Promesas

Se cumplen dos meses desde la publicación de los resultados de la Encuesta de Caracterización económica CASEN 2024 el 8 de enero de este año, 189 días después de que la Comisión Asesora Presidencial para la Actualización de la Medición de la Pobreza entregara una propuesta al presidente Gabriel Boric que incluía una nueva línea de pobreza por ingresos, indicadores de calidad en el trabajo y conectividad digital. A primera vista, los resultados parecen confirmar una narrativa positiva, en donde Chile habría retomado la senda histórica de disminución de la pobreza. Sin embargo, una lectura más detenida de estos datos requiere sopesar al menos tres aspectos fundamentales; en primer lugar, las transformaciones en la forma de medir la pobreza, luego, las características estructurales de la desigualdad social y por último, el desfase temporal entre la producción de datos y la realidad social que buscan describir.

Sin duda, uno de los aspectos más relevantes es la actualización de la metodología utilizada para medir la pobreza, descrito como el cambio más significativo desde la reforma introducida en 2013, que a su vez había modificado el diseño original establecido en 1987 tras más de dos décadas prácticamente sin alteraciones sustantivas. Esta nueva revisión metodológica busca adecuar la medición a las transformaciones económicas y sociales que ha experimentado el país en las últimas décadas, incorporando criterios más exigentes y acordes con los patrones contemporáneos de consumo y bienestar. Entre las principales modificaciones destacan la eliminación del denominado alquiler imputado en el cálculo de los ingresos de los hogares, la incorporación de una canasta básica de alimentos basada en criterios de alimentación saludable y la diferenciación de las líneas de pobreza entre hogares arrendatarios y no arrendatarios, con el objetivo de reflejar de manera más precisa los costos reales de vida en distintos contextos habitacionales.

Otro aspecto para destacar es la creciente importancia de las transferencias del Estado en los ingresos de los hogares más pobres. En el decil de menores ingresos, los subsidios pasaron de representar el 27% de los ingresos en 2017 a cerca del 69% en 2024, lo que evidencia un aumento significativo en la dependencia de las ayudas estatales para sostener los niveles de ingreso de estos hogares. Este cambio sugiere que la reciente reducción de la pobreza se explica, al menos en parte, por el fortalecimiento del sistema de protección social más que por mejoras sostenidas en los ingresos provenientes del trabajo, fenómeno que revela una característica relevante del modelo social chileno, que la pobreza puede disminuir incluso cuando la estructura de desigualdad se mantiene relativamente estable. En otras palabras, el país puede elevar los niveles mínimos de bienestar de la población sin alterar de manera profunda las estructuras de estratificación social que organizan la distribución del ingreso.

Más allá de los datos específicos, un aspecto problemático del proceso parece ser el retraso en la publicación de los datos, ya que la encuesta, cuyo cuestionario comenzó a elaborarse en noviembre de 2023, inició su aplicación un año después, entre noviembre de 2024 y febrero de 2025, y sus resultados se conocieron públicamente en enero de 2026. Este desfase temporal de dos años plantea varios problemas; en primer lugar, limita la capacidad de los gobiernos para diseñar políticas públicas basadas en información actualizada, ya que las condiciones económicas y sociales pueden cambiar significativamente en pocos años, especialmente en contextos de alta volatilidad. En segundo lugar, el retraso afecta la calidad del debate público, ya que las estadísticas sociales cumplen un papel fundamental en la construcción de diagnósticos sobre la situación del país, y cuando la información llega con retraso, las discusiones políticas y mediáticas tienden a basarse en estimaciones parciales o interpretaciones ideológicas más que en datos recientes.

En este contexto, la promesa de impulsar durante los primeros 18 meses del nuevo Gobierno un plan de ajuste, con el objetivo de reducir el déficit fiscal y equilibrar las cuentas públicas, mediante la eliminación de gastos considerados ineficientes, optimizar la eficiencia del gasto público e implementar otras medidas de austeridad administrativa, podría modificar la configuración actual de la pobreza, especialmente si el mercado laboral no logra compensar esa eventual disminución de ingresos mediante mejores oportunidades de empleo o mayores salarios. Desde una perspectiva sociológica, el riesgo de este tipo de promesas no se limita únicamente a un eventual aumento estadístico de la pobreza, sino también a la ampliación de la vulnerabilidad social, es decir, al crecimiento de una población que vive en condiciones económicas inestables y que son altamente sensibles a eventuales cambios en las políticas públicas. En este escenario, uno de los principales desafíos para el próximo Gobierno será compatibilizar la disciplina fiscal con la protección social. El equilibrio entre ambos objetivos resulta clave para evitar que las políticas orientadas a mejorar las cuentas públicas terminen deteriorando las condiciones de vida de los sectores más vulnerables.