La Junta reabre la mina de Aznalcóllar sin resolución judicial

La Junta de Andalucía ha decidido no esperar a la resolución de la investigación judicial, abierta por el Juzgado de Instrucción número 3 de Sevilla a raíz de la denuncia del grupo minero Emérita por supuestas irregularidades en la concesión, y ha entregado al Minera Los Frailes (Grupo México y Minorbis) los terrenos para la explotación de la mina de Aznalcóllar. Esta decisión, ante la ausencia de una suspensión cautelar del proceso administrativo por parte de la juez, permitirá reabrir la mina, donde la Junta calcula que se invertirán siete millones de euros y se crearán más de 200 puestos de trabajo en la primera fase.

La suspensión de la adjudicación, ordenada por la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, el pasado mes de mayo ante el inicio de diligencias judiciales, ha sido revocada ahora por el Gobierno andaluz "por razones de interés general", en concreto, para favorecer la creación de empleo, que ascenderá a 1.000 puestos de trabajo tras los primeros trabajos.

El Juzgado ha ultimado la investigación y estaba pendiente de resolver la adjudicación de la mina en breve. Sin embargo, la Consejería de Empleo se ha adelantado y ha dado por finalizada la suspensión anunciada por Díaz. A partir de ahora, y para permitir el comienzo de los trabajos, el Gobierno inscribirá en el Registro Minero de Andalucía el permiso de investigación y la concesión de explotación de los recursos mineros incluidos en la denominada Zona Aznalcóllar.

La Dirección General de Industria, Energía y Minas ha afirmado que la decisión se ha adoptado tras la tramitación del correspondiente expediente administrativo y con el informe favorable del gabinete jurídico de la Junta de Andalucía, que ha entendido conforme a Derecho la adjudicación de la mina.

La orden de suspensión se produjo ante la existencia de indicios de supuestas irregularidades en la concesión, según recogía el informe policial, y que se fundamentaban, principalmente y según la denuncia de Emérita, a la adjudicación a un Grupo que no cumplía los requisitos establecidos en el concurso internacional.

De esta forma, el pasado mes de mayo se paralizaron las actividades previstas y se iniciaron las diligencias ordenadas por el juzgado, que llevaron a la imputación de la directora general de Minas y a su cese temporal.

De forma paralela, la Junta abrió un expediente administrativo que se ha resuelto ahora y que no ve motivos para mantener la suspensión de la adjudicación.

Pese a adelantarse a la resolución judicial, la Junta mantiene su "plena disposición a colaborar con la justicia" y se compromete a dar respuesta a la decisión del Juzgado.

La empresa denunciante, Emerita, ha restado importancia a la decisión de la Junta porque entiende que la adjudicación no se había suspendido de forma efectiva, ya que la juez rechazó esta medida. No obstante, este grupo se plantea volver a reclamar esta medida cuando salga la resolución del Juzgado.