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La Renta Garantizada no iguala la cobertura de la ayuda que sustituyó

El Govern, en respuesta a una petición de transparencia, admite que solo ha aprobado el 9,2% de las nuevas solicitudes de la prestación hasta mediados de enero

Los promotores de la ILP en el Parlament, tras la aprobación de la ley.
Los promotores de la ILP en el Parlament, tras la aprobación de la ley.

La Generalitat tiene vigentes 25.928 expedientes de Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC) que se traducen en 64.188 beneficiarios. Los datos, a los que ha tenido acceso EL PAÍS, los aportó el Govern tras una petición de transparencia hecha por los promotores de la ley que regula esta prestación. La RGC nació en septiembre de 2017 para sustituir a la Renta Mínima de Inserción y dar cobertura a más personas en situación de pobreza. Tras una implantación irregular con solo un 9,2% de nuevas solicitudes aprobadas, la RGC no llega a igualar a la anterior ayuda, que en febrero de 2017 cubría a 27.800 hogares y 67.966 beneficiarios.

El consenso que generó la ley de la Renta Garantizada de Ciudadanía —aprobada por unanimidad después de que los agentes sociales presentaran una Iniciativa Legislativa Popular— estuvo seguido por una intensa polémica por el fracaso de su implementación, con un porcentaje muy bajo de nuevas solicitudes aprobadas. El consejero de Trabajo, Asuntos Sociales y Familia, Chakir El Homrani, ha entonado este lunes un mea culpa en una entrevista a la agencia Efe, aunque ha argumentado que el Govern, intervenido con la aplicación del artículo 155 de la Constitución, poco podía hacer.

Un año y ocho meses después del inicio de la nueva prestación, y nueve meses después de la recuperación del autogobierno, El Homrani ha destacado que actualmente se aprueba el 30% de las nuevas solicitudes de RGC, y que hay 120.000 beneficiarios. Sin embargo, los promotores de esta prestación y algunos partidos de la oposición acusan al Govern de “maquillar” los datos.

Consideran que el 30% de solicitudes aprobadas está distorsionado porque se refiere a un periodo de tiempo corto (desde enero de 2019 hasta ahora) en el que además se han registrado menos solicitudes. “Al ver un número tan alto de denegaciones muchos han desistido”, afirma Diosdado Toledano, portavoz de la plataforma impulsora de la RGC. Tampoco considera creíbles los 120.000 beneficiarios, ya que es la suma a los que perciben la totalidad de la RGC (644 euros al mes por una persona) y de los que, al ser beneficiarios de otra prestación, solo cobran un complemento (que puede ser de tan solo 50 euros).

Las cifras aportadas por el consejero también los pone en duda la información que el propio Ejecutivo del presidente Quim Torra ha remitido a la Comisión de Garantía del Derecho de Acceso a la Información Pública. Según este documento, que recoge datos desde el 15 de septiembre de 2017 hasta el 15 de enero de 2019, hay 25.928 expedientes vigentes de RGC y 64.188 beneficiarios. Ambas cifras no llegan a igualar las de la Renta Mínima de Inserción en 2017, la ayuda que la nueva prestación pretendía ampliar. Los datos indican que hay, por otra parte, 49.733 expedientes vigentes de complementos, 54.528 beneficiarios.

Sobre las solicitudes aprobadas y denegadas hasta mediados de enero de este año, la Generalitat admite que solo ha aprobado 4.268 de las 46.429 nuevas solicitudes, es decir, un 9,2%. La Generalitat denegó 37.975 nuevas solicitudes, principalmente por superar los ingresos establecidos en la ley, tener un trabajo o no acreditar una residencia continuada. Con respecto a los complementos, el porcentaje de solicitudes aprobadas sube hasta el 23%.

Los promotores de la ley de la RGC lamentan que el Govern no desglose los datos, tampoco en la respuesta a la petición de transparencia, para conocer cuántas solicitudes de RGC por parte de personas sin hogar fueron aprobadas o denegadas.

Precisamente, la cobertura a las personas sin hogar, así como la de otros colectivos vulnerables, debía blindarse con un reglamento de la RGC que, pese a ser obligatorio por la ley, el Govern no ha conseguido sacar adelante. Finalmente la cobertura a estos colectivos se garantizó con una modificación de la ley propuesta por el PSC. “Hay una gran dejadez y un gran obscurantismo. No hay reglamento, y tampoco se hace caso a la resolución del Parlament que obliga a revisar todas las denegaciones”, asegura el diputado socialista Raúl Moreno.

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