Entidades y partidos alertan del fracaso de la renta garantizada

Los grupos parlamentarios de PSC y Catalunya en Comú sostienen que se está haciendo una interpretación muy restrictiva de la ley

Una concentración para pedir la Renta Garantizada de Ciudadanía.
Una concentración para pedir la Renta Garantizada de Ciudadanía.Carles Ribas

La aplicación de la Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC), la medida social impulsada por una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) y que el Govern lanzó el verano pasado, ha estado desde su inicio envuelta en polémica. El secretario general de Trabajo, Josep Ginesta, reveló el miércoles que solo 1.000 de los 31.000 expedientes tramitados han sido aprobados. Entidades y partidos políticos lo consideran insuficiente y acusan a la Generalitat de haber llevado esta nueva ayuda al fracaso.

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En siete meses de funcionamiento de la RGC, y pese a múltiples peticiones de los actores sociales, el Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familia había declinado especificar cuántos solicitantes estaban cobrando la nueva prestación. El pasado miércoles, Ginesta detalló que, desde el 15 de septiembre de 2017, se tramitaron 31.000 expedientes. De ellos, se han resuelto 19.000: han sido aprobadas un millar de ayudas, y se han rechazado 15.000. Esto significa que el 70% de los expedientes han sido denegados. Quedan 12.000 pendientes de valorar.

Ante esta cifra, el malestar y la indignación por parte de las entidades y partidos políticos que promovieron la ILP es generalizado. “Es absolutamente insuficiente, y este es el resultado de que la ayuda nació con problemas desde el principio: de formación de los profesionales, incidentes informáticos, de transparencia...”, asegura Raül Moreno, diputado en el Parlament por el PSC. El socialista asegura que, en el proceso de tramitación de solicitudes, se está haciendo una interpretación muy restrictiva de la normativa, y duda de la validez de algunas de las razones por las que se deniegan. Coincide con él Marta Ribas, de Catalunya en Comú: “Es alarmantemente alto el número de negativas. Nos da la impresión de que hacen una lectura restrictiva para adecuar la ley a las partidas presupuestarias de las que disponen, cuando esto es un derecho subjetivo”. Ambas formaciones presentarán sendas resoluciones para exigir transparencia.

Uno de los promotores de la prestación, el activista Diosdado Toledano, va más allá y acusa a la Generalitat de “boicotear desde dentro” la aplicación de la ley. “Los 12.000 expedientes pendientes de valorar deberían aprobarse por silencio administrativo”, asegura. Toledano afirma además que la Administración “abusa e incumple la ley de manera deliberada y continuada” con las denegaciones de solicitudes sin motivo concreto.

En Entidades de Acción Social (ECAS), no obstante, se muestran más prudentes: “Estas cifras hay que analizarlas, segmentarlas por territorios... Hay muchas casuísticas. Hay cosas mejorables, como las dificultades de implementación, pero queremos conducir el proceso. Hay que acompañar la denuncia con la propuesta”, apunta su presidenta, Sonia Fuertes.

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La Generalitat, por su parte, asegura que están cumpliendo los plazos estipulados y rechazan que falte planificación en el proceso. Asegura que la mayoría de las negativas se deben a que los solicitantes no cumplen el umbral de ingresos y atribuye los incidentes en la aplicación a la falta de Gobierno, que ha impedido, según su explicación, el despliegue del reglamento que acompaña la ley y la puesta en marcha de la comisión de seguimiento para fiscalizar y pulir el proceso.

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