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La maldición de Aznalcóllar

La reapertura de la mina, cerrada desde el desastre de 1998, se enmaraña tras la investigación judicial sobre su adjudicación, que lastra las expectativas de una comarca

Vista de la balsa de la mina de Aznalcóllar, Sevilla. Ampliar foto
Vista de la balsa de la mina de Aznalcóllar, Sevilla.

Una docena de mesas pueblan el salón de juegos del centro de jubilados de Aznalcóllar (Sevilla). Son las 16.15 y fuera el calor se hace notar. Solo hay una ocupada y la partida de cartas está a punto de comenzar. "La mina es la vida del pueblo", asegura mientras baraja Manuel Pérez. "No seas tan exagerado, es media vida", le discute Tomás Losada. Ninguno tiene intención de ceder. "Ha sido nuestra alegría", tercia José Fernández. De los cuatro jugadores, tres fueron mineros. "¿Sabes cuántos vagones llenaba para llevarme 200 pesetas? 14 toneladas. Tonelada por vagón", se responde Antonio García. Escenas como esta reflejan la tradición minera de esta localidad, situada a unos 40 kilómetros de la capital y que, desde hace casi un par de años, vuelve a mirar hacia este yacimiento. La Junta de Andalucía anunció en julio de 2013 su intención de reabrir la mina a través de un concurso internacional. Hoy, su adjudicación está bajo la lupa judicial. 

La mina de Aznalcóllar fue protagonista en 1998 del mayor desastre medioambiental en España. La rotura de la balsa de lodos tóxicos de la empresa sueca Boliden contaminó gravemente el entorno del Parque Natural de Doñana. Con el anuncio de su reapertura, el Gobierno andaluz convertía este yacimiento en símbolo de su apuesta por impulsar el sector. Pero, 17 años después, los nubarrones vuelven a cubrir esta mina de cobre, plomo y zinc. La titular del Juzgado de Instrucción 3 de Sevilla considera que el Ejecutivo autónomo adjudicó el concurso público sin “el más mínimo rigor” a Minorbis-Grupo México (integrada por la cordobesa Magtel y Grupo México). La magistrada identifica “irregularidades graves” e investiga delitos de cohecho, prevaricación y tráfico de influencias en la licitación, todo ello a raíz de la denuncia presentada por Emerita Resources, la segunda empresa finalista del concurso. La Junta ha defendido en todo momento la "legalidad y transparencia" del proceso y ha decidido paralizar la concesión hasta que la magistrada se pronuncie.

Vertido de la empresa minera sueca Boliden, en Aznalcóllar (Sevilla). ampliar foto
Vertido de la empresa minera sueca Boliden, en Aznalcóllar (Sevilla).

"Lo que más llama la atención es que la empresa perdedora haya acudido directamente a la vía penal, en lugar de someterse al arbitraje que contemplaba el pliego del concurso o de ir por lo contencioso-administrativo", cuestiona un abogado experto en el sector. "Consideramos que lo que ha ocurrido no es materia de arbitraje. Y, en todo caso, para nosotros este no supondría una garantía", defiende el letrado de Emerita, Ramón Escudero. En su denuncia, la empresa canadiense asegura que la resolución del concurso —que la Administración hizo pública el 20 de febrero en un acto retransmitido por Internet— ha sido “irregular” y achaca a la Administración autónoma “una actitud arbitraria y patentemente prevaricadora”. Tanto los servicios jurídicos como la Intervención General de la Junta aseguran que su resolución "se ajusta a derecho"

"El pueblo es otro desde el cierre de la mina. Es triste, sin diversión para los jóvenes, está muerto", asegura el alcalde de Aznalcóllar en funciones, Agapito Ramírez (IU). Con más de 6.200 habitantes y una tasa de paro que ronda el 32%, la economía de la localidad se basa en la agricultura y en un polígono de actividad medioambiental. "Se abrió tras el cierre de la mina, pero no se ha cumplido la expectativa de que absorbiera el empleo", afirma el regidor, quien trabajó como minero durante más de 20 años. "Nuestra esperanza es que se reabriera la mina, que creara empleo y auxiliara a las empresas locales. Ahora todo este lío judicial nos ha cortado esa ilusión", agrega Ramírez. Se prevé que la mina creará unos 500 empleos. “Sería la salvación del pueblo”, mantiene todo aquel al que se le pregunta.

Monumento en recuerdo de los mineros, en Aznalcóllar. ampliar foto
Monumento en recuerdo de los mineros, en Aznalcóllar.

Para su resurrección, Aznalcóllar no solo ha tenido que despojarse del fantasma de la catástrofe, sino también que hacer frente a los recelos de los ecologistas y a un enfrentamiento entre el Gobierno central y la Junta que, finalmente, fue solventado. Ahora, le queda el escollo judicial. Entre otros aspectos, Emerita denuncia los criterios de valoración de los técnicos para que la alianza Minorbis-Grupo México se alzara con el concurso. Y va más allá al señalar la posible influencia ejercida sobre los 13 funcionarios. "Aquí entra en juego la discrecionalidad técnica. La Administración debe valorar desde un punto de vista técnico cuál es la mejor oferta y esa discrecionalidad ni siquiera es juzgable por lo contencioso administrativo. En este aspecto, los jueces no pueden sustituir a la Administración", explica dicho abogado. "La juez no va a valorar el resultado sino si se presionó a los técnicos para que dieran esos puntos", apunta Escudero. Según fuentes del sector minero, el caso de Aznalcóllar está perjudicando la llegada de inversores a la comunidad y enfría las previsiones de representar en breve el 4% del PIB andaluz. 

Otro de los puntos de la investigación, según el informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la policía, es la implicación de Grupo México, que es la tercera empresa minera del mundo, en el proyecto. Los agentes cuestionan que "respalde económica, financiera y técnicamente a Minorbis" y aseguran que lo único que se acredite es "una posible alianza". "El compromiso de Grupo México ha estado desde un primer momento, pero es cierto que su implicación ha ido paso a paso. Incluso, sus visitas a la comunidad han pasado desapercibidas. Ahora sí, tras la adjudicación, ya ha depositado 93 millones. Para esta empresa, Aznalcóllar no supone un gran proyecto pero si una estrategia para mostrar su interés por Europa, por la Faja Pirítica...", explican expertos de la minería. La adjudicataria también se hace cargo ya del pago del mantenimiento de la mina, tal y como se recoge en el pliego de condiciones. Asimismo, se ha cuestionado su reputación tras su implicación, el verano pasado, en uno de los mayores desastres ambientales ocurridos en México, por el que ha pagado 115 millones en indemnizaciones.

Un embrollo más

El paso de la mina de Aznalcóllar por los juzgados no solo se debe al concurso de adjudicación del yacimiento. La empresa Qbis Resources presentó el año pasado una denuncia contra la convocatoria de este procedimiento al entender que la Junta no tiene competencias para reservarse los derechos mineros de esta zona y contra la expropiación de su solicitud de permiso de investigación, presentada en octubre de 2011. 

El primer punto ya fue objeto de enfrentamiento entre el Gobierno central y la Junta. El Ejecutivo de Mariano Rajoy llegó a presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional al entender que, con este concurso, la Junta invadía sus competencias. Tras un tira y afloja, ambas Administraciones lograron llegar a un acuerdo para sacar adelante el concurso. En su denuncia, Qbis Resources mantiene que el decreto del Gobierno andaluz para la reapertura de la mina invade competencias del Estado y que, por lo tanto, es "inconstitucional". "Aquí es donde está el verdadero meollo", explica un abogado experto en minas.

En segundo lugar, la empresa asegura que en octubre de 2011 solicitó el permiso de investigación y que, atendiendo a la Ley de Minas (que data de 1973), su petición "tiene derecho de preferencia" sobre la decisión de la Junta de convocar un concurso. Según recuerda la Junta, en el decreto para el concurso se establece el pago de indemnizaciones a aquellas empresas que hubiesen solicitado permisos de investigación. Con esta medida, "se daba cumplimiento a la decisión del Parlamento de que la mina de Aznalcóllar se adjudicara mediante concurso y no a favor de la primera empresa que lo hubiera solicitado", apuntan dichas fuentes. Qbis Resources no solo recurre esa expropiación sino también su justiprecio. 

La puesta en funcionamiento de la mina, líos judiciales aparte, es cuestión aún de entre dos y tres años, según expertos del sector. La empresa deberá tramitar toda una serie de permisos mientras avanza en el proyecto. "La adjudicataria deberá ahora investigar cuál es el valor real de la explotación. A raíz de ello, desarrollará su plan, determinará qué infraestructuras son mejores y cuáles son sus necesidades de agua... La mina no comenzará a trabajar de hoy para mañana", enumeran dichas fuentes, que cuestionan los problemas de agua de los que hace unas semanas alertaba el presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), Manuel Romero. "El presidente avisaba de que, en estos momentos, no hay recursos hídricos para el yacimiento y que conseguirlos requiere de una tramitación que puede tardar hasta un año. Mostraba su inquietud al no conocer las necesidades de agua de los proyectos y al creer que su puesta en funcionamiento era a corto plazo", apunta el comisario de Aguas de la CHG, Rafael Álvarez, quien destaca que, al tratarse de una zona sensible, las numerosas alegaciones de los ecologistas harán más lento el procedimiento. "Solución la va a haber, una u otra, pero la va a haber", tranquiliza Álvarez. 

Pese a ello, los expertos consultados coinciden en que las necesidades de agua del proyecto no son tan importantes como hace 17 años. "Las dos empresas plantearon un circuito cerrado y calculaban que necesitarían unos 700.000 metros cúbicos al año, el mismo agua que consume 120 hectáreas de arroz", explican. Precisamente, la solución que ambas empresas le daban al problema del agua es también un capítulo de la denuncia de Emerita. La compañía canadiense afirma que su competidora copió esta parte de su proyecto. 

De lo que no hay dudas es de que el recorrido del caso por los juzgados estira en el tiempo la reapertura de la mina. "Nos da igual una u otra empresa, pero que se comience ya a trabajar y a crear puestos de trabajo", pide el alcalde en funciones de Aznalcóllar. "El pueblo y la comarca necesitan un revulsivo y lo necesitan ya", afirma Manuel Pérez en el centro de jubilados. "Los vecinos no entendemos de líos judiciales, lo que nos importa es que haya trabajo", asegura Tomás Losada antes de apuntar: "Este centro se llama Los mejores años, esos que todos queremos que vuelvan a Aznalcóllar".