La mina de Aznalcóllar reabre heridas sin cerrar tras la catástrofe ecológica

El recuerdo de la catástrofe ecológica de Aznalcóllar (Sevilla) a las puertas de Doñana está fresco y aún escuece, a pesar de los 26 años transcurridos. Por eso la próxima reapertura de la mina es espinosa y reabre heridas nunca cerradas del todo. En 1998 los ecologistas alertaron a las autoridades del riesgo meses antes de que la balsa de la mina se rompiera vertiendo seis millones de metros cúbicos de lodos al río Guadiamar, y su aviso ―y el de un ingeniero de la propia mina― cayó en saco roto. Tras sufrir el peor accidente ecológico español tras el Prestige, ahora los conservacionistas vuelven a advertir de los riesgos de seguridad ambiental y creen que la Junta (PP) comete una temeridad al ignorarles.

La empresa que explotará el yacimiento de zinc, Minera los Frailes, defiende que la seguridad será máxima al ser un proyecto subterráneo y almacenar los lodos con metales pesados en una corta excavada en la tierra en forma de cráter colosal, sin muros que puedan colapsar como pasó en 1998. La segunda espina de la reapertura es casi más afilada, ya que el proyecto prevé un vertido de aguas al Guadalquivir: mientras los conservacionistas y expertos de la Universidad de Sevilla alertan de que esa agua llevará metales pesados al estuario del río, los directivos de la empresa aseguran que la depuradora prevista dejará el agua con niveles mínimos de estos metales y no causará daño ecológico alguno.

La fecha del arranque de la explotación se acerca y el permiso minero de la Junta es el último fleco administrativo pendiente antes de que eche a andar, previsiblemente a comienzos de 2025. A partir de ahí, se cerrarán las condiciones exigidas a la compañía explotadora por parte del Ejecutivo autonómico, a no ser que la justicia diga lo contrario y apoye a los ecologistas.

El pasado jueves lluvioso era evidente el contraste de color entre las dos impresionantes cortas de la mina, la de Aznalcóllar y los Frailes, de 1.400 por 700 metros y de 900 por 650 metros respectivamente, y ambas con unos 160 de profundidad: la primera oscura, rectangular y muy contaminada, la otra más redondeada y celeste, con menos metales pesados en suspensión. Cuando comiencen las extracciones, Aznalcóllar se seguirá llenando de lodos tóxicos espesados y Los Frailes estará vacía porque las galerías subterráneas se iniciarán desde el fondo de la corta.

“Me parece un sinsentido y una irresponsabilidad que en la reapertura vaya a existir una instalación de residuos mineros que no la traten como tal, con su plan de emergencia exterior aparejado. Nos parece obligado, con el pasado que tiene Aznalcóllar, que la Junta le dé la categoría más elevada en la legislación minera”, critica Isidoro Albarreal, responsable de minería para Ecologistas en Acción.

La Junta ha considerado este año que la corta de Aznalcóllar, donde se almacenarán los lodos tóxicos extraídos del subsuelo durante 17 años a partir de 2028 previsiblemente, no sea considerada una instalación de residuos mineros de categoría A. El problema es que el Gobierno andaluz en el pasado sí estimó que esta corta tenía la categoría de instalación cuando se llenó de lodos tras la catástrofe, un cambio de criterio inexplicable para los ecologistas.

En 1999 la Junta hizo una declaración de impacto ambiental para dotar a la corta de la consideración de instalación de residuos mineros [la categoría A no existía entonces] con el aval de la comunidad científica para poder acumular allí los seis millones de lodos tóxicos que corrieron río abajo en el Guadiamar y que se frenaron justo antes de Doñana. “Ahora, sin embargo, se retira esa consideración y solo será un hueco minero rellenado con fines de restauración. Es decir, supone un grave retroceso respecto a la declaración ambiental de 1999″, censura Albarreal, que plantea el posible desbordamiento por lluvias torrenciales o un terremoto como peligros latentes.

Esta categoría menor para la corta implica que la mina carecerá de un plan de emergencia exterior, obligado para modelizar y preparar la respuesta ante posibles accidentes o catástrofes, y que la Junta revisa, aprueba y publica tras un periodo de alegaciones públicas para su mejora, lo que hace para las otras grandes explotaciones mineras de la región.

Para Minera los Frailes ―de la que Grupo México cuenta con el 97% y el grupo andaluz Magtel el 3%―, es irrelevante contar con un plan de emergencia exterior porque ya cuentan con uno de emergencia interior y otro de contingencias. “Hablamos de una cuestión semántica. En el fondo, es exactamente igual un plan de emergencia exterior, o uno interior y otro de contingencias. No existe el riesgo de rotura”, afirma Antonio Barranco, subdirector técnico del proyecto.

La Consejería andaluza de Industria, Energía y Minas no ha dado explicaciones y se ha limitado a recalcar que la ley permite que los lodos espesados no utilizados como relleno de las galerías subterráneas se depositen en una corta, lo cual hace que no sea considerada una instalación de residuos de categoría A. La multinacional subraya que el nivel de agua de las cortas nunca rebosará el hueco por las prevenciones adoptadas.

La firma añade que tan pronto como obtengan la luz verde definitiva desde la Junta, depositarán una garantía financiera para cubrir los posibles accidentes medioambientales de 66 millones. 43 de ellos para la responsabilidad ambiental y 23 para la restauración prevista del espacio a las puertas de Aznalcóllar y que ocupa nada menos que 950 hectáreas. En este paisaje minero sobresalen las dos escombreras de estériles ―la roca sacada de las cortas entre 1975 y 2001― con forma de enormes montañas donde destacan los minerales de variopintos colores. “Entendemos a los ecologistas y el accidente causó daño a la imagen del sector, pero a partir de ahí se han desarrollado prevenciones legales desde las Administraciones e implementadas por las empresas mineras”, opina Barranco.

La anterior explotadora del yacimiento, la sueca Boliden, ha eludido el pago de la restauración medioambiental del vertido de 1998 tras ganar el año pasado el juicio para no abonar los 89 millones que costó, a pesar de sus enormes beneficios.

Al margen del riesgo, elevado o menor, que represente la contención de los lodos tóxicos en la corta ya contaminada, el asunto que ha soliviantado a todos los colectivos ecologistas sevillanos es el bombeo de las aguas a través de una tubería de 30 kilómetros que morirá en el río Guadalquivir justo a la altura de la capital andaluza. La pasada primavera convocaron una concentración, este otoño han organizado unas jornadas con expertos en la Universidad de Sevilla y ahora han creado la plataforma SOS Guadalquivir para rechazar el vertido previsto porque consideran que depositará metales pesados en el estuario.

Los conservacionistas alertan de que los vertidos durante 17 años perjudicarán a largo plazo a la agricultura, especialmente al arroz, del que Sevilla es la principal productora del país. El catedrático de Ecología de la Universidad de Sevilla Jesús Castillo ha elaborado dos estudios en los que concluye que las zonas de especial conservación (ZEC) y de la red Natura 2000 del río se verían afectadas. “Los estudios de impacto ambiental realizados por las minas, así como los informes de las administraciones públicas competentes, no han analizado con la profundidad requerida los posibles impactos de los vertidos en los hábitats de interés comunitario y sus especies claves”, concluye el experto.

Mientras que los ecologistas tildan de aguas tóxicas el vertido previsto de 450 litros segundo de media los dos primeros años y 90 los siguientes, la compañía minera considera que el riesgo de contaminación es cero porque la depuradora reducirá a niveles bajísimos los metales pesados, de 8,5 partes por billón en el caso del cadmio. Ahora mismo la corta de Aznalcóllar tiene 1.900 partes por billón (ppb) y el límite para el agua potable de este metal es de cinco partes por billón. “No te podrás beber el agua por el sulfato. La calidad del estuario después de la mezcla no podrá superar las 0,15 ppb de cadmio”, asegura Enrique Olivas, gerente de geología de Minera Los Frailes.

Por si la controversia medioambiental fuera poca, la próxima primavera se le unirá la rama jurídica ya que se celebrará el juicio por el concurso minero de la Junta que en 2015 adjudicó la concesión a Minera Los Frailes. Será una vista oral inusual, porque los 16 ex altos cargos del Ejecutivo se sentarán en el banquillo acusados de tráfico de influencias, prevaricación, malversación, fraude, negociación ilegal y prevaricación ambiental. Pero la instrucción salió adelante solo por el empeño de la juez Mercedes Alaya, ya que la Fiscalía no acusó y en el juicio de la Audiencia de Sevilla solo lo hará la empresa que perdió el concurso, Emerita, como acusación particular. El proceso contencioso-administrativo está suspendido por el penal, y solo en caso de condena podría anularse la concesión del concurso público.

Ante la polémica suscitada que parece que irá en aumento por las movilizaciones ecologistas anunciadas, está por ver si la Junta mueve ficha y convoca a todos los expertos y científicos implicados a una mesa con luz y taquígrafos para llegar a un acuerdo y clarificar todos los aspectos de esta disputada reapertura de la mina.