La mala gestión y el 155 ralentizan la implantación de la renta garantizada

La Renta Garantizada de Ciudadanía fue una de las medidas estrella del último Govern, y se aprobó poco antes de que fuera cesado con la aplicación del artículo 155 de la Constitución. A pesar de la publicidad que se hizo, la aplicación de esta ayuda ha sido difícil, hasta el punto de que sindicatos y entidades consideran que la mala gestión la ha paralizado. El departamento de Trabajo defiende su gestión, mientras que Esquerra Republicana culpa al 155 de los problemas de la prestación.

La Renta Garantizada de Ciudadanía entró en funcionamiento el 15 de septiembre del año pasado, cuando empezó el plazo para solicitar la prestación. Casi cinco meses después, solo han cobrado cada mes las 26.000 personas que ya tenían la Renta Mínima de Inserción, que por un procedimiento rápido pasaron a percibir la nueva ayuda. Los nuevos solicitantes han pasado por un largo camino de burocracia y espera que solo ahora llega a su fin, aunque el plazo para la resolución de las primeras solicitudes venció el pasado 15 de febrero.

A mediados de febrero, 61.000 personas habían pedido la Renta Garantizada. De estos, el departamento de Trabajo dió respuesta al 55%: denegó 26.000 solicitudes porque no cumplían con los requisitos y resolvió 8.000 expedientes que han empezado a cobrar en la primera quincena de marzo. El cobro se hace de forma retroactiva hasta la fecha en que se solicitó la cita previa. A pesar de este efecto retroactivo, entidades y sindicatos lamentan que las familias han tenido que pasar unos meses sin la prestación, y acusan a la Generalitat de haber gestionado mal los tiempos de su aplicación.

La lenta aplicación de la ayuda tiene, según la parte implicada a la que se pregunte, un culpable u otro. El sindicato CC OO acusa a la Generalitat de “mala gestión” y de tener “paralizada” la implementación de esta ayuda. “Las personas que tienen derecho a la Renta Garantizada no pueden esperar más”, dijo en un acto de Comisiones Obreras sobre esta prestación Toni Mora, secretario de Política Territorial, Acción Social y Migraciones. Según el sindicato, la gestión de la Generalitat ha dejado en una situación de “indefensión” a los solicitantes: no se les ha notificado si se aprobaba su solicitud y, en caso de denegarla, no se ha presentado ningún motivo, aseguran en CC OO. El sindicato también acusa a la Generalitat de no haber contratado al personal suficiente y de no haberlo formado bien. “El funcionario tramita, no tiene acceso al expediente y no puede hacer el acompañamiento necesario”, lamentó Carme Martínez, coordinadora de Acción social de CC OO.

El departamento de Trabajo rechaza estas acusaciones. “Es falso: se comunica la resolución y el fundamento legal tanto de la aprobación como de la denegación”. La Generalitat responsabiliza al 155 de la falta de reglamento para desarrollar la ley de la Renta Garantizada, y partidos como Esquerra Republicana han usado la lentitud de la implementación de esta ayuda como arma política para cargar contra el 155. Diosdado Toledano, uno de los impulsores de la Iniciativa Legislativa Popular que consiguió la aprobación de la ley, rechaza que el 155 sea el culpable. “No ha afectado en el abono de las ayudas, aunque seguramente sí en la estructura administrativa”, admite.