Los ecologistas se movilizan contra de la apertura de la nueva mina de Aznalcóllar

Pensar en Aznalcóllar remite ineludiblemente al desastre ecológico sin precedentes que supuso la rotura de la balsa de residuos de la mina ubicada en ese municipio sevillano hace hoy mismo 26 años, que derramó siete millones de toneladas de residuos tóxicos al río Guadiamar, llegando hasta las puertas de la reserva natural de Doñana. Un cuarto de siglo después, el yacimiento está muy cerca de reabrirse, después de que el nuevo proyecto de explotación, en manos de la entidad minera Los Frailes, cuente ya con el preceptivo dictamen ambiental favorable que le concedió la Junta de Andalucía en octubre de 2023. Los grupos ecologistas y asociaciones ciudadanas, sin embargo, han iniciado una ofensiva para evitar que el proceso de apertura concluya con éxito por entender que, de acuerdo con estudios científicos, los vertidos autorizados contaminarán de manera irreversible el estuario del Guadalquivir. El lunes presentaron una batería de alegaciones al proyecto de explotación y este jueves han leído un manifiesto con el que pretenden involucrar a los ciudadanos y a los sectores agrícola y pesquero, que se verían afectados.

“Exigimos a la Junta de Andalucía que no otorgue la Autorización Ambiental Unificada a este proyecto que envenenará el río”, señaló el pasado lunes durante la presentación de las alegaciones Luis Reina, de Greenpeace, la organización que las firma junto con Ecologistas en Acción. “Deberíamos haber aprendido. No se puede jugar a la ruleta rusa”, ha advertido antes de la lectura del manifiesto, al que se han adherido medio centenar de organizaciones sociales, Isidoro Albarreal, de Ecologistas en Acción .

El proyecto de reapertura de la mina de Aznalcóllar será explotado por la minera Los Frailes, una alianza empresarial formada entre Grupo México y Minorbis, y cuenta con una inversión de 316 millones de euros que generará de manera directa o indirecta 2.000 empleos —en una zona tocada económicamente tras el desastre medioambiental de 1998—. La iniciativa prevé la extracción de 45 millones de toneladas de cobre, zinc y plomo durante 17 años, tras los 18 primeros meses en los que se realizarán trabajos de adaptación y reacondicionamiento de la corta, que acoge los residuos procedentes de las labores de limpieza de la rotura de la mina.

Una de las principales advertencias de los grupos ecologistas que se recogen en las alegaciones presentadas es que, entre la primera fase del proyecto y los 17 años de explotación, se verterán un total de 85.520 millones de litros con alto contenido en arsénico, cadmio, cobre, cromo, mercurio, níquel, plomo, selenio y cinc. Durante los primeros 18 meses el estuario recibiría 15 hectómetros cúbicos de la corta de Los Frailes y 2,52 hm3 de la corta de Aznalcóllar, a través de una tubería de 30 kilómetros procedente de la planta de tratamiento de aguas de la mina. En la segunda fase, el vertido será de cuatro hectómetros cúbicos a lo largo de esos 17 años. Unas cantidades, que, como denuncian en su escrito, han sido modificadas por la empresa minera respecto del proyecto inicial, que fue el que se sometió a información pública, a través de una separata de 2023 que amplía el vertido de 2,6 hectómetros a 4.

“Estos valores modifican sustancialmente las condiciones del vertido y nunca han estado en información pública”, se resalta en las alegaciones, donde se asegura que las modificaciones sustanciales se han tratado de ocultar en el articulado del dictamen ambiental. “No se cita el incremento del volumen del vertido, ni el cambio de alternativa ni las modificaciones de los límites de emisión vertido”, puntualizan los ecologistas para reclamar un nuevo trámite de información pública que incluya una nueva adenda del Estudio de Impacto Ambiental y una nueva Adenda de la Evaluación de Repercusiones sobre la Red Natura 2000, que entienden que también se vulnera.

”El vertido tóxico envenenará todo el estuario del Guadalquivir hasta su desembocadura en Sanlúcar de Barrameda, a las puertas del Parque de Doñana, sin UE hasta la fecha haya informado el Consejo de Participación, ni se hayan pronunciado desde la Estación Biológica”, se ha leído en el acto del manifiesto, en el que se ha desplegado una pancarta con el lema, No a los vertidos en el Guadalquivir, en el puente de Triana, sobre el río.

“La empresa también ha incluido unos nuevos parámetros en los medidores de la tubería para alterar los parámetros de medición para el control de los niveles de metales pesados, de manera que técnicamente parecerá que cumple la normativa, pero va a estar vertiendo más de los que la iniciativa completa”, advierte además Luis Berraquero, coordinador de Greenpeace, sobre otras de las consideraciones técnicas que se incluyen en las alegaciones.

Estos miles de millones de vertidos se sumarían a los que ya están autorizados para el nuevo proyecto minero de Las Cruces en La Algaba (Sevilla) —tiene el visto bueno para un total de 2.340 millones de litros durante 14 años―, acumulándose a los residuos de metales pesados que ya se encuentran en las aguas del estuario del Guadalquivir provenientes de la anterior explotación de Las Cruces, entre 2009 y 2021, de acuerdo con la revisión bibliográfica sobre los tres proyectos que está realizando Jesús Castillo, catedrático de Ecología en la Universidad de Sevilla. “Ninguna de las autorizaciones tienen en cuenta realmente la hidrodinámica del estuario del Guadalquivir ni la fisicoquímica de sus aguas. Las autorizaciones se apoyan en que las emisiones netas de metales por litro son relativamente bajas, pero al final las cantidades que se vierten son muy altas y ellos asumen que se dispersan en el estuario y desaparecen en la desembocadura por Sanlúcar de Barrameda”, explica Castillo.

Pero el estuario no funciona así, advierte Castillo. “La residencia del agua es de más de 10 días y muchos de los contaminantes, como se ha comprobado en los estudios que analizan los vertidos de Las Cruces [entre 2009 y 2021], pueden precipitarse en los sedimentos que se consolidan en el fondo”, advierte. Un poso que en el caso de la futura mina de Aznalcóllar se quedaría en las aguas del estuario interior, que impide que se mezclen fácilmente con las del exterior, con lo que esa residencia de los residuos se ampliaría a los 100 días, según los estudios de Castillo. “Eso no se ha tenido en cuenta, y si no se ha tenido en cuenta, por el principio de prudencia, no debería autorizarse ningún proyecto hasta no conocer bien las consecuencias de la acción”, recalca.

De estas aguas se nutren las explotaciones agrícolas de la zona, especialmente las de arroz —Sevilla es la principal productora de arroz de España― y también son clave para la reproducción de boquerones, gamba blanca y otras especies de alto valor pesquero. “Los vertidos pueden poner en jaque al sector arrocero y a la pesca, por eso no entendemos que se haya concedido la autorización por parte de la Consejería de Agricultura, que se supone que vela por sus intereses”, subraya Berraquero, que señala que desde las organizaciones se están poniendo en contacto con agricultores o la Cofradía de Sanlúcar para informarles de estos riesgos.

También están contactando con muchos de los Ayuntamientos de los municipios que se verían afectados por los vertidos y que, como se subraya en varias de las alegaciones presentadas, no han cumplido con la obligación de publicar en el tablón de edictos o en sus páginas web la evaluación del impacto ambiental, como exige la legislación. Es el caso de Aznalcóllar, Olivares, Sanlúcar la Mayor, Santiponce, Salteras, Valencina de la Concepción, todos en la provincia de Sevilla, y donde se va a desarrollar el proyecto objeto del dictamen ambiental favorable. “Hemos contactado con los ayuntamientos de municipios del Bajo Guadalquivir cuyas pequeñas explotaciones podrían verse afectadas”, añade Berraquero.

“No se verterán metales tóxicos”

El proyecto cuenta con el respaldo del Gobierno andaluz y del consistorio de Aznalcóllar, gobernado por IU, y cuyo alcalde ve en la reapertura de la mina el rescate económico para un municipio que aún no ha levantado cabeza desde el desastre de 1998 . Ambos defienden el proceso y las garantías medioambientales. “Los parámetros de vertidos están dentro del marco exigido”, aseguró este miércoles el consejero de Industria, Energía y Minas de la Junta, Jorge Paradelas, de cuyo departamento depende ahora la siguiente autorización. “El agua estará tratada, no es cierto que se vayan a verter aguas contaminadas con metales tóxicos”, abundó, tras recalcar que la nueva explotación es subterránea y no tiene que ver con la de cielo abierto que provocó la catástrofe medioambiental hace 26 años.

El proyecto contempla que más del 80% de las aguas residuales serán reutilizadas en procesos de extracción y que el 20% restante será tratado a través de una depuradora de última generación. Esta planta de tratamientos de aguas también se incluye dentro de las alegaciones presentadas por los grupos ecologistas. En ellas se indica que “no se ha incluido adecuadamente en el Estudio de Impacto Ambiental y las adendas evaluadas” y que se “ha omitido la inclusión del estudio de la vulnerabilidad ante el cambio climático, el riesgo de accidentes graves o catástrofes”. “No pongo en duda los sistemas de depuración, pero se ha comprobado científicamente que el estuario está contaminado con concentraciones de metales de efecto tóxico perfectamente compatibles con lo que ha vertido la mina de cobre Las Cruces y que lo sedimentos tienen efectos ecotóxicos en la biodiversidad”, advierte Castillo.

Con la lectura del manifiesto que pone punto final a una semana de movilizaciones contra la autorización de los vertidos, coincidiendo con el aniversario de la catástrofe de Aznalcóllar, los grupos ecologistas pretenden sumar a una ciudadanía que perciben “sorprendentemente aletargada” para, junto con el aval de los informes científicos, evitar esa reapertura. “Primero esperaremos a las alegaciones, luego si sale adelante, recurriremos, y después valoraremos otras instancias”, señala Berraquer.

Quedan aún pasos hasta la aprobación definitiva, entre ellos el visto bueno del Gobierno central. Pero hay otros escollos legales, porque la adjudicación del proyecto a Los Frailes ha sido recurrida en los tribunales por un grupo competidor y la titularidad se resolverá en 2025. “Estamos en un momento crucial porque las autorizaciones no están firmadas. Estas movilizaciones sirven. Tenemos que salvar este río”, ha jaleado Albarreal esta jueves junto al Guadalquivir.

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