Comienza el macrojuicio por la adjudicación de la mina de Aznalcóllar, diez años después de su concesión

Una década después de la adjudicación del concurso para la reapertura de la mina de Aznalcóllar, este lunes ha comenzado en la Audiencia de Sevilla el macrojuicio por las supuestas irregularidades en esa adjudicación, que fue a parar a la agrupación empresarial Minorbis-Grupo México. En el procedimiento están acusadas 16 personas, entre ellas el ex altos cargos de la Junta, todos los funcionarios y técnicos que intervinieron en la mesa de contratación y los responsables de la empresa andaluza Magtel, que tenía participaciones en el conglomerado adjudicatario, a quienes se les imputan presuntos delitos de tráfico de influencias, prevaricación, malversación y fraude.

Como todo lo que rodea a este yacimiento sevillano este procedimiento está plagado de recursos y giros inusuales y rocambolescos en el procedimiento, como la petición de la Fiscalía, hasta en siete ocasiones, de que se archivara la causa por no apreciar indicios de delito y o el sobreseimiento provisional, por dos veces, de la jueza instructora, que fue reabierto por la magistrada Mercedes Alaya, la instructora del caso de los ERE. La acusación particular está ejercida por Emerita Resources, la empresa que perdió el concurso; Ecologistas en Acción, que, además de los delitos imputados solicita la adopción de medidas cautelares para la suspensión del procedimiento administrativo para la autorización final de la explotación del complejo minero por parte de Minera Los Frailes —la sociedad instrumental de Minorbis-Grupo México—, y que la Junta de Andalucía está a punto de conceder. Por su parte, Andalucía Mining, que también ejerce la acusación particular, solicita que se declare a este grupo y a la administración andaluza responsables civiles subsidiarios, cifrando los daños y perjuicios en casi 7,2 millones de euros.

Este lunes ha sido el turno de las defensas en una sesión inaugural que junto con la de mañana martes se dedicará a las cuestiones preliminares. Esta mañana los distintos abogados, tanto de los ex altos cargos como de los técnicos imputados, como los de la Junta, y las empresas mineras que se encuentran en calidad de responsables civiles subsidiarias han hecho hincapié en la falta de solvencia técnica de Emerita para desarrollar la explotación, en el caso de que prosperara su demanda, y se han apoyado en la falta de indicios delictivos que distintas instituciones han ido confirmando en estos años. “Se trata de cuestiones técnicas, pero estamos persuadidos de que las acusaciones no van a prosperar”, explica uno de los letrados de las defensas, que pide anonimato y que llama la atención sobre las siete ocasiones en las que en estos 10 años la Fiscalía ha pedido el archivo de la causa.

Y es que el ministerio público ha pedido la libre absolución de todos los encausados al entender que no hay indicios de delitos en ninguno de ellos, unas conclusiones que vienen avaladas por el informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil que, después de analizar miles de correos y documentos intervenidos durante la investigación, concluyó que no había pruebas de irregularidad de carácter penal o administrativo, ni de tráfico de influencias o concurso amañado. Tampoco la intervención General de la Administración del Estado apreció irregularidades, respaldando la legalidad de la adjudicación.

La jueza que instruía la causa acordó el sobreseimiento provisional el 6 de noviembre de 2015 y el 11 de marzo de 2019, pero la Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla, donde era ponente la jueza Alaya, estimó los recursos de Emerita. En noviembre de 2021, se dictó apertura de juicio oral contra los 16 investigados. Y es al proceder dela jueza Alaya al que han apelado varias de las defensas de los acusados para pedir la nulidad de sus decisiones por entender que esta se había “extralimitado” en sus funciones, yendo más allá de su función de control de la legalidad para hacer de instructora.

El martes es el turno de la Fiscalía, que volverá a pedir la absolución de los 16 encausados —entre los que se encuentra el expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi), Vicente Fernández, y la ex directora general de Minas María José Asensio, que se ha acogido a su derecho a comparecer una vez hayan declarado todos los testigos y peritos— y de las acusaciones particulares. Por parte de la empresa denunciante, su CEO, Juan Luis Pozo, ha indicado a este diario desde Canadá, su “confianza absoluta en la justicia” y ha cuestionado el actual proyecto de la compañía adjudicataria que incluye verter en el Guadalquivir los lodos que se almacenan en las cortas de la mina una vez depurados. “Es algo absolutamente inadecuado”, ha asegurado.

Suspensión de proceso para la explotación de la mina

Esos vertidos son los que están en el punto de mira de los ecologistas para quienes lo esencial en este proceso es que se obligue a la Junta a suspender la tramitación de la autorización del proyecto de explotación del complejo minero de Aznalcóllar, que está en su fase final y que la administración está tramitando de manera paralela a este juicio. Este último paso se está demorando más de allá de los plazos marcados por la propia Consejería de Industria, Energía y Minas, responsable de este trámite —último trimestre de 2024, principios de 2025—, la razón, de acuerdo con fuentes de ese departamento consultadas por este diario, es que la administración debe contestar de manera individualizada a las alegaciones que presentan los grupos ecologistas, lo que está dilatando el procedimiento.

Fue la Junta la que decidió continuar con la tramitación administrativa del proyecto, sin esperar a la resolución del juicio por la concesión de la explotación, al entender que se trataban de procedimientos “independientes y diferentes”, y evitar, así, que se retrasara un proyecto que el Gobierno de Juan Manuel Moreno considera estratégico para el desarrollo económico de una comarca, que no ha parado de perder población desde el desastre natural de 1998. La administración andaluza, también consideró los perjuicios que una dilatación ocasionaría a la adjudicataria que en este tiempo ha asumido una inversión de 50 millones de euros.

Los ecologistas se han opuesto desde el primer momento a la reapertura de la explotación del yacimiento, que en 1998 provocó un desastre natural cuando se rompió la balsa de residuos de la mina derramando siete millones de toneladas de residuos tóxicos al río Guadiamar. Los conservacionistas alertan de que, aunque el nuevo proyecto prevé la depuración de las aguas almacenadas en la corta de Aznalcóllar, lo que se vierta al Guadalquivir dejará metales pesados en el estuario que afectarán a la flora, fauna y cultivos de la zona y reclaman, además, un plan de emergencia exterior, obligado para modelizar y preparar la respuesta ante posibles accidentes o catástrofes, que la Junta preveía en un primer momento, pero que ha descartado.

Los actuales propietarios de la mina y la Junta de Andalucía insisten en desvincular el proyecto actual del anterior, asegurando que esta explotación es subterránea, que goza de todas las garantías de seguridad y medioambientales. Una vez que se dé vía libre al proyecto de explotación, comenzaría la fase de preapertura de la mina de tres años de duración, que contempla la construcción de una depuradora y de un túnel para transportar el agua, además de las galerías subterráneas del complejo, para seguir con el vaciado del agua almacenada en la corta Los Frailes, donde se ubicará la mina, y la extracción de parte de la de la vecina corta de Aznalcóllar, que es la que cuenta con mayores residuos contaminantes. A partir de aquí, a finales de 2027 o principios de 2028, comenzaría la actividad minera como tal durante los siguientes 17 años para la extracción de cobre, zinc y plomo, especialmente.