Carles Campuzano: “Las familias de víctimas de la covid en residencias necesitan un reconocimiento”

La gestión de las expectativas en política es difícil. Lo sabe Carles Campuzano (Barcelona, 58 años), cuya carrera comenzó en Convergència y ahora llega a su cargo de mayor responsabilidad gracias a ERC. Al frente del Departamento de Derechos Sociales tendrá que gestionar las exigencias que hasta hace tres meses abanderaba trabajando en el tercer sector: reconoce que no llegará a todo. La integración sociosanitaria, cuya necesidad dejó en evidencia la pandemia, será uno de sus grandes retos. La Generalitat está haciendo los deberes para aprender de lo sucedido en las residencias pero, añade el conseller, se le debe un reconocimiento a las familias de los miles pacientes fallecidos. Su padre fue uno de ellos.

Pregunta. Junts le acusa de presentar como suyas medidas que su antecesora tenía listas, ¿es así?

Respuesta. Hemos encontrado cosas bien hechas y otras sin resolver. Pagamos los atrasos en el pago de los sobrecostes de las entidades por la covid, la condonación de la deuda de las familias que está en el convenio con Endesa; y aprobamos el incremento de las tarifas para servicios a personas mayores, entre otros.

P. ¿Y la actualización del índice para las ayudas sociales? Junts dice que también estaba listo.

R. Lo que había no tenía la intensidad del 8% acordado en el marco del diálogo social. Es bastante incomprensible su congelación desde 2010 y ahora estudiar las variables objetivas para su incremento.

P. El Govern de Artur Mas, entonces de su partido, fue quien hizo esa congelación

R. Fuimos víctimas de una opción de política macroeconómica europea y de la decisión de Mariano Rajoy de hacerlo a costa de las comunidades. En positivo, ahora con la covid y la guerra de Ucrania ha sido al revés. Pero estas heridas tardan tiempo en curarse, razón de más para reclamar estabilidad política y presupuestaria.

P. La Renta Garantizada (RG) tiene 172.000 beneficiarios pero las entidades critican que sigue sin lograr una cobertura efectiva. ¿Qué hará?

R. La Generalitat debe administrar todas las prestaciones. El Ingreso Mínimo Vital del Gobierno tiene un índice de cobertura muy bajo en Cataluña, pero su gestión diferenciada de la RG impacta en las personas más pobres y crea un infierno burocrático. Si se integraran, podríamos dedicar parte los recursos liberados a las familias con menores o dependientes a cargo.

P. ¿Activará la Agencia de Protección Social que diseñó ERC para ello?

R. Por ahora seguimos con los instrumentos administrativos que tenemos. Si vemos que una mejor gestión pasa por activarla, lo haremos. Es más urgente avanzar en la integración sociosanitaria y por eso estamos ultimando la Agencia de Acción Social y Sanitaria con el Departamento de Salud.

P. ¿Pasar de la primera línea de la reivindicación al Ejecutivo genera grandes expectativas?

R. Es evidente que para mucha gente del sector no haremos suficiente. La democracia tiene que ver con la decepción: entre lo que tienes ganas de hacer y lo que acabas haciendo siempre hay un decalaje. Esperemos que sea el mínimo.

P. ¿Eso aplica también al independentismo?

R. Cuando optas por poner la política en el centro, de la resolución del conflicto, por definición, tendrás que gestionar un punto de decepción y por eso nos critican. ERC ha hecho ese camino. Otros no y la alternativa es seguir llevando a la gente a la frustración.

P. ¿Entonces el independentismo está entre la frustración y la decepción?

R. Entre la frustración y la decepción, sabiendo que la función de la política es que aquello en lo que vas avanzando, la ciudadanía también lo viva como un progreso. El objetivo de este Govern independentista es que las aspiraciones de esta sociedad se hagan posibles, eso dependerá de la correlación de fuerzas, de la inteligencia de las partes... La negociación con el Estado está ahora en la fase de la despenalización, pero en algún momento ellos tienen que decir qué propuesta tienen para Cataluña, por ahora ninguna.

P. ¿Fue un error no hacer una comisión de investigación en el Parlament sobre la pandemia y las residencias?

R. El grupo de estudio creado nos dará pistas para abordar la reforma del sistema. Pero tenemos que ver cómo se financia. España gasta el 0,9% del PIB en dependencia, mientras que Alemania gasta el 2,3%. Lo que no puede pretender es que todo recaiga sobre las CC AA. En otros países se recurre, por ejemplo, a un impuesto finalista.

P. ¿Y dónde quedan las familias de los fallecidos?

R. Mi padre murió en una residencia durante la covid y viví ese drama. Es evidente que con los ojos de 2022 hay cosas que son incomprensibles, como que las familias no pudiesen acompañar a sus padres. Que las familias necesitan reconocimiento seguro, y tendremos que pensar cómo lo hacemos.

P. Sobre la protección a la infancia, en el Parlament dio la cifra de que en cinco años la Dgaia ha perdido casi dos tercios de los juicios. ¿Qué debería mejorar?

R. Esta cifra se reduce en la segunda instancia, donde las sentencias desfavorables solo son 41, el 3,2%. Del proceso de revisión del sistema de protección a la infancia, que presentaremos en breve, surge la idea de un plan piloto de prevención en los núcleos familiares más complejos. A menudo llegas a un proceso de desamparo y es posible que antes no hayas hecho cosas para evitarlo. El desamparo tiene que ser la última intervención en la defensa de los derechos del menor, que a veces lleva a una confrontación legal.

P. La figura del impuesto de Sucesiones está altamente ideologizada. ¿Qué defiende?

R. Esta figura es imprescindible para afrontar las desigualdades. Si se identifican mejoras en términos de equidad, adelante, pero creo que el que tenemos está razonablemente bien diseñado. Hasta hay quien plantea en el mundo académico que el impuesto, en el margen que depende de la Generalitat, sea finalista para la dependencia.

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