Puigdemont sube el gasto social pero no logra revertir los recortes de Mas

El vicepresidente del Gobierno, Oriol Junqueras, proclamó ayer de nuevo que los Presupuestos para el año que viene son los que tienen “el porcentaje de gasto social más alto de la historia”. En total, se destinarán 1.170 millones de euros más que en 2015 a esas partidas, de modo que el gasto en áreas del Estado del bienestar representará el 74,7% del total. Sin embargo, los Presupuestos no revierten por completo los recortes que Artur Mas puso en marcha en 2011. El gasto en sanidad, educación, servicios sociales y vivienda, que suma 19.129,1 millones de euros, es todavía un 11,7% inferior al que había en 2010. Las cuentas, que el Gobierno prevé aprobar en febrero, contemplan por primera vez una rebaja de la deuda pública respecto al PIB.

Como ya hizo en el proyecto de Presupuestos de 2016, que el Parlament devolvió el pasado verano al Ejecutivo catalán tras el portazo de la CUP, Junqueras destacó ayer que la “prioridad” es la recuperación del gasto social. Si el gasto de las consejerías se incrementa en 1.521 millones de euros, el grueso se ese aumento (1.169 millones) se concentra en salud (408,4 millones), enseñanza (338,6 millones), trabajo y bienestar (193,8 millones) y vivienda (29 millones). En total, el gasto social supondrá el 74,7% de todo el Presupuesto, lo cual supone 2,9 puntos más que en las últimas cuentas, según Junqueras.

Sin embargo, los Presupuestos todavía no recuperan el nivel de gasto en servicios del Estado del bienestar de 2010, el año antes de que empezara el tijeretazo del gobierno de Artur Mas. Ese año las principales políticas sociales de la Generalitat alcanzaron los 19.129,1 millones de euros, según los Presupuestos de ese ejercicio, frente a los 16.883 millones de este año. El recorte aún se nota en todas las políticas: salud (-10,5%), educación (-9,9%), protección y promoción social (-11,7%) y vivienda y urbanismo (-44%).

Para cubrir ese aumento de gasto, el Ejecutivo catalán se vale de tres patas: la primera, el importe que recibirá el año que viene de la liquidación del Presupuesto de 2015, que asciende a 1.616,2 millones de euros; un aumento de 749 millones de euros en los anticipos por los ingresos del modelo de financiación y, por último, 109,8 millones de la batería de nuevos tributos que Junts pel Sí ha pactado con la CUP, entre los cuales hay el impuesto sobre bebidas azucaradas, tributos medioambientales o bien la extensión del cobro de la tasa turística a todos los cruceristas y apartamentos turísticos.

Déficit del 0,5% del PIB

El Ejecutivo catalán considera que esos ingresos les dan margen para cerrar el año que viene con un déficit del 0,5% del Producto Interior Bruto (PIB), lo cual equivale a 1.095,2 millones de euros. La Administración catalana prevé, además, que por primera vez en una década la deuda autonómica baje en relación al PIB, en concreto, del 35,8% al 35,4%. Lo hará sobre todo por el crecimiento esperado de la economía catalana, del 2,7%. Los intereses, que en plena crisis se convirtieron en una de las partidas que se comía más recursos públicos, siguen reduciéndose, en concreto, el 56% respecto a 2015.

Las cuentas remitidas a la Cámara prevén un aumento de 6.923 funcionarios en el sector público autonómico, para lo que está previsto convocar una oferta pública de empleo el próximo año. La mayor parte de las nuevas plazas serán para profesores no universitarios, cuyo cuerpo aumentará en 3.599 plazas (un 5,2%). El ámbito sanitario tendrá 1.637 plazas de funcionarios, la Agencia Tributaria de Cataluña ganará 459 y los Mossos d'Esquadra, 276 más. En el conjunto del sector público de la Generalitat, la remuneración de personal crecerá un 8% respecto a 2015.