanos -33 de 135 diputados- sí limita el margen de maniobra y Junts y el PSC no pierden oportunidad de recordar la debilidad.

Economía: gestionando presupuestos de récord

Natàlia Mas tomó las riendas de la cartera de Economía y Finanzas, una consejería capital para el funcionamiento del día a día de la Administración por su control de la caja, pero con escasa proyección pública. Su gran éxito este año, y con un gran acompañamiento de Presidencia, fue la aprobación de los Presupuestos de 2023, que suponía un récord de recursos con 3.842 millones más (41.025 millones en total), que puede ser un buen cojín si el próximo año el Govern se ve incapaz de actualizarlos y tiene que prorrogarlos. Esa capacidad de gasto se ha beneficiado de los fondos europeos, que han permitido a la Generalitat movilizar 2.371 millones hasta agosto.

Entre las medidas tomadas se encuentra el vale escolar de 100 euros para alumnos de primaria, medida que no ha sido del agrado de las asociaciones de familias y escuelas, al considerar que se trata de una medida inadecuada para reducir el coste del material de los alumnos. Y otra que está en un estado incipiente es llevar cajeros a aquellos municipios en los que no hay ninguna entidad financiera. En los 12 últimos meses, Economía también ha realizado un trabajo más político, con el objetivo de denunciar que el Gobierno de Madrid está recentralizando recursos procedentes de impuestos y que está invirtiendo menos en Cataluña de lo comprometido en los presupuestos. En definitiva, ha alzado la voz con el tema del déficit fiscal, del que dice que está en máximos históricos.

Territorio: a expensas de Madrid

En los cuatro meses que lleva al frente del Departamento de Territorio, Ester Capella ha centrado sus esfuerzos en tres ámbitos, pero en todos ellos depende de la decisión del Gobierno central. El primero es el de la movilidad, con el traspaso de la gestión de la red de Rodalies como principal reivindicación. Capella se ha reunido con la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, y han acordado pequeñas actuaciones en infraestructuras, pero la mayor parte del pastel, el traspaso de la red, depende de la negociación para la investidura de Pedro Sánchez. La consejera también pactó con el Gobierno firmar antes de fin de año los convenios y protocolos para llevar a cabo las inversiones de 914 millones en infraestructuras como el polémico Cuarto Cinturón. El otro ámbito candente en el Departamento es el de la vivienda, y la gran asignatura pendiente es la aplicación de la Ley de vivienda. Cataluña es la única comunidad que lo tiene todo listo para aplicarla y poner así tope a los precios del alquiler, pero falta que el Gobierno defina los índices de precios de referencia.

Salud: la lucha contra el tabaco y las listas de espera vencen a Balcells

El Departamento de Salud inició la etapa de Manel Malcells con una huelga del personal sanitario a la vuelta de la esquina. El nuevo consejero consiguió aplacar las protestas con un aumento salarial para casi la mitad de los profesionales del sistema y se comprometió a negociar las condiciones específicas de los médicos “para tratarlos mejor”, como defendió en sede parlamentaria. Los avances en este primer año, sin embargo, han sido escasos según fuentes del propio sindicato Metges de Catalunya, convocante de la huelga.

Otros ámbitos también están a medio camino. Balcells abrió su mandato enarbolando la bandera contra el tabaquismo, pero con el paso de los meses pasó de decir que en 2023 no se podría fumar en las terrazas a buscar medidas “disuasorias” que “no alteren el trabajo de los restauradores”.

La accesibilidad a los CAP ha mejorado y las visitas presenciales en menos de cinco días han pasado del 35% al 64%. Las listas de espera para las pruebas diagnósticas, en cambio, se mantienen en los mismos niveles de hace un año, a pesar de que la actividad ha aumentado. El consejero aseguró en comisión de parlamentaria que el volumen de las listas era “inaceptable”. Salud mantiene la intención de incorporar a nuevos perfiles profesionales: de los 365 higienistas dentales previstos a finales de año, la consejería ha contratado a cerca de 250, según el Colegio de Higienistas de Barcelona.

Educación y Universidades: las carteras vuelven a manos veteranas

Fue toda una sorpresa que el Govern de Pere Aragonès decidiera rescatar a Joaquim Nadal, de 75 años, que había vuelto al ámbito académico de la mano del Instituto Catalán de Investigación en Patrimonio Cultural. Nadal ha continuado la tendencia emprendida por su antecesora, Gemma Geis, de reducir el precio de las matrículas en Cataluña, la comunidad con las tasas más caras. También se eliminaron recargos para estudiar la segunda y sucesivas carreras y se concedió la gratuidad también a los alumnos con matrícula de honor de FP. También ha emprendido la ardua tarea de poner orden en la precariedad y los abusos en la contratación que han llevado a cabo los campus con la figura de los profesores asociados. De momento, se ha puesto en marcha un plan de choque con 65 millones para crear 820 plazas de profesorado permanente.

Aragonès no aprovechó para renovar la cartera de Educación en octubre, a pesar de que Josep Gonzàlez-Cambray hacía meses que era el foco más polémico del Govern. Pero sí lo hizo el pasado junio, tras el varapalo en las elecciones municipales. Aquí también recurrió a una veterana -Anna Simó-, no como docente, aunque sí de las políticas educativas y del parlamentarismo. Simó no ha hecho grandes promesas porque no ha venido a hacer grandes cambios, sino a apaciguar los ánimos con el colectivo docente, como admitió el mismo president. De momento lo está logrando, a excepción de algún sindicato más combativo que continúa con un discurso muy crítico. Con todo, no se ha librado de las críticas por la reciente gestión de casos como el polémico recorte en personal de apoyo educativo -las vetlladores- o no pagar a los nuevos coordinadores antibullying.

Derechos sociales: más ayuda ante más necesidad

El consejero de Derechos Socials, Carles Campuzano, ha logrado algunos hitos importantes en el año que lleva en el cargo, aunque algunos de ellos responden a políticas que ya se iniciaron antes de que llegara. En junio, firmó con patronales del tercer sector y con los sindicatos una mejora de las tarifas públicas (incremento del 4% este año, más un 2% extraordinario por los costes de la inflación; y un 5% en 2024) que ayudarán a subir los salarios de los trabajadores. Este acuerdo y el de incrementar vía presupuestos un 8% el indicador de renta de suficiencia (IRSC) —el índice que se usa para determinar la cuantía y los baremos para recibir prestaciones sociales—, dieron respuesta a dos importantes reivindicaciones del sector.

Pero el departamento, aunque aumentó su presupuesto este año hasta los 3.520 millones de euros (hasta agosto, se ejecutó un 49% del presupuesto, según los datos de la Generalitat), sigue teniendo retos de gran calado. Uno de ellos es seguir ampliando la Renta Garantizada de Ciudadanía para llegar a más beneficiarios. Según un informe de la agencia de evaluación de políticas públicas Ivàlua, esta ayuda solo la recibe el 40% de las personas que están en situación de pobreza severa. Los últimos datos, de julio, indican que hay 163.739 beneficiarios, 7.200 menos que cuando Campuzano asumió el cargo. El consejero pidió desde el principio al Estado un traspaso de la gestión del Ingreso Mínimo Vital para agilizar ambas prestaciones, pero todavía no se ha concretado. En una nota de balance del año de mandato, el Departamento apunta que han trabajado en la integración sociosanitaria, con la creación de la Agencia de Atención Integrada Social y Sanitaria (está hecha la memoria preliminar y se han hecho pruebas en algunos territorios) y que ha ampliado en 2.369 las plazas en las residencias para gente mayor y discapacitados. También destaca avances en el sistema de servicios sociales, en la protección a la infancia o en la lucha contra la pobreza energética, pero en todos estos ámbitos queda a la vez mucho por hacer: en el último, solo hay un convenio con Endesa, y su aplicación es relativa, ya que solo se han instalado 48 contadores sociales en Cataluña. Campuzano también prometió un reconocimiento a las víctimas de covid en las residencias, pero el grupo de trabajo creado en el Parlament para determinar el impacto todavía no ha entregado el informe final.

Justicia: gestión discreta con el foco en la memoria y las alternativas a la prisión

La de Justicia no es una cartera con gran peso político, ni la que más luce. A cambio, permite una gestión discreta y, salvo sobresaltos penitenciarios (agresiones, incidentes, concesión de terceros grados), una existencia apacible. Con pasado en los comunes pero sin carné de Esquerra, Gemma Ubasart ha llevado esa discreción a su máxima expresión. Rodeada de un equipo técnico solvente, ha puesto el foco, como su antecesora Lourdes Ciuró (Junts), en el desarrollo de la memoria democrática, aunque con una mayor carga de profundidad: la Generalitat se ha personado como acusación en un caso de torturas de la policía en Barcelona, formará a juristas en el ámbito y ha logrado identificar y entregar los restos del militante antifranquista asesinado Cipriano Martos.

Con las competencias en justicia muy fragmentadas, Ubasart ha tratado de mejorar la coordinación entre operadores jurídicos y ha desencallado algunas de las plantas judiciales con más deficiencias (Fòrum de Tarragona, Martorell o Sabadell). En el ámbito penitenciario, ha mantenido la circular que aprobó Ciuró sobre contención de internos, que gusta a los sindicatos de prisiones y disgusta a las entidades por los derechos de los presos, aunque es partidaria de que la tendencia sea la “contención cero”. En ejecución penal, Ubasart tiene claro hacia dónde debe encaminarse el sistema: menos internos en las cárceles, más cumplimiento en medio abierto y más medidas penales alternativas para facilitar la reinserción en la sociedad. La mediación y la llamada justicia restaurativa, según su visión, deben cobrar protagonismo frente al proceso penal tradicional.

Acción Exterior: La Generalitat llega a las 21 delegaciones en el extranjero

La carpeta de Acción Exterior fue una de las que Esquerra tuvo que asumir tras la salida de Junts del Ejecutivo catalán. En una apuesta clara por dar visibilidad al conflicto político en la agenda internacional, Aragonès opto por poner como titular a la exconsejera de Agricultura Meritxell Serret, que volvió a España en marzo de 2021 y tras presentarse al Tribunal Supremo puso fin a casi cuatro años de fuga en Bélgica.

Tras el cierre de las llamadas embajadas de la Generalitat, consecuencia de la aplicación del 155, el Govern se volcó en restituir la red de oficinas y Serret ha capitaneado ya una fase de expansión. En marzo pasado se aprobó la creación de la oficina de Bogotá, la número 21, que cubrirá a los países del área andina y complementa la presencia existente en México, Argentina y Brasil. El anuncio de la apertura, de hecho, lo hizo el propio Aragonès en medio de una gira por suramérica y que ha sido su gira institucional más importante hasta la fecha.

Paralelamente, Serret ha capitaneado dos planes vitales: el de la estrategia de acción exterior y el de cooperación al desarrollo, ambos con el horizonte 2023-2026. Un tercero, aprobado el pasado martes, tiene todos los ingredientes para levantar polémica. El anteproyecto de ley de creación de un cuerpo de acción exterior de la Generalitat ha sido recibido por parte de la oposición con alertas de posibles conflictos competenciales y está por verse qué apoyo tendrá en el Parlament. El cuerpo, explicó la consejera hace una semana, estará integrado por personal especializado en el ámbito de las relaciones internacionales y desplegará la acción exterior del Govern.

Con información de: Josep Catà, Bernat Coll, Dani Cordero, Jesús García, Ivanna Vallespín y Camilo S. Baquero.

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