La inestabilidad pone en jaque la renta garantizada

Los servicios sociales son una estructura delicada: desde los recortes del Gobierno de Artur Mas, que los presupuestos de Carles Puigdemont en 2017 no revirtieron, cualquier imprevisto puede convertirse en emergencia. Y las emergencias han llegado cuando el Govern está más paralizado. La crisis por la llegada masiva de menores migrantes ha colapsado el sistema de atención a la infancia, y la falta de Gobierno ha retrasado el despliegue de la ley de la Renta Garantizada de Ciudadanía, la herramienta que debía servir para reducir la pobreza en Cataluña.

El gasto social en Cataluña cayó un 26% entre 2009 y 2015. En los presupuestos de 2017, los últimos que se han aprobado en Cataluña, el gasto en el departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familia se fijó en 2.299 millones de euros. Aunque esta cifra supuso un aumento de 193 millones con respecto a 2015, es todavía un 11,7% menor que en 2010.

Con los recortes todavía sin superar, los representantes del Tercer Sector se sienten olvidados: a la falta de una estructura fuerte se le ha sumado la inestabilidad política, la aplicación del artículo 155 de la Constitución y la incapacidad para formar Gobierno y aprobar presupuestos. “Todos estos factores han afectado principalmente a dos ámbitos: la atención a la infancia y el despliegue de la Renta Garantizada”, afirma Mercè Civit, coordinadora del Colegio Oficial del Trabajo Social.

La ley de la Renta Garantizada de Ciudadanía fue aprobada en julio de 2017 y la nueva prestación se puso en marcha en septiembre del mismo año. Era la gran apuesta del Govern de Puigdemont para intentar bajar la cuota de personas que viven bajo el umbral de la pobreza, que desde hace cinco años no baja del 20%. Un año después de su puesta en marcha, el Govern solo aprobó 5.600 de las 71.000 solicitudes recibidas, el 7,9%. Los sindicatos explican que el Govern ha sido muy restrictivo en la aprobación de las solicitudes, ya que según la interpretación que hacía, veía incompatible la nueva prestación con contratos de trabajo, otras ayudas sociales y recursos residenciales públicos. Esto ha dejado fuera del sistema de protección a colectivos vulnerables como el de las mujeres maltratadas o los sin techo. La ley debía ir acompañada de un reglamento que acabase con las restricciones, pero el documento no se ha redactado todavía, a causa de la falta de Gobierno. Después de una propuesta en el Parlament se ha conseguido ampliar la cobertura a estos colectivos.

El otro gran ámbito de los servicios sociales afectado por la parálisis del Gobierno es el de la atención a la infancia. La llegada masiva de menores migrantes (a fecha de 30 de septiembre, han llegado este año 2.501 menores, casi un 70% más que el año anterior, según la Generalitat) “ha coincidido con el momento en el que el Govern está más paralizado. No ha habido planificación, sino improvisación”, dice Civit. El Govern ha creado cientos de nuevas plazas, aunque no suficientes para cubrir la demanda que hubo en verano. A pesar de este esfuerzo, el consejero Chakir El Homrani admitió que el sistema de protección a la infancia tiene que repensarse. Sindicatos y profesionales afirman que para ello hacen falta más recursos, y recuerdan que los vaivenes políticos de los últimos años han imposibilitado un gran pacto en este ámbito. “Hemos tenido tres directores de la DGAIA en seis años. Si tenían políticas, no les ha dado tiempo a llevarlas a cabo”, dicen en UGT.