El Govern solo aprueba el 10% de las peticiones de Renta Garantizada

El balance un año después de la entrada en vigor de la medida social más importante del Gobierno de Carles Puigdemont, la Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC), deja mucho que desear. De las 69.000 solicitudes de expediente que el Govern ha recibido, fueron valoradas 49.600. De estas solo se han aprobado 5.043, el 10%. El consejero de Trabajo, Asuntos Sociales y Familia, Chakir el Homrani, ha explicado este viernes la baja implementación de esta medida por la aplicación del artículo 155 de la Constitución. Entidades y sindicatos urgen ahora al ejecutivo a desplegar el reglamento de la RGC para llegar a todos los colectivos vulnerables.

La Renta Garantizada de Ciudadanía fue presentada por la exconsejera Dolors Bassa y por el propio Puigdemont como la prestación que, por fin, permitiría afrontar el grave problema de la cronificación de la pobreza. Más de un millón y medio de catalanes vive en riesgo de pobreza, y la mitad tiene problemas para llegar a fin de mes, según los datos del Instituto de Estadística de Cataluña (Idescat). En los últimos cinco años, el umbral de la pobreza se ha mantenido, con algunas variaciones, alrededor del 20%, un indicio de que, pese a los síntomas de la recuperación económica, hay un grueso de la población que no consigue notar la mejoría.

La nueva prestación, impulsada por una Iniciativa Legislativa Popular en 2014 y aprobada en el Parlament por unanimidad tres años después, generó muchas expectativas. La RGC, que sustituyó a la Renta Mínima de Inserción (RMI), ha supuesto un aumento medio de 200 euros en las ayudas a personas con necesidades, ha ampliado el espectro y su despliegue incluía una batería de políticas sociales y de empleo para fomentar la integración. Pero, un año después de su puesta en marcha, en septiembre del año pasado, la prestación solo ha llegado al 10% de las solicitudes que se han presentado. Y el reglamento que permitiría llegar a todos los colectivos vulnerables todavía no se ha redactado.

El consejero de Trabajo, Asuntos Sociales y Familia, Chakir El Homrani, que fue ponente de la ley de la RGC durante su tramitación, ha culpado a la intervención de la Generalitat de las dificultades por las que ha pasado la implementación de la ayuda social. Su puesta en marcha coincidió con la crisis política por el proceso independentista y con la aplicación del artículo 155 de la Constitución, con la consiguiente intervención de la Generalitat y cese del Ejecutivo catalán. Las dificultades para formar Gobierno después de las elecciones de diciembre aumentaron el tiempo de espera para desplegar la ley.

El resultado son unos números que no satisfacen a nadie. “Son ocho meses que hemos perdido”, ha admitido El Homrani. Las expectativas generaron una gran demanda: medio millón de personas consultó con la Administración la posibilidad de pedir la RGC. Después de concretarse en 118.000 citas previas y 69.000 solicitudes de expediente, el Govern valoró 49.600. De estas, solo 5.043 han sido aprobadas, mientras que el grueso, 36.000 (el 73%) han sido denegadas. El consejero ha explicado que la avalancha de demandas generó un cuello de botella en el que todavía hay 10.000 solicitudes por resolver.

A las más de 5.000 solicitudes aprobadas hay que sumarle los expedientes que provenían de la RMI, que aumentaron económicamente y se convirtieron en Renta Garantizada, y hay que añadirle 45.363 personas que percibían ayudas complementarias a pensionistas. En total, 113.000 beneficiarios están dentro del sistema de la RGC, una cifra no muy superior a la que ya había antes de la nueva prestación, si bien la cuantía de las ayudas era menor.

El Homrani ha explicado que, a partir del segundo año de implementación de la RGC, que empieza ahora, se suben los baremos para solicitar la prestación. “Algunos de los casos que han sido denegados por tener unos ingresos superiores al tope pueden volver a pedirla”, ha detallado. El importe de la Renta también aumenta: a partir de ahora, si en la unidad familiar hay una sola persona la ayuda será de 604 euros; si hay dos personas, 896 euros; además, se percibirán 75 euros por hijo hasta un máximo de tres.

Entidades y sindicatos como la Taula del Tercer Sector, CC OO y UGT, que impulsaron la ley, consideran prioritario el despliegue del reglamento para llegar al máximo posible del millón y medio de catalanes que viven en riesgo de pobreza. Sin él, colectivos vulnerables como las mujeres maltratadas, las personas con discapacidad o las personas sin hogar no pueden solicitar la prestación porque ya tiene otra ayuda. “La redacción del reglamento es un procedimiento complejo, pero tras hablar con las entidades empezamos a tener una propuesta”, ha explicado El Homrani. El texto no verá la luz, como mínimo, hasta finales de año.