Gemma Ubasart, consejera de Justicia: “Las condenas largas no facilitan la reinserción”

Gemma Ubasart (Castellar del Vallès, 1978) cumple medio año al frente de Justicia, Derechos y Memoria, un departamento que tradicionalmente ha tenido poco peso político pero que gestiona un espacio complejo: las cárceles. “Los problemas de la sociedad se reflejan en la prisión”, dice Ubasart desde su despacho en la Zona Franca de Barcelona, donde acaba de presentar el estudio que indica que el 21% de los presos en las cárceles catalanas reincide al cabo de cinco años, una cifra muy por debajo de la media europea (40%) y que, en su opinión, “avala el modelo penitenciario catalán”, centrado en la reinserción. La exsecretaria general de Podem, nombrada consejera por el republicano Pere Aragonès, apuesta por profundizar en ese modelo y hacer de la cárcel “el último recurso”, un lugar donde los presos pasen el tiempo imprescindible porque extender las condenas, aunque vaya contra el sentir general de la población y contra el discurso político mayoritario, es más bien un freno a la reinserción.

Pregunta. ¿Qué les dice el estudio sobre la reincidencia?

Respuesta. Entre otras cosas, que cuando la excarcelación se hace desde un medio abierto, la reincidencia baja 12 puntos. Tiene sentido. En el medio abierto se vuelve a estar en contacto con la familia, con el mundo laboral… Se produce una transición acompañada a la vida en sociedad, lo que facilita que se puedan trabajar las causas que habían llevado a esa persona a delinquir.

P. Decir que cuanto menos tiempo en prisión, mejor, ¿no es ir contra el discurso mayoritario de pedir siempre penas más duras?

R. Sí, por eso tenemos que hacer mucha pedagogía. La evidencia científica nos dice que, a menos tiempo de prisión, menos se reincide. O dicho de otro modo, que haya largas condenas no facilita la reinserción; al contrario, a partir de cierta duración, la reinserción, que es el principal objetivo, se hace más difícil.

P. ¿No propone eliminar las prisiones?

R. No. Hemos de combinar el paso por prisión con mucho tratamiento, actividad y acompañamiento en el medio abierto. Y explicar que la cárcel es muy dura. Que afecta a la salud física y mental de los internos, les desconecta de su entorno. Cuanto menos tengamos que hacer uso de la prisión, mejor. En justicia juvenil hay un consenso mayoritario sobre el internamiento como último recurso y unas leyes que acompañan esa idea; ¿por qué no ha de ser posible en la justicia de adultos?

P. Se suele hablar mucho de los internos y sus circunstancias, pero las víctimas, ¿siguen siendo, como denuncian, las grandes olvidadas del proceso penal?

R. Sí. Aún nos centramos mucho en las penas, en cuántos años se imponen, y no en lo que le pasa a la víctima, lo que necesita y cómo podemos acompañarla y resarcirla. A la víctima se la ha ido poniendo en el centro, pero aún queda mucho camino.

P. Los datos indican que las agresiones a funcionarios y entre internos han aumentado.

R. Sí, el aumento es evidente, los datos son públicos. Las graves se mantienen estables, pero las leves han aumentado de forma bastante relevante.

P. ¿Por qué?

R. En parte, por el contexto postpandemia, que ha hecho emerger más problemas de salud mental. Tenemos la hipótesis de que parte del problema es que, durante la pandemia, el modelo catalán, basado en mucha intervención, mucha actividad y mucha vida en las prisiones, no pudo funcionar. Y eso se ha notado. También ha cambiado el perfil de los internos y han aumentado las adicciones. Y hay un factor socioeconómico. La sociedad está más tensionada y las prisiones, también.

P. ¿Qué van a hacer?

R. Nos preocupa la seguridad de los trabajadores y de los internos, y la convivencia en las prisiones. Se creó un grupo y salieron medidas; por ejemplo, más uso de la inteligencia penitenciaria para prevenir conflictos, o mejoras arquitectónicas en los DERT [Departamento Especial de Régimen Cerrado, por sus siglas en catalán, donde permanecen los presos en aislamiento].

P. Los DERT están en el punto de mira de grupos proderechos de los presos, por el número de suicidios y de incidentes.

R. Aunque suene contradictorio, en los DERT tiene que haber mucha intervención, porque quien está allí seguramente es quien necesita más apoyo. No basta con cerrar la puerta y ya está.

P. Ha heredado una polémica por la circular sobre contenciones mecánicas a presos. Ester Capella (ERC) aprobó una circular que prácticamente imposibilitaba someterles a esas contenciones y su sucesora, Lourdes Ciuró (Junts) decía que había provocado un aumento de agresiones y redactó otra. ¿Mantendrá la circular de Ciuró?

R. Nuestra apuesta es caminar hacia la contención cero, tanto en prisiones como en el ámbito sanitario, porque así nos lo mandan los órganos internacionales. Pero vamos a evaluar cómo funciona esta circular para tener evidencia empírica y después tomar decisiones. Sería muy vistoso derogarla, pero creemos que las cosas no han de hacerse así. No entraremos en una guerra de circulares. En este país tenemos una obsesión legalista, cuando lo importante es qué políticas públicas implementamos.

P. Entre los planes piloto que Justicia estudia o tiene en marcha está el uso de un gas de defensa personal. ¿Por qué lo contempla este Govern?

R. Es una prueba piloto muy reducida y controlada. En algunos casos, cuando hay una agresión y mientras llega el equipo de intervención, los trabajadores consideraban que podía ser una buena idea. Como no nos cerramos a la evidencia, aceptamos hacer una prueba para analizar pros y contras. Aún no está en marcha.

P. Otra de sus atribuciones como consejera es el apartado de memoria democrática. Acaban de aprobar un anteproyecto de ley que incorpora esos contenidos en la educación primaria. ¿Entiende que puedan acusarles de adoctrinamiento?

R. No, al contrario. La ley habla de memorias democráticas, que son plurales. Pero sí creemos interesante elaborar material docente para que en las escuelas se pueda seguir ese hilo de democratización, de experiencias que han permitido ir adquiriendo derechos. Ese es el espíritu, explicar cómo hemos llegado a la democracia y cómo la defendemos.

P. También se contempla la colaboración de la Generalitat para investigar la represión franquista. ¿No es un brindis al sol?

R. No buscamos un castigo, ni lo queremos. Pero sí plasmar la verdad jurídica. Solo con abrir un proceso ya hay un proceso de reparación. Como en el caso de Cipriano Martos. Abrir una tumba, recuperar un cuerpo y dignificar la memoria de esa persona ya es una reparación para la familia.

P. ¿Es viable, como plantean, retirar todos los símbolos franquistas en dos años?

R. Sí. Muchos se han retirado ya y la presencia en espacios públicos en Cataluña es reducida.

P. ¿Será la consejera que vea la retirada del monumento franquista de Tortosa?

R. Espero que sí. Solo quedan cuestiones formales y se tendrían que resolver en breve.

P. En 2023, ¿se puede decir que hay represión del Estado contra el independentismo?

R. Lo que hay son casos que conviene desjudicializar. Ya se está transitando ese camino con la supresión de la sedición o los indultos. Pero hay que seguir.

P. ¿Cree que se ha utilizado esa aludida represión para defender otras conductas? Por ejemplo, en el caso de Laura Borràs.

R. Apelar a la desjudicialización puede ser una herramienta a utilizar en el juicio, pero…

P. ¿Tendría que apartarse Borràs? Ya ha dicho que no lo hará.

R. No me corresponde a mí decirlo. Solo puedo decir que lo importante es que haya un funcionamiento normal del Parlament.

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